El Senado de la República, a través de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, aprobó de manera unánime el dictamen que reforma la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El dictamen, que modifica el artículo 2° de la Carta Magna, reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, se enfoca en garantizar los derechos de los menores indígenas y afromexicanos, respetando sus identidades culturales.
Los grupos parlamentarios expresaron sus posiciones respecto a la importancia y los retos que plantea esta reforma. Edith López Hernández, senadora de Morena y de origen indígena, destacó el largo camino de lucha para alcanzar este reconocimiento. “Durante décadas, nuestras comunidades han padecido promesas vacías y represión”, afirmó. También señaló que la reforma significa un avance crucial para garantizar la autodeterminación y los derechos colectivos de estos pueblos, resolviendo una “deuda histórica” que el país tiene con ellos.
El panista Ricardo Anaya hizo énfasis en la necesidad de implementar acciones afirmativas que generen igualdad sustantiva para los pueblos indígenas. Anaya señaló que la reforma debe traducirse en mejoras tangibles en áreas como la educación y la reducción de la pobreza extrema, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. “Si queremos cambiar la realidad, debemos enfocarnos en la implementación y en acciones afirmativas”, comentó, subrayando las desigualdades educativas y económicas que enfrentan estos pueblos.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, reconoció que la reforma busca justicia y la visibilización de las comunidades históricamente marginadas. En su intervención, mencionó la importancia de garantizar un trato diferenciado para que las comunidades indígenas y afromexicanas tengan pleno acceso a sus derechos, tanto individuales como colectivos.
Desde el PRI, Néstor Camarillo Medina afirmó que esta reforma no solo representa un reconocimiento simbólico, sino un cambio sustantivo en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. “Ellos son quienes mejor conocen sus territorios y costumbres; su voz debe ser escuchada”, subrayó, destacando el derecho de estos pueblos a la autodeterminación.
La reforma establece el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus representantes y a organizar sus formas de gobierno interno conforme a sus sistemas normativos, sin limitar sus derechos político-electorales. Asimismo, garantiza la preservación de sus culturas, lenguas y sistemas educativos basados en sus propios métodos de enseñanza.
Uno de los aspectos fundamentales de la reforma es el fomento del desarrollo de la medicina tradicional, la alimentación biocultural y la protección de los lugares sagrados. También asegura el reconocimiento del trabajo comunitario, una de las prácticas más importantes de las comunidades indígenas.
Otro punto clave es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre las medidas que puedan afectar su vida o su entorno. La reforma asegura que estas consultas sean realizadas de buena fe y que las comunidades reciban asistencia jurisdiccional adecuada.
En el ámbito económico, la reforma establece que las autoridades deberán asignar partidas presupuestales específicas para los pueblos indígenas, las cuales serán administradas y ejercidas por ellos conforme a la ley. Además, permite que las comunidades impugnen decisiones que las afecten a través de los cauces legales correspondientes.
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva del Senado para ser discutido y votado en el pleno en la próxima sesión.
