El caso de los eperristas desaparecidos Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya se convirtió en la primera prueba para la cuatroté y su fuerza militar de mostrar sensibilidad ante un caso de desaparición forzada cometida hace 15 años.
En lo que se califica como la extensión de la “guerra sucia” en los tiempos del expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el actual general secretario, Luis Crescencio Sandoval, tiene que abrir los cuarteles y lo que disponga la Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los luchadores sociales.
Con la actual sentencia y primera mesa de diálogo entre autoridades y familiares de los activistas desaparecidos, la orden de que sean abiertos los cuarteles militares con el objetivo de encontrar a los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde 2007 abre una ventana de justicia y sienta un precedente histórico para los casos de desapariciones forzadas en la actualidad.
Y es que, de acuerdo con las versiones de testigos oculares y las investigaciones, el encargado del hotel “El Árbol” comentó que unos militares entraron a detener a unas personas que tenían armas en su cuarto. Para el 26 de mayo el gobernador Ulises Ruiz ya tenía información de que habían sido detenidos integrantes destacados del EPR. Así tanto, la procuraduría local, encabezada, en ese momento, por Evencio Nicolás y efectivos del Ejército, hicieron trabajo de contraespionaje tras la detención de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
El 24 de mayo de 2007, aproximadamente a las 11:30 horas, elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la VII Región Militar, ubicada en Ixcotel, Oaxaca, y de otras autoridades policiales, realizaron un operativo conjunto en el hotel “del Árbol”, en la colonia centro de la Ciudad de Oaxaca. En dicho operativo, Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos por servidores públicos, entre ellos de la Sedena para ser traslados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la postre ser trasladados al Campo Militar número 1 por miembros del Ejército Mexicano.
En esas instalaciones serán las primeras a las que deberá dar acceso el secretario Luis Crescencio Sandoval. A final de cuentas, el Ejército participó en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, y como tal debe reconocer su responsabilidad histórica como institución.
Por ello, es necesario que la Sedena proporcione toda la información requerida por la FGR, a fin de que se pueda citar a comparecer a elementos del Ejército que estuvieron en funciones en mayo del 2007 para que informen sobre lo sucedido en el caso de la desaparición forzada y a su vez otorgar todas las facilidades para que la comisión especial pueda realizar las diligencias de búsqueda en instalaciones militares y cualquier dependencia que se considere necesaria.
Crescencio Sandoval debe dar las facilidades para que se tome declaración de los mandos militares que hubieran estado en funciones en 2007, en Oaxaca a fin de dilucidar su posible participación en la desaparición forzada de o incluso a efecto de indagar el paradero de Alberto Cruz y Edmundo Reyes que, si de alguna declaración se desprende información que inclusive, deje entrever el uso de instalaciones militares para el ocultamiento los integrantes del EPR.
