Atilio A. Boron

ALAI AMLATINA.- La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe de estado en Honduras es una re-edición del que se perpetrara en Abril del 2002 en Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que conciente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos del Ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la confusión y el desánimo. Como en Venezuela, ni bien encarcelaron a Hugo Chávez los golpistas instalaron un nuevo presidente: Pedro Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero.” Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de ese país, Roberto Micheletti, quien juró este domingo como mandatario provisional y sólo un milagro le impediría correr la misma suerte que su predecesor venezolano.

Lo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las estructuras tradicionales de poder cualquier tentativa de profundizar la vida democrática. Bastó que el Presidente Zelaya decidiera llamar a una consulta popular -apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos- sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos institucionales del estado se movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese modo su supuesto carácter democrático: el Congreso ordenó la destitución del presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de estado. Fue nada menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país del Presidente Zelaya, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas.

Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica. Fue secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su gobierno. Las declaraciones que logran salir de Honduras son clarísimas en ese sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, Rafael Alegría. Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha manifestado Barack Obama al decir que Zelaya «es el único presidente de Honduras que reconozco y quiero dejarlo muy claro». La OEA se expresó en los mismos términos y desde la Argentina la Presidenta Cristina Fernández declaró que «vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya, además garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos.”

La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas: desde el secuestro del Presidente, enviado en pijama a Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres embajadores de países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la residencia de la Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, para expresarle la solidaridad de sus países, pasando por el ostentoso despliegue de fuerza hecha por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la tarde impusieron el toque de queda y existe una estricta censura de prensa, pese a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad Interamericana de Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa.

No está demás recordar que las fuerzas armadas de Honduras fueron completamente reestructuradas y “re-educadas” durante los años ochentas cuando el Embajador de EEUU en Honduras era nada menos que John Negroponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del super-organismo de inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas contra el gobierno Sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país. En su momento el Senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de Estado había pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga pertenecientes a grandes narcos colombianos para que transportasen armas para los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en Honduras. Estos pilotos testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry. La propia prensa estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico de armas y de drogas entre 1981 a 1985 con el objeto de armar a los escuadrones de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas armadas son las que hoy depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo cuestión de (muy poco) tiempo.

• Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina

Sayra (Paulina Gaitan), una adolescente hondureña, se reúne con su padre para viajar con él a los Estados Unidos; a partir de Chiapas, viajan en el techo de un vagón de carga, en donde son vulnerables a la naturaleza y a la violencia. Mientras tanto, en un grupo de maras uno de sus miembros se separa y huye en un tren de carga.

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Roberto Cortez

Durante las últimas semanas la idea de anular el voto ha crecido como consecuencia de una campaña surgida de la web y que ha permeado, hasta cierto punto, en los medios de información como una “contracampaña”, alentada principalmente por los partidos políticos.

Las organizaciones partidistas son, conforme a la legislación electoral mexicana, el único camino que tienen los ciudadanos para hacer valer su representación, es decir, ceden su soberanía a un representante emanado de algua fuerza poítica para, a través de sus elegidos tomar decisiones que afectan a la comuinidad.

Para que se pueda ceder esa soberanía a un representante es necesario el desarrollo de un proceso electoral en el cual, para el caso mexicano, gana el que tiene más votos aunque sea uno.

El tema tiene varias aristas, por ejemplo el desinterés por la ciudadanía por los procesos electorales, en particular por las elecciones intermedias, donde no se juega poca cosa: la representación en la Cámara de Diputados, donde se supone se discutirán las leyes, ptra vez, representando a l sector de la población que los ha elegido.

El abstencionismo es una maniofestación del desinterés por la política. En 2006, la participación de la ciudadanía fue por ahí de 60 por ciento, lo que nos indica que 40 por ciento de los ciudadanos ni siquiera se interesaron por ir a sufragar. En 2003, fue el 60 por ciento de los electores decidieron no acudir a emitir su voto por alguna de las ofertas políticas.

