Israel Mendoza Pérez | @imendozape

El exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, tiene su credibilidad en la picota. La denuncia anónima presentada en su contra lo llevó al encordado, comenzó a lanzar acusaciones y en su vorágine de defensa se asumió culpable.

El tema se desbordó al plano político. Ahora, la arena favorita de Zaldívar para señalar, acusar y juzgar sin rigor jurídico. El exministro es un personaje con un pasado torvo y de ligereza en sus convicciones.

A Arturo Zaldívar se le conoce por tener una carrera como litigante en un despacho encargado de tramitar, en años pasados, el amparo de banqueros corruptos. Es decir defensor de una caterva de neoliberales integrantes de una “minoría rapaz”, señalados así por la cuatroté.

En sus años de litigantes comenzó tejer una estructura de tráfico de influencias y de relaciones con integrantes del conservadurismo, desde las estructuras del poder financiero y jurídico. Su trabajo estuvo directamente relacionado con el Fobaproa.

En el amparo en revisión 878/2004, Zaldívar y sus socios lograron detener auditorías a los bancos para que se beneficiaran del tesoro nacional en créditos irregulares del Fobaproa. Tema por demás explotado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus años de lucha en contra del rescate bancario.

De acuerdo con el libro, La mafia nos robó la Presidencia, de Andrés Manuel López Obrador, en su opinión: “el Fobaproa mostró con claridad que la política económica que se viene aplicando desde la época de Salinas tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aun sobre el interés público”.

Ahora, Zaldívar encontró en la cuatroté el escollo para reciclarse políticamente. El presidente lo arropó y perdonó su pasado como litigante de banqueros. Aunque en el fondo las contradicciones son abismales.

Cómplices de reventar la autonomía de poderes, el presidente admitió que durante el mandato de Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le realizó «peticiones respetuosas» para que influyera en las decisiones de los jueces y evitar la liberación de criminales.

El ministro en retiro y militante rompió la independencia del Poder Judicial al ser interlocutor con el Presidente. Y la cauda de casos de corrupción hechos a través de la denuncia anónima exhiben, una serie de hechos, en la que, de comprobarse, 60 integrantes del poder judicial habrían sido presionados.

De acuerdo con el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, “la denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante”.

Con los datos expuestos, en la denuncia, el ministro en funciones alcanzaría la destitución o inhabilitación. Punto riesgoso para la cuatroté, al mantenerlo en primera línea de la toma de decisiones y de la campaña presidencial.