Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Bienestar del Senado aprobaron con 39 votos reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política para reducir de 68 a 65 años la edad mínima de acceso a la pensión para adultos mayores y otorgar una pensión no contributiva a personas con discapacidad permanente menores de 65 años. Con estas modificaciones, la Constitución integrará varias políticas sociales prioritarias para grupos vulnerables, especialmente en el ámbito rural y agrícola.
Las reformas elevan a rango constitucional el programa Sembrando Vida, que impulsa el cultivo de árboles frutales y maderables en el campo mexicano. La iniciativa incluye también la continuidad de precios de garantía para productos agrícolas esenciales como maíz, frijol, arroz, leche y trigo, en apoyo a los sectores campesino y pesquero. Según el nuevo marco constitucional, el Estado entregará un jornal justo y estable a campesinos que participen en estos proyectos de reforestación productiva.
Asimismo, las modificaciones obligan al Estado a garantizar la rehabilitación de personas con discapacidad permanente, dando prioridad a quienes sean menores de 18 años. La nueva norma establece que el presupuesto destinado a las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad debe incrementarse o, al menos, mantenerse en términos reales año con año.
Otra de las enmiendas incorpora el derecho constitucional de todas las personas a acceder a una vivienda adecuada. Andrea Chávez, presidenta de la Comisión de Bienestar, señaló que estos cambios representan “un paso fundamental en la promoción y protección de la dignidad de aquellos grupos sociales históricamente marginados”. Según la legisladora, el reconocimiento de derechos constitucionales para estos sectores contribuye a “construir un México fraterno, justo y digno”.
En el debate, la senadora Amalia García de Movimiento Ciudadano argumentó la necesidad de un “Estado del bienestar” que garantice derechos a todas las personas, más allá de enfoques clientelares o de filantropía. García recalcó que la Constitución debe garantizar los derechos humanos fundamentales como un compromiso estatal.
Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya adelantó el voto a favor de su bancada y destacó que estas reformas son “un acto de justicia”, al fortalecer el apoyo a personas mayores, con discapacidad, así como a productores agrícolas y pesqueros.
El dictamen ahora pasa a la Mesa Directiva del Senado para el proceso legislativo final.
