Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presentó dos iniciativas de reforma orientadas a mejorar la respuesta institucional frente a la desaparición de personas. Las propuestas modificarán la Ley General de Población y la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, y crearán un nuevo sistema de identidad nacional obligatorio.
Durante una conferencia en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, explicó que las reformas eliminarán el plazo de 72 horas para activar alertas por desaparición. Las autoridades deberán abrir de inmediato una carpeta de investigación y generar alertas en tiempo real desde el momento de la denuncia.
La propuesta central es la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, fotografía y huellas dactilares. Este documento se convertirá en identificación oficial, física o digital, reconocida por todas las instituciones públicas y privadas.
La nueva CURP no sustituirá la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, pero será exigida como documento obligatorio de identidad, incluso para personas menores de edad. Sheinbaum afirmó que la CURP biométrica no tendrá fines electorales.
Ernestina Godoy añadió que los registros que contengan información identificativa deberán integrarse a la plataforma. La obligación alcanza a fiscalías, comisiones de búsqueda, cementerios, crematorios, servicios forenses, instituciones públicas y también a particulares que manejen datos personales: bancos, hospitales, escuelas, empresas de transporte, telecomunicaciones, seguridad social, servicios religiosos y de mensajería, entre otros.
Se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación, donde deberán registrarse todas las denuncias de desaparición desde el primer reporte. Las fiscalías estarán obligadas a capturar la información para mantener registros actualizados, habilitar consultas en tiempo real y generar alertas si la persona está siendo buscada.
Las reformas establecen sanciones económicas a quienes incumplan estas disposiciones. Las multas oscilarán entre diez mil y veinte mil unidades de medida y actualización, lo que equivale a montos entre un millón 131 mil 400 pesos y dos millones 262 mil 800 pesos.
El Banco Nacional de Datos Forenses, administrado por la Fiscalía General de la República, deberá conectarse en tiempo real con la Plataforma Única de Identidad. Las fiscalías estatales y los tribunales locales tendrán que alimentar esta base con información estandarizada y verificable.
Entre los registros obligatorios destacan datos ante mortem y post mortem, alerta Amber, registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, base nacional de información genética, registro de tortura, fosas comunes y clandestinas, sistema de identificación de huellas dactilares y antecedentes criminales.
Las fiscalías deberán fortalecer su estructura con unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga duración, ciberdelitos y atención a víctimas. El personal será evaluado bajo perfiles mínimos definidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y deberá utilizar herramientas tecnológicas como imágenes satelitales y videovigilancia institucional.
El nuevo Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas estará vinculado a todas las plataformas para permitir un cruce automático de información. Su propósito será coordinar la actuación de las autoridades en la localización de personas desaparecidas y no localizadas.
Las reformas también contemplan el aumento de penas para los delitos relacionados con desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
Finalmente, se reforzará a la Comisión Nacional de Búsqueda, con mayor capacidad operativa, más recursos tecnológicos y ampliación de personal. Su función será coordinar búsquedas generalizadas, inmediatas y en campo, además de agilizar los procesos de identificación forense.
