El gobierno atribuye al entorno global la presión sobre el peso y combustibles, mientras refuerza el discurso de soberanía energética y control inflacionario.
El repunte del petróleo a 115 dólares por barril colocó a México frente a una tensión clásica entre discurso de estabilidad macroeconómica y presión real sobre precios energéticos, en un contexto donde la política económica se mide frente a choques externos.
Claudia Sheinbaum optó por una línea clara: trasladar el origen del problema al conflicto en Medio Oriente y desactivar la narrativa interna que vincula la depreciación del peso con decisiones del Banco de México.
La estrategia no es nueva. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la economía mexicana opera con fundamentos sólidos, respaldados por reservas internacionales y capacidad de inversión, lo que permite absorber choques externos sin alterar la estabilidad estructural.
Sin embargo, el frente más sensible no es el tipo de cambio, sino los combustibles.
El incremento del diésel hasta 30 pesos por litro no responde a un fenómeno aislado, sino a una presión estructural derivada del encarecimiento internacional del petróleo, lo que trasladó costos a toda la cadena energética y evidenció la vulnerabilidad del mercado interno.
La respuesta del gobierno federal se centra en un acuerdo voluntario con gasolineros para ubicar el precio en 28 pesos, una estrategia que privilegia la negociación sobre la regulación directa y que busca evitar distorsiones mayores en el mercado.
Sin embargo, el carácter voluntario del acuerdo introduce un margen de incertidumbre, ya que no todos los concesionarios están obligados a cumplirlo, lo que abre la posibilidad de disparidades regionales y resistencias en la aplicación.
El uso del IEPS como mecanismo de compensación representa una herramienta recurrente en la política energética reciente, aunque su efectividad depende de que los estímulos se reflejen en el consumidor final, lo cual no siempre ocurre en la práctica.
En este contexto, el reforzamiento del monitoreo por parte de Profeco y la incorporación del diésel en sus reportes apunta a una estrategia de presión pública más que de control estructural, en un escenario donde el comportamiento del mercado internacional seguirá determinando el margen de maniobra del gobierno.
En paralelo, el gobierno reactivó el argumento de la soberanía energética.
La refinería Dos Bocas se presenta como prueba de que la política de refinación interna reduce riesgos en un entorno global inestable, especialmente ante posibles interrupciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.
El discurso cumple una doble función. Por un lado, legitima decisiones de inversión energética cuestionadas en el pasado; por otro, refuerza la narrativa de control frente a un escenario internacional adverso.
La clave está en la duración del conflicto. Si los precios del petróleo se mantienen elevados, la presión sobre combustibles y finanzas públicas aumentará, poniendo a prueba la capacidad del gobierno para sostener subsidios sin deteriorar sus balances.
