La acción militar de Estados Unidos en Venezuela no puede entenderse como un hecho aislado ni como una respuesta coyuntural a una crisis política específica, sino como la expresión contemporánea de una lógica estructural del capitalismo imperial en su fase avanzada, donde la fuerza militar funciona como garante último de intereses económicos y geopolíticos.
El pronunciamiento del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, resulta revelador no sólo por su contenido, sino por sus límites, ya que reconoce la violación del derecho internacional y el carácter peligroso del precedente, pero se inscribe en una institucionalidad global diseñada históricamente para administrar, y no desmontar, las asimetrías de poder entre el centro y la periferia del sistema mundial.
Desde esta perspectiva, Venezuela aparece nuevamente como un territorio en disputa dentro de la división internacional del trabajo, no por su sistema político en abstracto, sino por su posición estratégica como país con vastos recursos energéticos y capacidad de autonomía relativa frente a los circuitos tradicionales de acumulación dominados por Estados Unidos y sus aliados.
La acción militar estadounidense refuerza la tesis según la cual el Estado no actúa como árbitro neutral, sino como instrumento de clase, extendiendo esa función al plano internacional mediante el uso de la fuerza para disciplinar proyectos nacionales que, aun con contradicciones internas, desafían la lógica del capital transnacional.
El énfasis del Secretario General en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas revela una contradicción central del orden liberal internacional, ya que las normas jurídicas globales tienden a aplicarse de forma selectiva, mientras las potencias hegemónicas conservan la capacidad material de violarlas sin enfrentar consecuencias proporcionales.
El llamado al diálogo inclusivo y al Estado de derecho, aunque formalmente correcto, omite deliberadamente las relaciones de poder que condicionan cualquier negociación, pues el diálogo bajo amenaza militar no constituye un ejercicio libre de autodeterminación, sino una forma de coerción política encubierta por el lenguaje diplomático.
La escalada en Venezuela confirma que el imperialismo contemporáneo ya no requiere ocupaciones prolongadas, sino intervenciones quirúrgicas que reconfiguren correlaciones de fuerza internas, debiliten al Estado nacional y abran espacio para una rearticulación favorable a los intereses del capital global.
Así, la preocupación expresada por la ONU funciona más como un registro institucional del conflicto que como un freno real a la dinámica imperial, evidenciando que la legalidad internacional opera subordinada a la correlación de fuerzas del capitalismo mundial y no como un contrapeso efectivo frente a la violencia estructural del sistema.
