El Senado aprobó con 105 votos a favor la reforma que eleva a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada para personas trabajadoras y otorga al Infonavit las facultades de constructor y arrendador. La propuesta, que modifica el artículo 123 de la Constitución, obliga a empresas de diversos sectores a garantizar condiciones dignas para sus trabajadoras y trabajadores.
Morena y sus aliados calificaron la reforma como fundamental y criticaron los programas de vivienda implementados en el periodo neoliberal, que, según sus argumentos, beneficiaron principalmente a un grupo reducido sin atender a las clases más necesitadas. La bancada del PRI recordó que los esfuerzos por garantizar el derecho a una vivienda adecuada no son nuevos. En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se lanzó un programa de vivienda que, en su momento, derivó en la creación del propio Infonavit.
El senador priista Rolando Zapata destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar la construcción de un millón de viviendas, una visión que calificó de importante, aunque, en su opinión, insuficiente para las necesidades actuales. En el debate, el senador priista Ángel García Yáñez aprovechó para refrendar el compromiso de su bancada en la defensa de los derechos laborales del Poder Judicial, que, aseguró, están amenazados por el actual gobierno. “Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y de todos los trabajadores afectados por su manera incongruente, equívoca y autoritaria”, afirmó, en un tono crítico hacia el oficialismo.
La reforma establece que empresas agrícolas, industriales, mineras y de otros sectores deberán asegurar a su personal viviendas cómodas y saludables. Esta obligación se cumplirá mediante aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, que se destinarán a la construcción de viviendas para la adquisición o arrendamiento por parte de personas trabajadoras. En el marco de esta reforma, el Infonavit podrá invertir en la compra de terrenos y la edificación de viviendas, además de otorgar créditos suficientes y accesibles para facilitar la adquisición o mejora de las propiedades.
La reforma también contempla la posibilidad de acceder a viviendas de arrendamiento social para las personas trabajadoras tras un año de cotización en el Infonavit. Estas viviendas serán propiedad del instituto y se arrendarán con una mensualidad que no supere el 30 por ciento del salario de la persona trabajadora, con el objetivo de mantener el pago dentro de márgenes accesibles y evitar el endeudamiento.
Tras la aprobación del decreto, el Senado remitió la iniciativa a los congresos estatales, donde deberá obtener la ratificación de una mayoría para completar el proceso constitucional y materializar el cambio en favor de la vivienda digna para las personas trabajadoras.
