Las autoridades estatales informaron que la indagatoria por el asesinato del exalcalde de Uruapan permitió identificar una estructura de comunicación utilizada para coordinar el ataque, lo que derivó en la detención de una décima persona vinculada a un grupo de mensajería instantánea.
La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, explicó que la información más reciente recibida por parte de la Fiscalía General del Estado se limitó a la confirmación de una nueva detención, sin que hasta el momento existiera un encuentro directo con el fiscal del caso.
La Fiscalía estatal sostuvo que dicho grupo de mensajería formó parte de los mecanismos de enlace de una presunta red de sicarios relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, señalado como responsable del homicidio.
Siete de las personas detenidas integraban el equipo de escoltas del exalcalde y enfrentaron cargos por homicidio por omisión, al considerar las autoridades que su actuación resultó insuficiente para prevenir el ataque, por lo que permanecieron bajo prisión preventiva oficiosa.
El proceso penal incluyó a Alejandro Flores Vargas, Demetrio de la Cruz Martínez, Omar Medina Jiménez, Guillermo Tello Zagoya, Omar Osvaldo García Conde, Monserrat Hernández Godínez y Mario Alberto Santamaría Gallegos, quienes quedaron a disposición del Poder Judicial.
En paralelo, la fiscalía mantuvo vigente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y entonces jefe de escoltas del alcalde, quien evadió el operativo desplegado para detener al personal de seguridad.
Las otras dos detenciones correspondieron a Jorge Armando Gómez Sánchez y Jaciel Antonio Herrera Torres, identificados por la autoridad como presuntos operadores del CJNG y vinculados con la coordinación del asesinato.
Las investigaciones señalaron que ambos participaron en el reclutamiento de personas armadas dentro de un centro de rehabilitación para adicciones ubicado en Uruapan, punto que cobró relevancia en la reconstrucción del caso.
El crimen detonó la aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que reforzó la presencia federal en municipios prioritarios con el despliegue de miles de elementos del Ejército y la Marina.
