La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la idea de que México esté experimentando el mismo avance de la ultraderecha observado en otras partes de América Latina. Según la mandataria, el país vive un fenómeno distinto, producto de un proceso político construido durante años y sostenido por una relación directa entre Morena y amplios sectores de la sociedad. La declaración parece responder a una coyuntura inmediata, pero en realidad toca una de las preguntas más importantes de la política latinoamericana contemporánea: si México constituye una excepción regional o si simplemente atraviesa una etapa distinta de una crisis que recorre todo el continente.

La respuesta obliga a mirar hacia atrás. Veinte años atrás. A una elección que formalmente terminó en 2006, pero cuyos efectos políticos siguen presentes. La diferencia oficial entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue de poco más de 243 mil votos. La exigencia de «voto por voto, casilla por casilla» no representó únicamente una impugnación electoral. Cuestionó la legitimidad de la transición democrática mexicana y abrió una discusión que aún no desaparece del imaginario político nacional.

Lo verdaderamente relevante de aquel episodio no fue el conflicto poselectoral en sí mismo, sino lo que produjo después. La derrota no destruyó al movimiento encabezado por López Obrador. Por el contrario, la percepción de agravio derivada de aquella elección se transformó en una identidad política capaz de organizar militancia, construir una narrativa sobre el funcionamiento del poder en México y articular una mayoría electoral que terminó llevando a Morena a la Presidencia doce años después. Vista desde 2026, la elección de 2006 parece menos una derrota y más el momento fundacional de una nueva hegemonía política.

Cuando las elecciones dejan de resolver los conflictos

Durante buena parte del siglo XX, las elecciones cumplían una función relativamente simple: distribuir el poder, elegir gobiernos y cerrar disputas. Los derrotados protestaban, negociaban o se reorganizaban, pero el sistema recuperaba cierta normalidad. Hoy la situación es distinta. Las elecciones siguen definiendo quién ocupa los gobiernos, pero cada vez tienen más dificultades para producir consensos duraderos. La legitimidad ya no se deriva automáticamente del resultado; debe construirse, defenderse y renovarse de manera permanente.

La crisis política latinoamericana actual tiene múltiples expresiones. Se manifiesta en la polarización, en la fragmentación social, en la desconfianza hacia las instituciones, en el ascenso de nuevas derechas, en el desgaste de proyectos progresistas y en la creciente influencia de actores internacionales sobre la vida pública de los países. Sin embargo, todas esas expresiones parecen conectarse por un mismo fenómeno: la dificultad creciente para construir acuerdos sociales amplios sobre quién tiene derecho a gobernar y bajo qué principios debe hacerlo.

La historia reciente de América Latina muestra que el problema ya no consiste únicamente en ganar elecciones. Cada vez resulta más frecuente que la disputa por la legitimidad continúe después del conteo y acompañe a los gobiernos durante buena parte de su mandato. En otras palabras, las urnas siguen definiendo autoridades, pero ya no siempre logran cerrar los conflictos que las produjeron.

Perú y Colombia: la legitimidad en disputa

Perú ofrece una imagen casi perfecta de esta tendencia. La cerrada disputa presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez expresa mucho más que una competencia electoral. Refleja una fractura histórica entre dos proyectos de país que difícilmente pueden reconciliarse dentro de los marcos tradicionales de representación política. Por un lado aparece el Perú urbano, empresarial y financiero concentrado alrededor de Lima. Por el otro emerge el Perú rural, indígena y campesino que durante décadas permaneció al margen de las decisiones nacionales.

Cuando una elección se decide por apenas unos miles de votos, el resultado formal puede definir quién ocupa el Palacio de Gobierno, pero no resuelve la fractura social que dio origen a la competencia. La elección concluye; el conflicto permanece. La discusión sobre el futuro del país continúa bajo nuevas formas y con nuevos actores, pero sigue expresando la misma disputa estructural.

