El Senado de la República, con 81 votos a favor y 40 en contra, aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Medios de Impugnación. Las modificaciones establecen un proceso para la elección popular de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025.
Las reformas, impulsadas por Morena, buscan implementar un nuevo modelo de justicia en el cual los ciudadanos elegirán directamente a las autoridades del Poder Judicial, entre ellas, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior, jueces de Distrito, magistrados de Circuito, y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.
En el último momento, el oficialismo retiró una propuesta que otorgaba a los Poderes de la Unión el derecho de veto sobre las listas de aspirantes a estos cargos.
Críticas de la oposición
Los partidos de oposición se manifestaron en contra de las reformas, argumentando falta de claridad y rapidez en su aprobación. Guadalupe Murguía, coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que la legislación se estaba elaborando sin la preparación adecuada. “Estamos haciendo la ley sobre las rodillas”, declaró.
Ricardo Anaya, también del PAN, criticó la iniciativa afirmando que Morena busca controlar el Poder Judicial. Anaya cuestionó el sentido de la elección popular si, según su interpretación, el partido en el poder ya tenía decidido quién aparecería en las boletas electorales.
Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó las reformas como “un cochinero”, argumentando que los jueces deben representar la ley, no a la ciudadanía. Anaya advirtió que politizar la justicia podría llevar a un populismo judicial.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), compartió la crítica y destacó que la rapidez con la que se aprobaron estas reformas podría llevar a errores que comprometerían la credibilidad del proceso judicial.
Postura de Morena
En defensa de las reformas, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que estas medidas son necesarias para democratizar el Poder Judicial. Valdez enfatizó que la elección directa de jueces y magistrados es un paso hacia la transparencia y que contribuirá a que la justicia sea accesible para la mayoría de la población.
Proceso electoral judicial
Las reformas establecen un proceso detallado para la elección de jueces y magistrados, que incluye la convocatoria, organización de las elecciones, campañas, encuestas, y la participación ciudadana. Además, se regula el acceso a medios de comunicación, la fiscalización de campañas y la observación electoral.
El proceso electoral comenzará con la emisión de la convocatoria el 16 de octubre de 2024. Los aspirantes tendrán hasta el 24 de noviembre de 2024 para inscribirse, y la evaluación de los candidatos se llevará a cabo hasta el 31 de enero de 2025. Los Comités de Evaluación seleccionarán a los perfiles más idóneos, y los Poderes de la Unión revisarán las listas de candidatos antes de que se publiquen los nombres de los finalistas.
El Senado remitirá las postulaciones definitivas al Instituto Nacional Electoral (INE) el 12 de febrero de 2025, para que este organice la elección en los circuitos judiciales.
Futuro de la reforma
A pesar de la oposición, el decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación. La implementación de esta reforma marcará un cambio sin precedentes en la estructura del Poder Judicial de México, al ser la primera vez que los jueces serán electos directamente por los ciudadanos.
Los críticos aseguran que la medida podría generar conflictos en la independencia judicial, mientras que sus defensores sostienen que abrirá el sistema judicial a un escrutinio más democrático y transparente.
