Israel Mendoza Pérez | @imendozape
Con la soberbia al autoproclamarse la primera fuerza de oposición en los tiempos de la cuatroté, el panismo de Marko Cortés, le da una “jerarquía ficticia” sobre el PRI y PRD para encabezar la candidatura presidencial rumbo a 2024 y mantener una marcada distancia del tema de gobierno de coalición.
Mientras la discusión de construir una candidatura sólida, para pelearle a Morena la Presidencia de la República de manera competitiva, les roba la atención a los integrantes de la alianza Va por México, la construcción de un gobierno plural está en un debate de segundo plano.
Los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano, van por un camino de consolidación de posiciones y reacomodo de fuerzas al interior de cada partido para llegar los menos afectados por sus decisiones a la contienda histórica de 2024. El tema de un gobierno de coalición está en párvulos para ellos y para el PAN es casi nulo.
En estos momentos, hay esbozos de mantener la alianza hasta el próximo año; sin embargo, los partidos están en la búsqueda del botín electoral y se carece de un proyecto de gobierno de coalición, a final de cuentas, la agenda de la sociedad es la que debe sumar y aglutinar para ver lo que se debe rescatar después del paso de la cuatroté, en caso de ganar los comicios del próximo año.
Y es que se requieren nuevos esquemas de gobiernos, un nuevo régimen político y que se puedan reglamentar los gobiernos de coalición, no se trata solamente de una continuación de compromisos para ir juntos en una coalición electoral, es necesario definir compromisos establecidos claramente para la creación de una coalición.
Hasta el momento, no existe la figura de los gobiernos de coalición y el establecimiento de esta figura como la expresión de un nuevo régimen político. A final de cuentas, lo que carece la alianza es la definición de un proyecto y compromisos transparente; así como de un mecanismo de democratización del poder público y de distribución de responsabilidades para la construcción de un modelo de gobierno.
Lo que se requiere y exige el gobierno de coalición es la integración desde la presidencia, los legisladores y partidos que lo conforme. Además, de la suma de la ciudadanía como base para la creación de un proyecto de este tipo.
En términos prácticos, se requiere regular la facultad del Presidente de la República de optar, en cualquier momento, por conformar un gobierno de coalición con uno o más partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
Al tiempo que se requiere tener las bases de un sistema electoral, sólido para conformar una alianza legislativa, en la que se acuerde no apoyar iniciativas de ley o gestiones presupuestales que sean contrarias a los acuerdos formales del gabinete del gobierno de coalición. Tarea que se ve titánica, ante el cúmulo de intereses de los dirigentes actuales de los tres partidos. El primer acercamiento a un modelo de este tipo se intentó en el año 2000 con Vicente Fox, pero al final ni se consiguió un gobierno de coalición y plural, ni es el mismo escenario de hartazgo hacia un partido.El documento modificado por los diputados abarca la vigencia de las concesiones mineras, en la iniciativa original se planteaba que fuera por 15 años con una sola prórroga por 15 años, siempre y cuando las industrias cumplieran con todas sus obligaciones; la medida aprobada acuerda una vigencia de 30 años, más dos prórrogas de 25 años, que sumarían hasta ocho décadas.
En la medida a aprobar “se pierde el tema de la exploración reservada para el Estado y se permite mediante convenios exploraciones por cinco años a particulares, quienes ahora pueden obtener la concesión si ofrecieran 90 por ciento de la propuesta más alta, lo cual contribuye a la especulación, si bien se evita la transferencia de las concesiones entre particulares”.
Respecto de las contraprestaciones la proposición presidencial disponía que las empresas deberían aportar diez por ciento de sus utilidades, en tanto que la aprobada lo reduce, detalló.
Sobre el agua, la concepción inicial determinaba que las licencias durarían cinco años, y si se estaba sobreexplotando una zona con estrés hídrico era factible revertirlas, mientras en la aprobada, “ante la oposición de las industrias, se homologa la concesión minera con la del agua, con lo cual se volvió a los abusos ya existentes”.
En cuanto a las concesiones del líquido de laboreo, en la iniciativa original el recurso que la empresa tiene derecho a usar en su terreno para lixiviaciones requería un permiso y pagos de derecho, pero en las modificaciones aprobadas sólo se precisa dar aviso a las autoridades y pagar por el uso, una vez que haya sido evaluado por la Comisión Nacional del Agua.
Sobre el acaparamiento del bien hídrico, la versión original proponía que podía concesionarse un tope de 30 por ciento del agua disponible de la cuenca, pero en la resolución sancionada no se asienta un tope de porcentaje.
Acerca de la ocupación temporal de las tierras se instituye que es un derecho del concesionario cuya compensación será estipulada por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, con lo que la empresa ya no tendrá que dialogar con las comunidades.
En la propuesta del Ejecutivo se planeaba que las mineras tendrían que hacer el desmonte de las presas de jales contaminadas después de 365 días, pero ahora sólo lo harían si la autoridad advierte riesgos.
Si bien la iniciativa sancionada por los Diputados ha sido limitada, sigue siendo conveniente para México, puesto que es mejor contar con una legislación que acote la actividad de las mineras que han afectado a la población y han dañado el medio ambiente, precisó la profesora de la Casa abierta al tiempo.
