Cuando el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solicitó a todos los países miembros que publicarán el texto de la misma y dispusieran que fuera «distribuida, expuesta, leída y comentada en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios».
Esta introducción la consideramos válida pues destaca la importancia que esta Declaración tiene en todos los ámbitos de la sociedad, y no solamente porque señala su deseo vital por vivir en paz, con todos sus derechos y obligaciones, luego de dos conflagraciones mundiales que pusieron a la humanidad al borde de su desaparición, especialmente luego de Hiroshima y Nagasaki, sino porque los derechos primigenios abarcan un amplio abanico de posibilidades, entre ellas la comunicación.
El derecho a recibir una comunicación veraz, objetiva e imparcial; a tener la oportunidad de hacer escuchar su voz, de expresarse libremente, a través de diferentes medios, son elementos propios del ser humano, al menos en sociedades democráticas o que se precien de serlo. Por ello, la misma Organización de las Naciones Unidas reconoció la importancia de la información como instrumento para el mejor conocimiento y comprensión entre los pueblos.
«Declaró la ONU que la libertad de información era la piedra angular de todas las libertades y un derecho humano fundamental». La evolución de la información, basada en un adelanto tecnológico sin precedentes, no ha variado en su concepción original. Actualmente los medios no solamente se utilizan para la libre transmisión de las ideas sino fundamentalmente para el empleo con fines educativos, de apoyo al desarrollo como salvaguarda de la identidad y cultura de los pueblos. Se consolida el derecho a mantenerse correcta y adecuadamente informados, y por ende a mejorar sus condiciones de vida.
Pero persisten rezagos de una dominación económica y cultural que pretende mantener una comunicación engañosa que conduce a un sentido lineal y único; ahí es donde fracasan los esfuerzos para que la sociedad, especialmente la minoritaria, tenga acceso a una información que consolide y fortalezca sus derechos.
La UNESCO, en su Declaración de noviembre de 1978, señala: «igualmente, los medios de comunicación deben responder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo así la participación del público en la elaboración de la información». Si bien en varios aspectos se ha cumplido esta aspiración, no es menos cierto que falta todavía mucho camino por recorrer para lograrlo a plenitud.
Esta demora puede deberse al sentido comercial de buena parte de medios de comunicación, especialmente las grandes cadenas internacionales y nacionales. Es respetable y lógico el derecho a obtener ganancias, a recuperar la inversión, pero se debe considerar también la necesidad de la sociedad de participar, de hacerse escuchar, de expresarse sin cortapisas ni censuras interesadas.
Consecuente con ello, no se cumple a cabalidad los objetivos primordiales de la comunicación: informar, educar y entretener. Una información adecuada, cierta, imparcial garantiza la seguridad a estar informado y conciente de sus derechos y obligaciones. Si los medios, especialmente los de mayor circulación y audiencia, se involucraran decididamente en apoyar los procesos educativos la situación de una buena mayoría de nuestras sociedades variaría sustancialmente. Si bien se hacen esporádicos esfuerzos por crear una cultura comunicacional propia, con identidad, ésta se diluye y pierde peso ante factores que van desde productos externos hasta influencia económica y política. La falta de educación de los pueblos, no por propia voluntad, facilita las cosas.
Juan Goytisolo señalaba: «el mensaje del liberalismo a ultranza, supremo y universal valor de nuestras elites, difundido por la televisión a centenares de millones de hogares, adormece nuestra capacidad de respuesta articulada, intelectual y política».
Aseveración muy clara pues señala peligros muy propios de ciertos mensajes que propician la pérdida de valores, de la identidad, de la cultura, de la historia; de las costumbres y tradiciones propias de los pueblos que son importantes mantenerlas. Esto no quiere decir que el absolutismo sea una constante de los medios y sus periodistas, algunos esfuerzos están concretándose para ganar la batalla a la iniquidad y colocar en la palestra a áreas importantes como la ciencia y la cultura especialmente.
Y es aquí donde se vuelve de fundamental importancia el derecho a una comunicación aplicable a las necesidades de la sociedad. Debe existir capacidad crítica, de discernimiento; conocimiento profundo de la realidad de nuestros países, de sus necesidades y problemas. Fácil es señalar teóricamente, sin el suficiente conocimiento e investigación, lo que nos aqueja y hace falta. Variada información no profundiza en los verdaderos problemas y sus soluciones. El trabajo periodístico se diluye y no concreta en realidades las aspiraciones de la gente. Es una gran falla que facilita la crítica de sectores interesados.
Si bien las nuevas tecnologías facilitan la comunicación, no es menos cierto que gran parte de la sociedad no tiene todavía acceso a ellas. Son varios los factores pero principalmente la falta de educación y lo económico. Infraestructura para el sector rural y marginal. La UNESCO lo reconoce cuando recomienda que se debe proceder a dos objetivos: lograr una mejor difusión del saber y fortalecer la igualdad de oportunidades.
