Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la inclusión del veto de los poderes de la Unión sobre las listas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, la bancada de Morena en el Senado eliminó esta propuesta de las reformas a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y la Ley de Medios de Impugnación. Dichas leyes, que serán clave para la elección de jueces y magistrados el 1 de junio de 2025, ahora regresarán a su redacción original.
Durante la discusión en el pleno, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, confirmó la eliminación del derecho a veto, destacando que el partido apoya un proceso democrático y transparente en la elección de jueces, magistrados y ministros. “No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes (…) Nosotros estamos a favor de que haya un proceso democrático electivo de jueces, ministros y magistrados”, declaró Mier.
El legislador añadió que solicitarán que el artículo 500 numeral 8 de las reformas regrese a los términos originales, eliminando cualquier posibilidad de intervención de los poderes en la selección de los aspirantes.
Posteriormente, Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena, aclaró en entrevista que la decisión fue fruto de un consenso dentro del grupo parlamentario. Negó que la modificación hubiera sido resultado de instrucciones de Palacio Nacional. “No, aquí no hay línea. Nosotros somos respetuosos, es parte del proceso legislativo, lo reflexionamos, lo debatimos, lo discutimos al interior del grupo, y acordamos la presentación de reservas”, explicó López Hernández.
La presidenta Sheinbaum había expresado públicamente, durante su conferencia matutina, su rechazo a la inclusión del derecho de veto en la reforma judicial. Con esta postura, reafirmó su compromiso con la transparencia en la elección de las personas juzgadoras y su postura crítica ante cualquier intento de intervención política en estos procesos.
La reforma judicial, que ya generó amplios debates, busca clarificar los procedimientos para elegir jueces y magistrados a través de comités de evaluación, a fin de garantizar un proceso democrático y abierto. El nuevo modelo será implementado en la elección programada para junio de 2025, donde se prevé una mayor participación ciudadana en la designación de quienes integrarán el Poder Judicial.
