El Senado de la República aprobó, en comisiones, las reformas a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y la Ley de Medios de Impugnación que permitirán la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025. Estas modificaciones, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan establecer el marco legal para una nueva modalidad de elección de los integrantes del Poder Judicial, que no está contemplada en la Constitución.
Las reformas incluyen nuevas reglas para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice estos comicios, asegurando que los procesos electorales sean accesibles y participativos. Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, defendió las iniciativas, argumentando que la participación ciudadana en la elección del tercer poder contribuirá a la consolidación democrática del país.
Comités evaluadores
Una de las innovaciones clave es la creación de comités evaluadores en cada uno de los tres poderes de la Unión. Estos comités, conformados por cinco expertos en derecho y respetando la paridad de género, serán responsables de revisar las candidaturas y seleccionar a los mejores perfiles. Las convocatorias para inscribirse en el proceso se publicarán 15 días después de la instalación de los comités, y los aspirantes tendrán que cumplir con requisitos de elegibilidad y participar en entrevistas públicas.
El proceso culminará con la selección de finalistas, quienes serán elegidos a través de un sistema de insaculación pública. El Senado será el encargado de emitir la convocatoria general para la elección, y los listados finales de los candidatos deberán enviarse a más tardar el 1 de febrero de 2025.
Críticas de la oposición
La oposición manifestó su inconformidad con la rapidez con la que se procesaron estas reformas. Néstor Camarillo, del PRI, denunció el “fast track” en la aprobación de las iniciativas. Señaló que no hubo tiempo suficiente para debatirlas a profundidad, ya que las propuestas fueron presentadas el lunes y serán votadas en el pleno apenas dos días después. Según Camarillo, la trascendencia de estas reformas requiere un debate prolongado para garantizar que se tomen en cuenta todas las implicaciones.
INE, encargado de organizar los comicios
El dictamen establece que el INE será responsable de la organización y supervisión de estas elecciones, con un enfoque en garantizar la equidad y la transparencia. Entre sus funciones destacan la aprobación del modelo de boletas, la distribución de tiempos en radio y televisión, y la prohibición de financiamiento público o privado para las campañas de los candidatos. Además, el INE vigilará que ningún servidor público o partido político realice proselitismo en favor o en contra de algún aspirante.
El Senado ha enviado el dictamen a la Mesa Directiva para su discusión y votación en la sesión de este miércoles. Si se aprueba, el proceso electoral avanzará conforme al cronograma previsto, que incluye la emisión de convocatorias el 16 de octubre de 2024 y la elección el 1 de junio de 2025.
Fechas clave del proceso
Entre las fechas más importantes del proceso destacan las siguientes:
- 16 de octubre de 2024: Emisión de la convocatoria general por el Senado.
- 31 de octubre de 2024: Instalación de los comités evaluadores.
- 4 de noviembre de 2024: Publicación de convocatorias para la ciudadanía interesada.
- 15 de diciembre de 2024: Verificación de requisitos por los comités.
- 31 de enero de 2025: Entrevistas públicas a los aspirantes.
- 7 de febrero de 2025: Los poderes de la Unión enviarán los listados depurados al Senado.
El resultado de estas reformas será histórico, pues por primera vez los ciudadanos podrán elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial en México.
