Cuando Cuauhtémoc Blanco Bravo llegó a la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo hizo sin orden de aprehensión ni orden judicial, pero con el peso simbólico de estar enfrentando una acusación de intento de violación interpuesta por su media hermana. El también diputado federal por Morena, acompañado de su abogada, afirmó haber acudido “de manera voluntaria” para contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Nadie me protege, aquí estoy dando la cara”, declaró.
Blanco insiste en que todo forma parte de una persecución orquestada por el exfiscal Uriel Carmona, destituido por presuntas irregularidades. Según el legislador, la denuncia fue una represalia tras haber denunciado al propio fiscal por extorsión. En sus redes sociales, se presentó como víctima de una “revancha política”, mientras que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró improcedente la solicitud de desafuero enviada por la fiscalía.
La votación en el Pleno de San Lázaro reflejó una alineación política significativa: Morena, el PRI y el PVEM respaldaron el dictamen; el PT se desmarcó. El resultado: Cuauhtémoc Blanco mantiene su fuero, y con él, la inmunidad ante cualquier proceso penal formal. El Congreso decidió que el fondo del caso no era suficiente para retirarle la protección, aunque las voces de quienes exigían justicia señalaron que lo central no era el expediente, sino la gravedad de la acusación.
Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre el caso. Respondió que no conocía los elementos de prueba, pero subrayó que “siempre vamos a apoyar a las mujeres, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este”. Añadió que se debe analizar el contexto en el que fue integrada la carpeta de investigación y que debe revisarse hasta dónde debe llegar el fuero. “Nosotros siempre estuvimos en contra del fuero. Ya el presidente no lo tiene; es momento de debatir si debe mantenerse para legisladores y gobernadores”, señaló.
La denuncia contra Blanco no es un caso aislado ni un simple episodio de pugna política. Ocurre en un país donde la violencia contra las mujeres continúa en niveles alarmantes, y donde el fuero constitucional, lejos de ser una herramienta de protección a la función pública, funciona como un escudo de impunidad. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, criticó que la discusión legislativa se centrara en el posible uso político de la carpeta y no en la voz de la víctima. “Que el exfiscal haya actuado con motivaciones políticas no significa que la denuncia de una víctima deba ser descartada”, escribió.
El nuevo fiscal estatal, Édgar Maldonado Ceballos, ha sido llamado tanto por la presidenta como por organizaciones civiles a revisar el caso con apego a derecho. La fiscalía informó que continuará la investigación, bajo reserva, para evitar mayor politización del proceso. Al mismo tiempo, anunció la intervención de la Visitaduría General, que evaluará cómo fue integrada la carpeta y si hubo omisiones por parte del Ministerio Público.
Dentro del Congreso, el caso dividió a la bancada de Morena. Veintidós diputadas votaron en contra del dictamen, desmarcándose de la línea del partido. Su decisión fue vista como un acto de congruencia, pero también como un desafío a la disciplina interna. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, acusó “guerra sucia” contra quienes votaron a favor y lamentó los ataques a sus compañeras. Pese a las tensiones, sostuvo que no habría represalias y que el grupo había tomado una decisión colectiva con base en los elementos disponibles.
La figura de la denunciante ha estado ausente en el discurso oficial. No ha sido escuchada públicamente ni reconocida en su derecho a la justicia. El silencio institucional frente a su testimonio revela la distancia que existe entre el discurso y la práctica. Incluso con una mujer al frente del Ejecutivo, una víctima de violencia sexual sigue sin acceso real a la justicia cuando el acusado pertenece a las élites políticas.
Mientras el Congreso se protege, la fiscalía investiga con sigilo y el partido en el poder debate si eliminar el fuero o no, una mujer espera que el Estado actúe con imparcialidad y responsabilidad. Pero en México, aún con avances legales y discursos de equidad, la justicia para las víctimas de violencia sigue dependiendo del momento político y no del compromiso institucional.
