Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la entrada en vigor de un arancel del 25 por ciento a todas las importaciones realizadas por países que mantengan compras de petróleo o gas venezolano, como parte de una ofensiva comercial y migratoria contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El mandatario calificó la medida como un arancel secundario, y detalló que aplicará a cualquier transacción comercial con Estados Unidos de países que adquieran hidrocarburos de Venezuela. La disposición entrará en vigor el 2 de abril, y forma parte de una estrategia para aumentar la presión internacional sobre el régimen venezolano.
Trump justificó su decisión con acusaciones directas hacia Caracas. Aseguró que Venezuela ha enviado “decenas de miles” de migrantes a Estados Unidos, entre los cuales identificó a presuntos criminales de alto nivel, algunos de ellos pertenecientes al Tren de Aragua, grupo que su gobierno catalogó como organización terrorista extranjera.
“Venezuela ha sido muy hostil a los Estados Unidos y a las libertades que propugnamos”, escribió en su red Truth Social. “Ha enviado a propósito y con engaños a criminales, asesinos y personas violentas. Estamos en el proceso de devolverlos a Venezuela, es una gran tarea”, señaló.
El Tren de Aragua es una organización nacida en cárceles venezolanas, acusada de cometer delitos en diversos países de América Latina. Aunque Trump mencionó la supuesta infiltración de sus miembros entre migrantes, no presentó pruebas públicas que sustenten los señalamientos.
En respuesta, el presidente Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y calificó la política de Trump como una crueldad indignante. Llamó a los migrantes venezolanos a regresar y denunció que muchos han sido deportados esposados y humillados, lo cual comparó con las prácticas del nazismo.
“¿Quién pidió estas medidas contra la migración venezolana? Ustedes saben quién. Es una narrativa similar a la de los nazis contra los judíos, con el secuestro de estos jóvenes trabajadores. No tiene nombre, eso se llama crueldad, injusticia”, expresó Maduro en un mensaje público.
Mientras tanto, en Washington, un juez federal confirmó una orden que impide al gobierno estadounidense expulsar a migrantes venezolanos y de otras nacionalidades señalados como presuntos miembros de pandillas. La administración Trump apeló la medida, pero la impugnación fue rechazada.
La resolución judicial prohíbe vuelos de deportación, como el registrado el 15 de marzo a El Salvador, que transportó a migrantes venezolanos y salvadoreños. Las autoridades tienen prohibido realizar nuevos traslados bajo esos términos.
En el plano comercial, Trump anunció además la imposición de aranceles recíprocos a productos de países que ya aplican gravámenes a exportaciones estadounidenses. Las tarifas incluirán automóviles, madera, microchips y productos farmacéuticos, según detalló.
Durante un acto en la Casa Blanca, el republicano declaró que estos aranceles entrarán en vigor también el 2 de abril, fecha que denominó como el “Día de la Liberación” para la economía estadounidense, y prometió que revertirá el déficit comercial de su país, el cual cifró en 1.2 billones de dólares.
El anuncio coincidió con la confirmación de una inversión de 21 mil millones de dólares por parte del grupo surcoreano Hyundai Motor, destinado a la construcción de una planta siderúrgica en Luisiana, lo que Trump atribuyó al éxito de su política arancelaria.
“Cuando se fabrica en Estados Unidos, no se pagan aranceles”, señaló el presidente, y adelantó que podrían excluirse algunos países de las tarifas recíprocas, aunque no detalló cuáles. “Podríamos ser incluso más amables. Hemos sido amables con muchos países durante mucho tiempo”, dijo.
Respecto a Venezuela, la medida golpeará a países como China, que, según datos de Reuters, importó en febrero un promedio de 503 mil barriles diarios del total de 934 mil exportados por PDVSA y sus socios. Esto representa más del 50 por ciento de las exportaciones venezolanas.
Ese mismo día, el Departamento del Tesoro estadounidense aprobó la extensión hasta el 27 de mayo de la Licencia General 41B, que permite a la petrolera Chevron mantener operaciones limitadas en Venezuela. La autorización permite liquidar transacciones previas sin pagar impuestos al gobierno venezolano ni distribuir dividendos a PDVSA.
En paralelo, quedó vigente la orden del 4 de marzo que ordenaba la liquidación de las operaciones de Chevron para el 3 de abril. Sin embargo, el nuevo plazo dio un respiro temporal a la empresa estadounidense.
Las medidas recientes marcan un nuevo escalón en la política de presión de Trump contra Maduro, combinando restricciones migratorias, bloqueos económicos y sanciones a socios energéticos. La aplicación de aranceles secundarios a países terceros es una práctica rara en América Latina, pero común en el caso de Irán y Corea del Norte.
La política ha generado advertencias sobre posibles controversias en la Organización Mundial del Comercio, y aún ningún gobierno extranjero ha confirmado cambios en sus acuerdos energéticos con Venezuela.
