El Senado de la República declaró válida la reforma de “supremacía constitucional” que imposibilita impugnar modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. La medida, aprobada por el pleno, recibió el respaldo de 23 congresos locales, validando la reforma del artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna.
En una sesión nocturna, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, informó sobre la recepción de los votos necesarios de las legislaturas estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Estos avalaron los cambios propuestos y facilitaron la declaración de validez de la reforma.
Con esta reforma, las futuras modificaciones constitucionales en México no podrán ser objeto de impugnación a través de medios judiciales como el amparo, lo que representa un blindaje sobre los cambios realizados por el Congreso. Fernández Noroña, al dar lectura al acuerdo, destacó la importancia de esta decisión, calificándola como un “día inédito e histórico” para el país. De acuerdo con el procedimiento legislativo, el decreto fue remitido al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación oficial.
La medida aprobada ha generado diversos comentarios entre actores políticos y constitucionalistas, quienes señalan que la inimpugnabilidad de los cambios constitucionales podría reducir los mecanismos de control sobre las decisiones legislativas de fondo en México, aunque otros consideran que es una medida necesaria para fortalecer la estabilidad de la Constitución.
Esta modificación podría sentar precedentes significativos en la jurisprudencia y en los procesos de control constitucional en el país, al limitar la posibilidad de cuestionar judicialmente las reformas avaladas en el Congreso y aprobadas por los estados. La expectativa ahora recae en la interpretación y los efectos prácticos de esta declaratoria de “supremacía constitucional” en el sistema jurídico nacional.
