El Senado de la República aprobó, con 86 votos de la mayoría oficialista y 42 en contra, la desaparición de siete órganos constitucionalmente autónomos como parte del plan “C” impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La medida incluye modificaciones a diversos artículos de la Constitución y redirige los recursos ahorrados al Fondo de Pensiones del Bienestar.
Reformas eliminan organismos clave en transparencia, energía y telecomunicaciones
Los órganos extintos incluyen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Nuevo órgano desconcentrado asumirá funciones clave
Para evitar sanciones económicas derivadas del T-MEC, se aprobó un nuevo organismo desconcentrado que integrará las funciones de la Cofece y el IFT. Este tendrá independencia técnica y operativa, personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá directamente del gobierno. Su objetivo será prevenir, investigar y combatir monopolios, así como eliminar barreras a la competencia.
Las funciones relacionadas con la preponderancia y regulación del sector de telecomunicaciones también serán absorbidas por esta entidad, según lo estipulado en el artículo 28 de la Constitución.
Modificaciones abarcan sectores energéticos, sociales y educativos
La CNH y la CRE serán integradas a la Secretaría de Energía, mientras que el Coneval pasará sus funciones al INEGI. Por su parte, las atribuciones de Mejoredu serán asumidas por la Secretaría de Educación y las del Inai por la Secretaría de la Función Pública.
Además, se establece que la explotación de litio será exclusiva de la empresa pública del Estado, eliminando la posibilidad de concesiones privadas.
Debate polarizado entre oficialismo y oposición
La reforma generó un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. El morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió las reformas argumentando que los organismos eliminados “fomentaron la opacidad, duplicaron funciones y propiciaron corrupción”. Añadió que entre 2018 y 2024, estos organismos recibieron 32 mil millones de pesos “sin cumplir sus objetivos”.
Desde la oposición, el priísta Manlio Fabio Beltrones criticó la decisión al considerar que representa un retroceso al “modelo de un gobierno centralista y único”. Señaló que estos organismos fueron creados para garantizar transparencia, supervisar al gobierno y evitar abusos de poder.
El panista Marko Cortés calificó la medida como un paso hacia un “hiperpoder presidencial”. Advirtió que la desaparición de estos organismos reducirá la capacidad de supervisión, afectará la transparencia y fomentará la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
El emecista Luis Donaldo Colosio señaló que la eliminación de instituciones como la Cofece, el IFT y el Coneval vulnera la democracia participativa, pues elimina mecanismos de supervisión ciudadana y de decisión independiente frente al gobierno.
En contraste, el morenista Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, aseguró que las reformas harán más eficiente el servicio público, al redirigir recursos hacia áreas prioritarias en beneficio de la población.
Próximos pasos
El decreto aprobado se envió a las legislaturas locales para su ratificación, como parte del procedimiento constitucional necesario para validar las reformas. Con ello, se avanza en la desaparición de estas instituciones autónomas, lo que marcaría un cambio estructural en la administración pública mexicana.
