El presidente colombiano, Gustavo Petro, firmó la reforma al sistema de pensiones, cambiando un esquema vigente por tres décadas. Con esta medida, se pretende ampliar la cobertura en un país donde solo 2,3 millones de personas, de los siete millones de adultos en edad de retiro, reciben una pensión. La reforma busca beneficiar especialmente a más de dos millones de adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad, quienes en adelante recibirán una “renta básica” de subsistencia proporcionada por el Estado.
La firma de la ley tuvo lugar en la emblemática Plaza de Bolívar, un lugar simbólico donde se reúnen el Congreso y el palacio de las altas cortes. Este sitio ha sido escenario de diversas manifestaciones a favor y en contra de las ambiciosas reformas sociales impulsadas por Petro desde el inicio de su gobierno. La reforma pensional, aprobada por el Congreso en junio, superó cuestionamientos sobre su impacto financiero y viabilidad por parte de sectores de oposición, académicos y la Procuraduría. Aún están pendientes de aprobación otras reformas clave como la de salud, el sistema educativo, la laboral y la de justicia.
La nueva ley mantiene las edades de jubilación —57 años para las mujeres y 62 para los hombres—, pero modifica la distribución de recursos al trasladar una gran parte a un fondo público, disminuyendo el papel de los fondos privados. El sistema anterior, en funcionamiento desde 1993, permitía a los trabajadores elegir entre el régimen estatal y el de ahorro individual administrado por fondos privados. Con la nueva reforma, los trabajadores deberán cotizar obligatoriamente en el fondo estatal hasta un monto específico del salario.
El nuevo esquema de pensiones se estructura en cuatro pilares, cada uno destinado a diferentes segmentos de la población según sus necesidades y capacidad de ahorro. En el pilar solidario, el Estado otorgará un subsidio de 56 dólares mensuales a mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65, personas mayores con discapacidad o con pérdida de capacidad laboral, siempre que se encuentren en situación de pobreza y vulnerabilidad.
El pilar semicontributivo proporcionará una renta vitalicia basada en los ahorros acumulados a lo largo de la vida laboral de aquellos adultos mayores que, aunque han cotizado al sistema, no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión completa. Actualmente, se requiere cotizar durante 1.300 semanas y alcanzar la edad estipulada para obtener una pensión.
En el pilar contributivo, los trabajadores que ganen hasta 2,3 salarios mínimos mensuales (aproximadamente 628 dólares) deberán cotizar en Colpensiones, el fondo estatal. Solo aquellos con ingresos superiores a este monto podrán hacer aportes a fondos privados, lo que reduce significativamente su participación en el sistema.
El último pilar es el voluntario, dirigido a quienes tienen capacidad económica adicional. El gobierno deberá reglamentar el funcionamiento del ahorro voluntario y cómo este puede ayudar a completar las semanas cotizadas necesarias para obtener una pensión.
Esta reforma representa un cambio significativo en el panorama de las pensiones en Colombia, con el objetivo de ampliar la cobertura y proporcionar un sustento básico a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La implementación efectiva y la sostenibilidad financiera de este nuevo esquema serán cruciales para su éxito a largo plazo.