No es fácil para varios países, por sus problemas políticos y económicos, priorizar sus necesidades; la multiplicidad de éstas hace difícil brindar servicios hoy indispensables como el Internet. Aunque los esfuerzos se hacen no resultan suficientes. Un alto porcentaje de la población latinoamericana por ejemplo, no goza de estos beneficios debido a su costo e implicaciones políticas. Un pueblo educado tiene la capacidad suficiente para elegir bien, para discernir adecuadamente, para optar por sus propias decisiones. Y esto no le conviene ni a las elites ni a sectores involucrados, llámense partidos políticos. «Datos a marzo del 2005, señalan un total de 888.68 millones de habitantes en el mundo con acceso a Internet, de ellos, 221.43 están en Norteamérica, 259.65 en Europa, mientras Latinoamérica tiene 56.22 de usuarios».
La afectación a sus derechos por lo tanto sigue vigente; aunque en los últimos veinte años se ha reconocido, en la mayoría de nuestros países, los derechos de las minorías, todavía persisten situaciones de marginalidad y discrimen en amplios sectores.
Claro que las crisis de todas maneras para algo han servido. «La crisis política que vivió Venezuela tuvo en papel protagónico a los medios de comunicación y a los propios periodistas. El trabajo realizado realiza una aproximación desde los parámetros del derecho a la información que, en un horizonte de mayor reflexión, se inscribe en la construcción del derecho a la comunicación».
Pero las crisis, tan comunes en América Latina, si bien han propiciado un despertar del letargo, también han desembocado en el fortalecimiento de grupos o sectores que temen perder su influencia en lo político y económico. Es que la sociedad civil, por otorgarle un nombre, no se ha consolidado, debido a intereses grupales y personales, y ello le ha restado fuerza y capacidad de participación y reclamo.
Gobernantes y gobernados, al defender sus propios espacios pierden la capacidad de consensuar y dialogar para llegar a conclusiones y logros de beneficio mutuo. Ciertos gobiernos de la región apelan a la fuerza, a la distorsión; generalizan al tratar ciertos aspectos relativos a los derechos o, simplemente con un maniqueísmo feroz, tratan de trastocar objetivos en beneficio de sus propios fines. Encuentran en la prensa, en los periodistas a los causantes de sus fracasos, a sus rivales directos; acusan irresponsablemente sin reflexionar en que solamente somos los intérpretes o intermediarios de las necesidades de los grandes sectores de la sociedad. La prensa no puede ni debe asumir responsabilidades propias del Estado o de los gobernantes de turno.
En este juego caen también los medios de comunicación y los periodistas pues al defender posiciones ceden o toman iniciativas alejadas de sus fines específicos. Se convierten en espacios de poder donde chocan con otros intereses. Existe el riesgo de perder su imparcialidad. Por ello el derecho empresarial que asiste a los dueños de medios no debe confundirse con un obsecuente servicio a intereses.
De todas maneras, el derecho a la comunicación es un bien que más allá de ciertas consideraciones, es algo real y efectivo. Las Constituciones de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, para ejemplificar, tácitamente reconocen el derecho de sus sociedades a recibir una comunicación clara y transparente.
Específicamente, la Constitución del Ecuador claramente señala: «art. 23, numeral 10: el derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión». Art. 81: «El Estado garantizará el derecho acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad…»
Nos pueden acusar de reiterativos, de insistir en algo consustancial a la vida misma; pero es necesario hacerlo porque de lo contrario las palabras se quedan en eso: en palabras. Los hechos, las concreciones se pierden o se diluyen. Ante esta perspectiva, el derecho a la comunicación tiene su complemento en:
– Derechos a la información: para opinar, expresarse
– Derechos culturales: para participar libremente en la vida cultural de la comunidad
– Derechos de protección: para que no se interfiera en la privacidad de las personas
– Derechos colectivos: para tener acceso a la comunicación pública libre de manipulación e influencias que trastoquen su pensamiento e ideas.
La pérdida o falta de ellos deriva en una sociedad incompleta, insatisfecha, propicia a resquebrajamientos y pérdida de valores.
Como en toda sociedad racional, libre y democrática existen límites propios a su condición humana: la ética y la moral; y los otros que se rigen de acuerdo a la normativa legal vigente. Observarlos y cumplirlos es el objetivo para alcanzar la plenitud de los derechos y una convivencia ajustada a la libertad y la justicia. Al menos esa es la aspiración.
*Periodista y Magister en Seguridad y Desarrollo. Secretario de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador.
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Publicado por Sr. nagual para La guarida del nagual el 10/25/2007 03:05:00 AM
