Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 24 votos a favor y 10 en contra una reforma que limita los mecanismos de impugnación contra cambios constitucionales. La iniciativa, impulsada por Morena, modifica la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo, de manera que no podrán emplearse para cuestionar las reformas constitucionales.
A pesar de eliminar algunas propuestas polémicas, como las modificaciones a los artículos 1° y 105 de la Constitución, tras las críticas de la oposición, el debate en el Senado fue intenso. Los opositores señalaron que, aunque celebraban la eliminación de ciertos cambios, los efectos de la reforma siguen siendo graves. “Es un paso en la dirección correcta”, afirmó un opositor sobre el retroceso de Morena en ciertos puntos, pero advirtió que las modificaciones eran insuficientes.
Ricardo Anaya, senador del PAN, criticó duramente la reforma y acusó al partido oficialista de estar cegado por su “pleito” con el Poder Judicial. Según Anaya, la reforma ofrece un triunfo momentáneo para el gobierno, pero con consecuencias graves. “Es una medicina que aparentemente acaba con el padecimiento, pero mata al enfermo”, declaró. Anaya también destacó que, aunque el cambio de la propuesta original era menos explícito, los efectos prácticos de la nueva versión seguían siendo “muy graves”.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, se sumó a las críticas y afirmó que la reforma es regresiva en términos de derechos humanos. Además, señaló que vulnera el Pacto de San José, especialmente en los artículos 8 y 25, que garantizan el acceso a la justicia y la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior para la protección de derechos humanos. “Con esta reforma se pretende limitar la tutela judicial efectiva”, añadió la priísta.
Anaya recordó al pleno que la Constitución no es un campo de batalla entre poderes, sino una herramienta para proteger a los ciudadanos. “Las reformas que están haciendo afectarán directamente a las personas, no a los jueces”, afirmó, destacando que el verdadero “enemigo” de estas modificaciones es la población, no el Poder Judicial.
A pesar de las críticas, el oficialismo defendió la reforma. El senador de Morena, Saúl Monreal, negó que la reforma busque eliminar el control judicial sobre el Poder Legislativo. “No existe pleito alguno con el Poder Judicial, eso es falso”, declaró Monreal, quien acusó a la oposición de generar “falsas narrativas”. Según Monreal, la reforma busca corregir el “exceso de funciones” por parte de los tribunales, aunque aclaró que los amparos contra leyes generales seguirán siendo posibles.
El senador del Partido del Trabajo, Alejandro González, apoyó esta visión y afirmó que la reforma pretende evitar “interpretaciones sesgadas” de la ley. González señaló que el objetivo central es frenar las impugnaciones que, a su juicio, buscan desafiar cambios constitucionales que deberían ser inimpugnables. “Esa es la nuez de la discusión”, resumió González.
Tras la aprobación en comisiones, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva del Senado para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su eventual discusión en el pleno. La reforma ha generado un fuerte debate público y político, con implicaciones importantes para la relación entre los poderes del Estado y los derechos humanos en México.
