El 18 de marzo de 1938 quedó inscrito como una de las decisiones más contundentes del Estado mexicano. Aquella noche, el presidente Lázaro Cárdenas comunicó por radio la expropiación de la industria petrolera tras un conflicto laboral que escaló hasta convertirse en un litigio de soberanía nacional. Las compañías extranjeras, agrupadas en torno a intereses británicos y estadounidenses, desobedecieron resoluciones judiciales que favorecían a los trabajadores. La respuesta del gobierno transformó el conflicto: el subsuelo, las instalaciones y la producción pasaron a manos de la nación.
El episodio tuvo antecedentes claros. Desde finales del siglo XIX, empresas como Standard Oil y Royal Dutch Shell operaron en territorio mexicano bajo esquemas contractuales que privilegiaron la extracción intensiva y la exportación. La Revolución Mexicana introdujo el principio constitucional de propiedad nacional del subsuelo en 1917, pero su aplicación enfrentó resistencias diplomáticas y económicas. La expropiación cardenista consolidó ese mandato constitucional y redefinió la relación entre Estado, recursos naturales y capital extranjero.
En ese contexto surgió Petróleos Mexicanos. La empresa estatal asumió la operación completa de la industria y se convirtió en uno de los pilares del modelo de desarrollo. Durante décadas, los ingresos petroleros financiaron infraestructura, programas sociales y expansión institucional. Estudios del Banco de México y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe documentaron cómo la renta petrolera sostuvo el crecimiento económico de mediados del siglo XX y fortaleció la capacidad fiscal del Estado.
El viraje comenzó en los años ochenta. La crisis de la deuda externa, la caída de los precios del petróleo y la presión de organismos financieros internacionales abrieron paso a un rediseño económico. El discurso público colocó a Pemex como una estructura pesada, con rezagos tecnológicos y problemas de eficiencia. Informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial impulsaron la apertura gradual del sector energético bajo esquemas de modernización y competencia.
La reforma energética de 2013 formalizó ese proceso. El nuevo marco legal permitió contratos de exploración y extracción con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, y transformó a Pemex en empresa productiva del Estado. Investigaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad y análisis académicos de la UNAM señalaron que la apertura buscó atraer inversión y tecnología, aunque también fragmentó la estructura operativa de la empresa y redujo su papel estratégico.
El cambio de orientación política llegó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto retomó la narrativa de soberanía energética y colocó a Pemex en el centro de la política económica. La estrategia incluyó inyección de capital, reducción de carga fiscal, construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas y rehabilitación del sistema nacional de refinación. Datos de la Secretaría de Energía y de la propia empresa muestran incrementos en la producción de combustibles y una reducción en la dependencia de importaciones.
Claudia Sheinbaum ha continuado esa línea con ajustes técnicos y financieros orientados a estabilizar la deuda y fortalecer la operación. Informes recientes de Pemex y evaluaciones de agencias calificadoras como Fitch y Moody’s han señalado avances en flujo operativo, junto con desafíos estructurales ligados a la carga financiera acumulada.
Este proceso ocurre en un escenario internacional donde el petróleo mantiene su centralidad estratégica. La Agencia Internacional de Energía ha documentado que, pese al crecimiento de energías renovables, los hidrocarburos siguen dominando la matriz energética global. En paralelo, conflictos geopolíticos recientes evidencian que el control de reservas continúa siendo un factor de poder.
Venezuela concentra las mayores reservas probadas del mundo y ha enfrentado sanciones económicas, presión diplomática y episodios de intervención indirecta documentados por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. Irán, por su parte, figura como uno de los principales productores de Medio Oriente y ha sido objeto de tensiones militares y comerciales recurrentes, como registran reportes del Departamento de Energía estadounidense y análisis del Council on Foreign Relations.
Donald Trump ha colocado la seguridad energética como eje de su política exterior. Su administración ha impulsado la expansión de la producción interna, la renegociación de acuerdos comerciales y el fortalecimiento de posiciones estratégicas en regiones productoras. Discursos oficiales y documentos de la Casa Blanca han subrayado la necesidad de garantizar acceso a recursos energéticos como componente de seguridad nacional.
En ese tablero, México aparece como actor relevante por su ubicación, reservas y capacidad de producción. La historia energética del país ha transitado entre la afirmación soberana y la presión internacional. La evolución reciente de Pemex refleja esa tensión permanente entre apertura y control estatal.
El escenario global plantea un riesgo específico. Una eventual derrota estratégica de Estados Unidos en disputas vinculadas al control de hidrocarburos podría reconfigurar sus prioridades externas. Analistas del Atlantic Council han advertido que, ante pérdidas de influencia en regiones clave, Washington tiende a reforzar su presencia en áreas cercanas o con vínculos comerciales directos.
México, como socio energético y geográfico, quedaría expuesto a mayores presiones comerciales, regulatorias y políticas. La disputa por el petróleo, lejos de diluirse, adquiere nuevas formas en un contexto de transición energética incompleta.
La historia iniciada en 1938 mantiene vigencia. El petróleo sigue siendo un recurso económico, un instrumento político y un factor de negociación internacional. La frase que definió aquella expropiación conserva sentido en un escenario donde la soberanía energética continúa en disputa.