En Colombia la situación adquiere características distintas, aunque apunta en la misma dirección. La cerrada contienda entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ha sido interpretada por amplios sectores progresistas como algo más que una derrota electoral. Las acusaciones de intervención extranjera, presión mediática, financiamiento irregular y operación de estructuras de poder nacionales e internacionales reflejan una pregunta más profunda: por qué millones de personas consideran plausibles esas explicaciones.

La respuesta no depende necesariamente de que las acusaciones sean correctas o incorrectas. Depende del nivel de confianza existente en las instituciones. Cuando la confianza disminuye, la sospecha ocupa su lugar. Y cuando la sospecha se vuelve estructural, la legitimidad se transforma en el recurso más escaso de una democracia. La pregunta deja de ser si hubo fraude y pasa a ser por qué una parte significativa de la sociedad está dispuesta a creer que pudo haberlo.

La batalla por la hegemonía

Aquí aparece un concepto fundamental para comprender la coyuntura latinoamericana: la hegemonía. La politóloga mexicana Ana Esther Ceceña recupera una idea central de Antonio Gramsci según la cual el poder no se sostiene únicamente mediante la coerción. También necesita consenso. Necesita producir una visión del mundo que aparezca como legítima, natural y razonable para amplios sectores sociales.

Desde esta perspectiva, la política contemporánea ya no gira exclusivamente alrededor del control del Estado. Gira alrededor de la capacidad para definir qué significa democracia, qué significa libertad, qué se entiende por seguridad, qué modelo de desarrollo resulta deseable y quién puede hablar en nombre de la nación. Las elecciones son apenas uno de los escenarios donde esa disputa se expresa. La verdadera batalla ocurre en la construcción del sentido común.

Durante las primeras décadas del siglo XXI parecía que América Latina avanzaba hacia una nueva hegemonía política. Los gobiernos de Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa cuestionaron buena parte del consenso neoliberal construido durante los años noventa. La reducción de desigualdades, la recuperación de capacidades estatales y la búsqueda de mayores márgenes de soberanía económica parecían anunciar una nueva etapa regional.

Sin embargo, la historia tomó otro rumbo. Muchos de esos gobiernos lograron transformar políticas públicas y mejorar condiciones materiales de vida. Menos exitosos fueron al momento de transformar sentidos comunes de manera duradera. Cuando aparecieron crisis económicas, escándalos de corrupción, problemas de seguridad o simples signos de agotamiento político, amplios sectores sociales comenzaron a buscar nuevas respuestas. La crisis de representación volvió a abrirse y por esa grieta emergieron nuevas fuerzas políticas.

Trump, Milei y la nueva derecha continental

Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina no surgieron en contextos de estabilidad. Ambos aparecieron en escenarios marcados por el agotamiento institucional, el malestar económico y la desconfianza hacia las élites tradicionales. Su importancia trasciende las fronteras nacionales porque expresan una transformación más amplia: la comprensión de que la disputa principal ya no se desarrolla únicamente en el terreno económico, sino también en el cultural.

Identidad nacional, seguridad, migración, religión, género, mérito individual y redes sociales se transformaron en campos decisivos de disputa política. Mientras buena parte de la izquierda seguía concentrada en la gestión estatal y la política pública, la nueva derecha comenzó a disputar emociones, símbolos y narrativas. En términos gramscianos, comenzó a disputar hegemonía.

La expansión del bolsonarismo en Brasil, el crecimiento de corrientes conservadoras en Chile, el fortalecimiento de sectores de derecha en Perú o Colombia y la influencia continental del trumpismo forman parte de una misma transformación histórica. No son fenómenos idénticos ni responden a las mismas condiciones nacionales, pero comparten una característica fundamental: nacen de una crisis de representación que los sistemas políticos tradicionales no lograron resolver.

