El Estado mexicano está en riesgo de que la violencia se salga de control porque no ha sabido ejercer su autoridad cuando es necesario que muestre su fuerza y cuando lo hace comete xcesos y abuso de poder, advirtió el analista político Rafael Montesinos.
Para el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, como contraparte las fuerzas radicales de izquierda que ponderan la violencia como método de expresión fortalecen la campaña de miedo que sostiene el candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, pues la sociedad relaciona las acciones de esos grupos con el Partido de la Revolución Democrática.
El politólogo consideró que, con toda proporción guardada, la situación en el país es semejante a la ocurrida durante 1994, cuando la coyuntura electoral derivó en el llamado «voto del miedo» entre el electorado mexicano, cuando se traspasó la situación de violencia simbólica como consecuencia de los homicidios de José Francisco Ruiz Massieu y de Luis Donaldo Colosio, el recrudecimiento de la violencia del narcotráfico y la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el escenario público.
«Desde que se aceptó institucionalmente la presencia de las guerrillas en 1994, estos grupos aparecen como parte del sistema político formal, incluso las guerrillas regionales que operan principalmente en Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que su actuación aparece como una expresión política más en el espectro político, por lo que es normal ver a Marcos salir de su resguardo y marchar por el país en pleno desafío a la idea planteada por el presidente de Fox de resolver el conflicto en 15 minutos».
Indicó, que entonces es cuando se ha puesto en evidencia la deficiente capacidad de negociación de la administración foxista, como ocurrió también con las negociaciones con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, así los movimientos sociales y guerrilleros se han transformado a tal grado que pasan de ser movimientos fuera de la ley a grupos con cierto grado de legitimidad, con la consecuente permisibilidad a cierto tipo de violencia.
Explicó que las acciones los grupos de macheteros de Atenco, el desarrollo de la Otra Campaña del EZLN y la propia coyuntura electoral se combina con una fuerte crítica al PRD que supone una concepción de la izquierda distinta a la propuesta por los grupos radicales. «No son enemigos abiertamente, pero no pueden ser aliados por que hay diferencias profundas que históricamente no han podido conciliarse», expresó, por lo que pese al discurso de Calderón es difícil entender una relación entre estos grupos y el partido del sol azteca.
El especialista consideró que que uno de los rasgos principales del Estado nacional es garantizar el orden mediante el ejercicio legítimo de la violencia, pero actualmente, para ello se tienen que tomar en cuentas reglas de conducta sancionadas internacionalmente que involucran el respeto a los derechos humanos de la población, para volver a la paz.
«Un visión crítica de los hechos supone la necesidad de condenar una posición como la otra, pues de una parte tenemos a un Estado que transgrede la violencia legítima que le corresponde y por el otro a un grupo de ejidatarios que utilizan la violencia también, al darse cuenta que les ha generado resultados», señaló.
Todo exceso de poder en esta coyuntura, consideró, aparece como una provocación, y el único actor que no debe provocar la violencia es el Estado que más bien debe aparecer como la fuerza que representa los intereses de la sociedad. «El papel del Estado es mostrar su fuerza y avanzar hasta cierto punto, advirtiendo la capacidad de decisión de las partes, para moderarse una vez advertidas de su capacidad de resolución.
«Lo que ha sucedido en México es que el Estado conoce bien el riesgo, pero no lo contiene, cuando lo único que puede censurable es el exceso de la violencia, habrá quienes critiquen cualquier uso de la fuerza, pero hay una diferencia entre utilizar la fuerza legítima del Estado y caer en el exceso de poder, lo que demuestra incapacidad por parte del actor que monopoliza la fuerza del Estado, el gobierno y demuestra que no está leyendo correctamente el escenario, porque ignoró el foco rojo y demostró impericia para resolver el conflicto», externó.
Ante esta situación, la imagen de autoridad del gobierno se ha visto reducida y los riesgos que las cosas se salgan se control y el Estado tenga que actuar con toda su fuerza están latentes. «El gobierno debe tener la idea clarísima de que va a necesitar utilizar la fuerza, pero debe pensar en los posibles escenarios, sin caer en la tentación de los abusos de poder, sin demostrar su incapacidad y o su ausencia, porque de hacerlo los riesgos aumentarán significativamente», agregó.
Y es que lo que comenzó como un enfrentamiento entre los macheteros y la policía, se ha convertido en un movimiento de resistencia civil, pues organizaciones sociales y grupos altermundistas de diferentes países y de la República Mexicana se han sumado a la causa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y mediante mensajes de correo electrónico y manifestaciones demandan la liberación de los detenidos en los enfrentamientos de la semana pasada y acusaron al gobierno federal de «criminalizar las luchas sociales».
Ayer, mediante un comunicado difundido por corre electrónico, el Centro Carlos Marx,de Montevideo Uruguay, en su circular de noticias número 155, exigió que se restablezca el Estado de derecho a través del diálogo y no con agresiones policíacas en contra del pueblo de San Salvador Atenco, el l inmediato retiro de las distintas corporaciones policiacas de la comunidad, la liberación inmediata de los detenidos, así como la investigación de los agentes de diversas corporaciones policiacas para que se deslindes responsabilidades por estos hechos.
