Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron, con 25 votos a favor y 10 en contra, la reforma que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La propuesta modifica 12 artículos de la Constitución y otorga nuevas facultades investigativas a la Guardia Nacional, que ahora dependerá de la Sedena.
El dictamen aprobado indica que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública, permanente, profesional y formada por personal militar con preparación policial. Esta fuerza será responsable de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con la facultad de investigar delitos, en coordinación con el Ministerio Público y bajo su mando.
La senadora Ernestina Godoy, de Morena, rechazó que esta reforma implique la militarización de la Guardia Nacional, argumentando que las reformas mantienen el control civil y garantizan el respeto a los derechos humanos. “Aunque existen preocupaciones sobre la militarización parcial, las reformas constitucionales garantizan un control civil”, afirmó, agregando que el contexto actual de inseguridad justifica esta medida.
Por otro lado, Luis Donaldo Colosio Riojas, del Movimiento Ciudadano, criticó duramente la reforma. En su opinión, el cambio es “el último clavo al ataúd de la seguridad civil en México” y advirtió que la militarización no es la respuesta para resolver la crisis de violencia. “No vamos a normalizar la presencia militar en las calles como una solución”, señaló.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se opuso a la reforma. La senadora Carolina Viggiano expresó su preocupación por el aumento del control militar en áreas que deberían estar bajo mando civil. “Es alarmante ver cómo aquellos que antes se oponían a la militarización ahora la promueven”, aseguró. Añadió que el PRI se mantendrá firme en su postura de evitar una militarización indiscriminada que ponga en riesgo las libertades democráticas.
En la misma línea, Marko Cortés, senador del Partido Acción Nacional (PAN), subrayó que la militarización no ha logrado reducir la violencia. “Militarizar no ha sido la solución, y sólo ha provocado más muertos y violencia”, afirmó.
El dictamen también otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que regulen y establezcan los requisitos para la participación del Ejército, la Armada de México y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública e interior.
Además, se menciona que el comandante de la Guardia Nacional deberá ostentar el grado de general de División, y su designación será propuesta por la Sedena y aprobada por el presidente. En caso de que no haya personal con la formación requerida, se recurrirá a un general del Ejército capacitado en seguridad pública.
El personal proveniente de la extinta Policía Federal será adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, manteniendo sus derechos laborales. Asimismo, los recursos presupuestarios y financieros necesarios para la operación de la Guardia Nacional serán transferidos a la Sedena.
Por su parte, el personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional continuará integrado en la misma, de acuerdo con los convenios de colaboración entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva del Senado para su discusión en el pleno durante la sesión ordinaria del próximo miércoles. La aprobación definitiva dependerá del voto mayoritario de los legisladores, en un debate que promete ser acalorado debido a las posturas encontradas sobre la militarización del país.
