Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma para reforzar los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México. La propuesta modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.
El objetivo, según informó la Presidencia, es fortalecer la prevención, la atención a víctimas y la impartición de justicia, además de contribuir a la seguridad y la paz en el país. Entre los puntos centrales destaca la creación de bases de datos nacionales, el uso de herramientas tecnológicas y la emisión inmediata de alertas tras una denuncia.
Las autoridades serán responsables de investigar, colaborar y proporcionar información sobre todos los casos de desaparición. Como parte de la reforma se establecerá la Plataforma Única de Identidad, que permitirá consultar y validar las CURP de manera más eficiente. Esta clave se incorporará como medio oficial de identificación, con fotografía y huellas dactilares, para personas mexicanas y extranjeras con estancia regular en el país.
También se prevé la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, con datos actualizados de todas las fiscalías del país. Esta herramienta permitirá una coordinación más eficaz entre instituciones.
Se integrará además un registro administrativo biométrico, en el que las autoridades reunirán datos identificativos proporcionados por las personas al realizar trámites. Junto con este, se definirá oficialmente la Ficha de Búsqueda, que contendrá la información mínima necesaria para identificar y localizar a una persona desaparecida.
Otra medida incluida en la reforma es la activación inmediata de alertas en aeropuertos, terminales de autobuses y otras instancias públicas y privadas, en cuanto se interponga una denuncia por desaparición, sin tener que esperar 72 horas.
La presidenta subrayó que es necesario robustecer los registros de personas desaparecidas y clarificar el origen de la información, ya sea de una carpeta de investigación o de otro tipo de reporte, para que la Comisión Nacional de Búsqueda tenga datos precisos.
También se establece la obligación de alimentar el Banco Nacional de Datos Forenses con información de las fiscalías y tribunales locales, así como sanciones para los servidores públicos que no actualicen registros ni contribuyan a la justicia en estos casos.
En el caso de menores de edad, se creará el Programa de Integración al Registro Nacional de Población (RENAPO) en coordinación con autoridades estatales y municipales, para incluir sus datos biométricos.
La iniciativa fue presentada el 24 de marzo por la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, quien resaltó que se busca agilizar las denuncias y reforzar la coordinación institucional para atender los casos de desaparición.
También se contempla un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. Este implicará una actuación inmediata y coordinada entre dependencias gubernamentales en cuanto se reporte la desaparición de una persona.
Además, se proponen penas más severas para quienes cometan delitos relacionados con la desaparición de personas, y se oficializa el uso de la CURP como documento nacional de identidad con validez en formatos físicos y digitales.
La mandataria federal firmó las reformas en Palacio Nacional y las envió ese mismo día al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.