Asimismo, organizaciones internacionales vinculadas o solidarias con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como las federaciones locales de Skärholmen y de la sección sindical Hässelby-Vällingby , de Suecia; el Gruppe B.A.S.T.A. de Muenster, de Alemania; La Otra de Montreal, de Canadá; la Fira de Turisme, en España; la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vid, de Bolivia, entro otras organizaciones, han manifestado su apoyo y anunciado una
campaña de donaciones a los detenidos y a los adherentes de La Otra Campaña.
Entre tanto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos informó que durante las detenciones dos de sus integrantes fueron remitidos al MInisterio Público y consignados a la prisión de Santiaguito. Se trata de Damián Camacho, coordinador jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos;Pedro Alvarado Delgado, miembro del Comité de Derechos Humanos Ajusco, quienes acudieron a la comunidad como observadores.
Ante esta situación, la organización no gubernamental exigió su liberación, una investigación y sanciones a los responsables de los abusos y arbitrariedades cometidos en su contra, así como la garantía plena de condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo de defensa de derechos humanos, incluyendo la recolección de información, el acceso pleno a los detenidos, el respeto y no represalia por el trabajo de sus defensores.
En el mismo sentido se pronunciaron indígenas procedentes de 25 estados del país y reunidos en su cuarto congreso nacional, quienes desconocieron la legitimidad del Estado mexicano e instaron hoy a todos los sectores oprimidos a integrar un frente amplio anticapitalista.
Esta coalición de fuerzas, señalaron, debe impulsar un proceso que conduzca hacia una nueva Constitución y propiciar otra forma de gobierno, que permita el reconocimiento de nuestros derechos y una sociedad justa, libre y democrática, subrayaron.
Otros grupos prefirieron tomar las calles para demostrar su apoyo a los presos, como los integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos y de la Unión de Vecinos del Valle de México se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación, mientras unas de 200 personas integrantes
al Movimiento Urbano Popular Mexiquense, cerraron la circulación de la vía Morelos a la altura de Santa Clara, en Ecatepec.
En Morelia, Michoacán, unos 30 simpatizantes de La Otra Campaña irrumpieron en la ceremonia del Colegio de San Nicolás, para exigir la liberación de los líderes de los «macheteros» de San Salvador Atenco, en el estado de México, a quienes llamaron luchadores sociales y presos políticos.
En Puebla, el Movimiento de Izquierda Poblano del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que apoyará la movilización de vecinos de Atenco, pero sin el cierre de vialidades, informó Mario Vélez Merino, dirigente de esa organización .
A su vez, la directiva nacional del partido del sol azteca indicó que con los operativos policiales en el municipio michoacano de Lázaro Cárdenas, y en la localidad mexiquense de San Salvador Atenco el gobierno del presidente Vicente Fox «se manchó las manos de sangre».
Tras desligar a ese instituto político, de cualquier relación con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Gerardo Fernández Noroña sostuvo que en la acción en que participaron 3 mil policías federales y mexiquenses para retomar San Salvador Atenco no privó el Estado de
derecho.
Entre tanto, algunos de los 189 detenidos que hasta el momento permanecen en el penal de santiaguito comenzaron a rendir su declaración preparatoria en los juzgados anexos al penal de
«Almoloyita», mientras que Ignacio del Valle, líder de los ejidatarios, y Felipe Álvarez, lo hicieron en penal de La Palma .
A la afueras de los penales, personal de la policía estatal custodia los accesos a los siete juzgados del edificio del Poder Judicial, a pesar de que se redujo la presencia de manifestantes y familiares de los detenidos.
Las autoridades del penal de Santiaguito permitieron en la mañana la entrada a los familiares de los detenidos, quienes en algunos casos llevaban casi dos días afuera en espera de que se les permitiera ver a las personas consignadas.
Sólo integrantes del Consejo General de Huelga (CGH) y de la Universidad Autónoma Chapingo están afuera del centro preventivo y no han retirado las pancartas pegadas en la fachada del penal con protestas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El procurador mexiquense, Abel Villicaña Estrada, informó que el miércoles vence el término para que el juez 2 Penal en Santiaguito, determine la situación jurídica de los 190 consignados. En cuanto al menor que falleció durante los disturbios, Javier Cortés Santiago, el funcionario estatal indicó que el cadáver fue levantado en un lugar distinto al de los hechos.
Mientras, el secretario de gobierno mexiquense, Humberto Benitez Treviño aceptó que no se justifica el exceso en la utilización de la fuerza del Estado, por lo que habrán investigaciones para deslindar responsabilidades, así lo señaló al corregir que se trata de 211 personas las detenidas en Texcoco y San Salvador Atenco, durante los enfrentamientos de la semana pasada.
En el mismo sentido, Eduardo Romero Ramos, titular de la Secretaría de la Función Pública aseguró en Jalisco que esperará a conocer los informes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal sobre la actuación de sus elementos en Atenco para decidir si procede abrir un expediente y en su caso aplicar sanciones. El funcionario señaló que no hay plazos específicos para conocer el informe de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la actuación de los elementos policiales que participaron en la operación en Atenco.
Roberto Cortez Zárate