El Senado de la República instaló el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para llevar a cabo la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros en junio de 2024, bajo la premisa de una justicia imparcial, completa y cercana a la ciudadanía. El evento, realizado este jueves, fue presidido por Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, quien tomó protesta a los cinco miembros designados del comité: Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Repper Favila, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez García.
Proceso y compromiso del comité
Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, leyó el acuerdo que oficializó la instalación del comité. En su intervención, Gutiérrez Luna resaltó la importancia de la labor de este grupo, a la que calificó de “intensa y ardua”, y recordó que la elección busca establecer condiciones de justicia más adecuadas para la ciudadanía.
“Contarán con todo el apoyo de las cámaras para desempeñar su labor,” afirmó, subrayando que en el proceso de selección deberán elegir personas honorables, capaces y con sensibilidad social para los cargos de jueces y magistrados. “El pueblo de México confía en ustedes para llevar a buen puerto esta elección y mejorar la impartición de justicia”.
Declaraciones de los integrantes
Los cinco integrantes del comité coincidieron en que su trabajo implica “una gran responsabilidad de Estado” y se comprometieron a actuar con transparencia y apego a la ley.
Ana Patricia Briseño expresó su compromiso de seleccionar a los mejores perfiles, garantizando que la ciudadanía pueda confiar en la imparcialidad del proceso. “Nuestro trabajo estará apegado a la normatividad, y aseguraremos que lleguen los perfiles idóneos”, afirmó.
En la misma línea, Andrés Norberto García Repper subrayó el compromiso de ofrecer un Poder Judicial “solvente y que piense en los mexicanos”, y aseguró que no defraudarán la confianza depositada en ellos. Maribel Concepción Méndez, por su parte, destacó que esta etapa representa un cambio fundamental en el poder judicial, y que el comité buscará garantizar una justicia “pronta, completa, imparcial, gratuita y que privilegie el fondo sobre la forma”.
Maday Merino señaló que su labor incluirá la evaluación de los principios constitucionales de paridad y legalidad en cada uno de los perfiles seleccionados, mientras que Gabriela Sánchez García calificó la participación en el comité como “una oportunidad para servir a mi país”.
Un proceso inédito para el poder judicial
Al cerrar la ceremonia, Fernández Noroña ofreció un mensaje de bienvenida a los integrantes del comité, y destacó que la instalación de este órgano “no es un paso más, sino un paso fundamental en la elección de las personas juzgadoras”. El presidente del Senado subrayó el carácter inédito del proceso y lo describió como una “oportunidad histórica” para avanzar en la democratización del poder judicial en México, al permitir que esta elección extraordinaria impulse la renovación y modernización del sistema judicial del país.
La integración del Comité de Evaluación representa un esfuerzo legislativo para asegurar que las nuevas figuras en el poder judicial respondan a los principios de justicia establecidos en la Constitución Mexicana y cumplan con las expectativas de imparcialidad y eficacia exigidas por la sociedad.
Proceso y compromiso del comité
Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, leyó el acuerdo que oficializó la instalación del comité. En su intervención, Gutiérrez Luna resaltó la importancia de la labor de este grupo, a la que calificó de “intensa y ardua”, y recordó que la elección busca establecer condiciones de justicia más adecuadas para la ciudadanía.
“Contarán con todo el apoyo de las cámaras para desempeñar su labor,” afirmó, subrayando que en el proceso de selección deberán elegir personas honorables, capaces y con sensibilidad social para los cargos de jueces y magistrados. “El pueblo de México confía en ustedes para llevar a buen puerto esta elección y mejorar la impartición de justicia”.
Declaraciones de los integrantes
Los cinco integrantes del comité coincidieron en que su trabajo implica “una gran responsabilidad de Estado” y se comprometieron a actuar con transparencia y apego a la ley.
Ana Patricia Briseño expresó su compromiso de seleccionar a los mejores perfiles, garantizando que la ciudadanía pueda confiar en la imparcialidad del proceso. “Nuestro trabajo estará apegado a la normatividad, y aseguraremos que lleguen los perfiles idóneos”, afirmó.
En la misma línea, Andrés Norberto García Repper subrayó el compromiso de ofrecer un Poder Judicial “solvente y que piense en los mexicanos”, y aseguró que no defraudarán la confianza depositada en ellos. Maribel Concepción Méndez, por su parte, destacó que esta etapa representa un cambio fundamental en el poder judicial, y que el comité buscará garantizar una justicia “pronta, completa, imparcial, gratuita y que privilegie el fondo sobre la forma”.
Maday Merino señaló que su labor incluirá la evaluación de los principios constitucionales de paridad y legalidad en cada uno de los perfiles seleccionados, mientras que Gabriela Sánchez García calificó la participación en el comité como “una oportunidad para servir a mi país”.
Un proceso inédito para el poder judicial
Al cerrar la ceremonia, Fernández Noroña ofreció un mensaje de bienvenida a los integrantes del comité, y destacó que la instalación de este órgano “no es un paso más, sino un paso fundamental en la elección de las personas juzgadoras”. El presidente del Senado subrayó el carácter inédito del proceso y lo describió como una “oportunidad histórica” para avanzar en la democratización del poder judicial en México, al permitir que esta elección extraordinaria impulse la renovación y modernización del sistema judicial del país.
La integración del Comité de Evaluación representa un esfuerzo legislativo para asegurar que las nuevas figuras en el poder judicial respondan a los principios de justicia establecidos en la Constitución Mexicana y cumplan con las expectativas de imparcialidad y eficacia exigidas por la sociedad.