Con estos datos, se puede presumir que casi la mitad de la población no está interesada en la democracia de partidos ni sienten que ceder su siberanía a un grupo de políticos sea necesariamente el mecanismo para ceder la toma de decisiones. Con ello, evidenteme, se le resta legitimidad tanto al sistema de partidos como al Instituto Federal Electoral (IFE).

El IFE es el árbitro electoral que salió bastante deslegitimado durante las elecciones de 2006 luego de que, pongamos la mitad de los electores que votaron -un 30 por ciento del electorado-, le exigieron el recuento de la elección presidencial voto por voto. Las declaraciones del entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, generaron desconfianza en el árbitro electoral.

Ante este panorama, un índice de abstencionismo superior a 60 por ciento en las elecciones del próximo 5 de julio indicaría que la desconfianza en el árbitro electoral es superior a la desconfianza en los partidos políticos. Leonardo Valdés tiene el reto de hacer de esta una elección aseada en la que los electores confíen en el árbitro y en la que tomen la decisión que ellos deseen.

El voto nulo es democrático

Recientemente, los partidos políticos se han empeñado en decir que anular la boleta electoral es un acto antidemocrático. Sin embargo, esta acción significa varias cosas: la primera es que los ciudadanos creen en la democracia electoral como mecanismo para representar sus intereses, lo que no es poca cosa. Podrían elegir el camino de las armas, la representación autónoma o innovar en ese terreno, como cierto sector de la población intentó hacer en Oaxaca o en San Salvador Atenco. Lo anterior no es bueno ni malo, simplemente es la decisión soberana de una comunidad sobre cómo elegir su forma de hacer política.

Un segundo punto de lo que significa anular el voto tiene que ver con el IFE, pues si los electores deciden ir a las urnas para anular su voto significará que tienen confianza en el árbitro electoral. Esto, a pesar de los resultados, tiene un gran valor para la democracia electoral y significaría que Valdés Zurita habrá librado su primer escollo en el cargo.

Dentro de las opciones que se nos presentan en una elección se encuentra, por ejemplo, el partido A, el partido B, el partido C, con sus respectivos candidatos. Los ciudadanos deciden si sufragan por A, B,C o por ellos mismos, o si anulan su voto. Legitimado el árbitro, el siguiente punto es saber si los partidos políticos tienen la legitimidad necesaria como para representar a los ciudadanos.

Aquí hay un asunto de detalle, el partido A, B o C, ganarán aunque sea una persona la que vote por ello. Evidentemente, será más de una persona la que elija alguna de estas opciones y será importante saber en qué porcentaje, para determinar al ganador y para saber si los electores creen en los partidos.

Históricamente, el voto nulo no ha pasado de dos o tres por ciento de las elecciones recientes, pero si en esta los niveles rebasan esos porcentajes el dato será importante: un escenario de esa naturaleza obligará a los partidos a mejorar sus ofertas, a ser más competitivos y a presentar propuestas que de verdad le interesen a los ciudadanos.

Ahora resulta que los partidos quieren minimizar una de las opciones clásicas de la democracia. No se supone que querían un régimen en el que los ciuidadanos eligieran, pues ahí lo tienen y si el riesgo es que pierdan su registro, pues para qué no presentan buenas propuestas . No tengan miedo, lo peor que puede pasar es que se anule la elección y eso sí estaría divertido.

American Visa reproduce en Mario la historia de millones de latinoamericanos cuyo sueño es escapar de su realidad. Un maestro de escuela quiere emigrar a EEUU para reunirse con su hijo que estudia en Miami y cuando le niegan la Visa, planea un atraco para hacerse con una en el mercado negro. Sin embargo, la aparición de Blanca una bailarina exótica, cambia su destino.

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CASTAÑEDA_ CARLOS – Pases Mágicos. Las Enseñanzas Prácticas de Don Juan – Participa en el foro de nagualismo.