El Senado, en una votación de 81 a favor y 36 en contra, resolvió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no está obligada a retirar la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como lo había ordenado Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Novena de Distrito en Veracruz.
La decisión surgió a raíz de una solicitud realizada por Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, para aclarar si la mandataria debía cumplir con la eliminación de la publicación. La cámara alta respondió que no existía tal obligación.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, argumentó que la publicación del decreto fue ordenada por el Constituyente Permanente, y que el Poder Ejecutivo Federal actuó en consecuencia directa de sus atribuciones, las cuales son excepcionales. Señaló que el decreto está protegido por el principio de “integridad e inalterabilidad” del DOF, según lo establecido en su artículo séptimo bis.
Por otro lado, la oposición criticó duramente la postura del Senado. Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó que el Legislativo busque “lavarle la cara” a la presidenta, considerando su actuar como un claro desacato a lo ordenado por la jueza Juárez. “Aquí están incumpliendo con un mandato del Poder Judicial”, expresó, reprochando la intención de trasladar la responsabilidad al Congreso.
Carolina Viggiano, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se sumó a las críticas, asegurando que Ernestina Godoy no tenía facultades para solicitar al Senado que desobedeciera una orden judicial. “Es la manera de torcer la ley para no cumplir con un mandato de una jueza”, afirmó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también reprobó la decisión, argumentando que su partido no convalidaría un desacato. Además, hizo un llamado a detener el hostigamiento hacia el Poder Judicial. “Ya hicieron su reforma sobre las rodillas, ahora háganse responsables”, declaró.
Finalmente, la respuesta del Senado fue enviada de inmediato a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, reiterando su postura de no obligar a la presidenta a eliminar el decreto del DOF.
