La justicia civil de Estados Unidos asestó este jueves un nuevo golpe judicial a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y a su esposa Linda Cristina Pereyra, al ordenarles pagar al Estado mexicano más de 2 mil 488 millones de dólares, como parte de una condena por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivados de contratos ilegales con el gobierno mexicano.
La jueza Lisa Walsh, del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, dictó la sentencia definitiva tras una audiencia celebrada en esa ciudad, donde concluyó que García Luna y su esposa participaron de manera sistemática en una red de corrupción que desvió fondos públicos destinados a la seguridad nacional. Con base en la Ley RICO, que permite triplicar el monto de los daños comprobados en casos de crimen organizado, la jueza fijó la indemnización en 748 millones 829 mil 626 dólares para García Luna y mil 740 millones de dólares para Pereyra.
El caso se inició en 2021, cuando el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una demanda civil en una corte de Miami. En ella acusó a García Luna, su esposa y más de 50 personas y empresas de utilizar un entramado financiero para lavar dinero público desviado de 30 contratos adjudicados a modo durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Los fondos, de acuerdo con la acusación, fueron triangulados a paraísos fiscales y luego invertidos en propiedades y activos en el estado de Florida. Hasta ahora, se han identificado 19 inmuebles adquiridos con esos recursos, muchos de los cuales ya han sido recuperados o están en proceso de incautación por parte del gobierno mexicano.
García Luna no se presentó al juicio ni respondió a la demanda, mientras que Pereyra fue declarada en rebeldía judicial por desacato. El proceso judicial quedó sellado esta semana, luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo definitivo con otros implicados, como Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres y socios financieros del exfuncionario.
Los vínculos con la familia Weinberg son clave: las empresas vinculadas a ellos recibieron más de 580 millones de dólares por contratos de seguridad, varios de los cuales se firmaron después de que García Luna dejara el cargo en 2012. Estas adjudicaciones, según la UIF, se consiguieron mediante sobornos y violaciones a la ley.
Esta condena no es la única que enfrenta García Luna. En octubre de 2024 fue sentenciado por un tribunal penal en Nueva York a 38 años y ocho meses de prisión tras ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras encabezaba la política de seguridad pública en México.
La sentencia civil en Florida refuerza la posibilidad de que ambos acusados enfrenten nuevas acciones legales, tanto en México como en Estados Unidos. Especialistas en derecho penal internacional consideran que el fallo puede sentar un precedente jurídico de alcance hemisférico en materia de recuperación de activos por corrupción de alto nivel.
