La presidenta Claudia Sheinbaum se negó a acatar la orden de la jueza federal Nancy Juárez Salas, quien exigió retirar la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La jueza había dado 24 horas para cumplir con su resolución, dirigida tanto a Sheinbaum como a Alejandro López, director del DOF. En respuesta, la mandataria anunció que presentará una denuncia contra la jueza.
Sheinbaum argumentó que Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, no tiene atribuciones para ordenar esa acción, además de que el mandato carece de fundamento jurídico. “Una juez no está por encima del pueblo de México”, declaró. Añadió que la orden es competencia del Poder Legislativo, ya que es este órgano el que instruye al presidente para publicar leyes en el DOF.
Sheinbaum defendió la legalidad del proceso legislativo que llevó a la publicación de la reforma. Según ella, el cambio constitucional es el resultado de la voluntad del pueblo de México, expresada en las elecciones del 2 de junio de 2024. En ese sentido, destacó que su gobierno no permitirá que la publicación sea retirada y, además, buscará que no quede en la impunidad el proceder de la jueza.
“No queremos que quede en la impunidad, que haya un antecedente de que una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de un cambio constitucional”, afirmó la presidenta. La denuncia se presentará ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Por otro lado, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, confirmó que respaldarán la presentación de la denuncia contra la jueza. Godoy sostuvo que la orden emitida carece de sustento jurídico y señaló que el gobierno defenderá la publicación de la reforma ante el Consejo de la Judicatura Federal.
La decisión de Sheinbaum de mantener la reforma en el DOF forma parte de una estrategia para asegurar la continuidad de los cambios al Poder Judicial, los cuales han sido objeto de controversia desde su aprobación. La reforma, impulsada por el actual gobierno, pretende reestructurar el sistema judicial mexicano, generando fuertes debates tanto en el ámbito legal como político.
De acuerdo con los opositores a la reforma, esta legislación amenaza la autonomía judicial. Por su parte, el gobierno de Sheinbaum la defiende como una respuesta a la demanda popular de transformar el Poder Judicial, acusando a algunos jueces de obstruir el mandato democrático.
El caso ha generado tensiones en el país, y la denuncia contra la jueza Juárez Salas podría escalar la confrontación entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial. Aunque el Consejo de la Judicatura Federal será el encargado de analizar la denuncia, la controversia sigue en desarrollo, con implicaciones legales y políticas de gran relevancia para el futuro del sistema judicial en México.
El conflicto podría derivar en un nuevo choque de poderes en el que se cuestionará el alcance de las decisiones judiciales sobre actos del Ejecutivo.