En ese contexto adquieren relevancia episodios como el denominado Hondurasgate. Las denuncias sobre financiamiento político, operaciones digitales, coordinación internacional y estructuras de influencia transnacional no explican por sí mismas la política latinoamericana, pero muestran que la disputa por el poder ya no se libra únicamente en los parlamentos, los partidos o los procesos electorales. También se desarrolla en las plataformas digitales, en los medios de comunicación, en los sistemas de inteligencia y en las redes internacionales de producción de información.

México: la excepción que intenta institucionalizar una hegemonía

Es precisamente aquí donde aparece el caso mexicano. Mientras buena parte de América Latina observa el crecimiento de nuevas derechas, México parece recorrer una trayectoria distinta. La continuidad entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum constituye un fenómeno singular dentro de la región. No porque elimine los conflictos ni porque desaparezca la polarización, sino porque hasta ahora ha conseguido mantener una mayoría política relativamente estable.

La explicación no puede reducirse a la popularidad presidencial ni exclusivamente a los programas sociales. Lo que parece existir es una construcción política más profunda. Desde 2006, López Obrador elaboró una narrativa capaz de explicar el país para millones de personas. La corrupción como mecanismo estructural del poder, la distancia entre élites y ciudadanía, la recuperación de la soberanía nacional y la existencia de una transformación histórica pendiente terminaron convirtiéndose en una identidad política reconocible.

La declaración de Sheinbaum sobre el avance de la ultraderecha introduce un elemento adicional. Morena parece consciente de que las hegemonías no son permanentes. Deben renovarse, actualizarse y defenderse. Quizá por ello adquiere importancia creciente el concepto de Humanismo Mexicano. Más que una definición doctrinaria, funciona como un intento de construir un paraguas ideológico capaz de dar continuidad a la Cuarta Transformación más allá de sus liderazgos fundacionales.

La fórmula combina nacionalismo, justicia social, soberanía, identidad histórica y presencia territorial del Estado. No es casualidad que Morena insista en recorrer comunidades, fortalecer estructuras locales, mantener contacto directo con la ciudadanía y preservar una presencia constante en el territorio. Detrás de esa estrategia existe una comprensión política fundamental: las hegemonías no se conservan desde los escritorios sino mediante una relación cotidiana con la sociedad, particularmente en aquellos espacios donde históricamente el Estado apareció de manera intermitente o únicamente durante los periodos electorales.

Mientras otras experiencias progresistas latinoamericanas enfrentaron dificultades para transformar victorias electorales en identidades políticas duraderas, Morena parece intentar institucionalizar precisamente esa relación. La propia Sheinbaum ofreció una pista al afirmar que México vive una realidad distinta a la observada en otros países donde las derechas avanzan. La afirmación puede discutirse, pero revela una intuición política relevante: la disputa regional ya no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en producir sentido común.

La pregunta que sigue abierta

La pregunta, sin embargo, permanece abierta. ¿México constituye realmente una excepción latinoamericana o simplemente se encuentra en una fase distinta de la misma crisis que atraviesa al continente? Porque incluso si Morena conserva la iniciativa política, los desafíos siguen presentes: relevo generacional, nuevas demandas sociales, inseguridad, transformación tecnológica y fragmentación informativa.

Las generaciones que votarán durante la próxima década no vivieron el conflicto de 2006 ni construyeron su identidad política alrededor del voto por voto. Tampoco experimentaron directamente el viejo régimen priista. La capacidad del Humanismo Mexicano para dialogar con esa nueva realidad será una de las pruebas decisivas para la continuidad del proyecto político surgido de la Cuarta Transformación.

Cuando Claudia Sheinbaum afirma que México vive un fenómeno distinto al avance de la ultraderecha observado en otras partes de América Latina, en realidad está planteando una hipótesis sobre el futuro político de la región. La pregunta ya no es si existe una crisis de legitimidad o una disputa por la hegemonía. La evidencia sugiere que ambas ya están en marcha. La pregunta es cuál de los proyectos en competencia logrará convertir esa crisis en una nueva mayoría social.

Veinte años después del voto por voto, México sostiene que encontró una respuesta. El resto de América Latina sigue buscando la suya.