Jorge Lofredo

Los nuestros vuelven a ser
tiempos de miedo.

Zygmunt Bauman, Miedo líquido

En la primera declaración política oficial emitida sobre la guerrilla, al menos desde 1994, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del boletín N° 331/07 del 7 de diciembre, reconoció al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y su «campaña de hostigamiento» como una amenaza hacia «los mexicanos y sus instituciones». El contenido del más reciente comunicado eperrista (que no será el último) subraya la continuación de actividades militares y junto a la inminencia de un posible ataque el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) decidieron la necesidad del texto gubernamental.

Delinea el texto de la SEGOB el carácter que esta amenaza representa: no se trata de un problema de seguridad nacional sino de seguridad interior. Políticamente, traza una distancia entre los medios y la demanda del grupo armado con el pueblo, equivalente a quitarle el agua al pez: «campaña de hostigamiento contra el pueblo de México» es la respuesta que establece ante «el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular», suscripto por el EPR. Otorga reconocimiento a su existencia clandestina, mencionándolo por sus siglas, más no así a sus causas ni razones. Inherente a cualquier poder político, no admite el cuestionamiento antisistémico.

El desarrollo de este proceso deslegitimador niega además el reconocimiento de las otras organizaciones político-militares mexicanas (que no son mencionadas en el boletín ni tampoco fue considerado uno de igual tenor al momento de los explosivos detonados en el DF en noviembre de 2006, a pesar de sus repercusiones). Ya como terroristas, anulándole cualquier reivindicación social, mercenarias, donde se las vincula con fenómenos diferenciados a los que expresan (partidos políticos, narcos, delincuencia organizada, organizaciones criminales, gobierno federal, etcétera), o como un problema que se acota a una cuestión dinástica entre clanes familiares (mafias), se relega a un segundo plano la crítica sobre de la viabilidad de los diferentes proyectos armados existentes. ( Excélsior, 18 de noviembre.) En tanto, los escritos que las otras agrupaciones dieron a conocer el 2 de diciembre –por los 33 años de la muerte de Lucio Cabañas– no enarbolaron el reclamo por los desaparecidos como consigna principal: un silencio significativo y similar al precedente, aunque ahora en otros términos, que sólo era ocupado (casi con exclusividad) por los textos del EPR, fundamentalmente desde el 25 de mayo; lo que parece indicar, al menos desde ese aspecto, el retorno a los vínculos y diferencias habituales entre éstas.

Definido el grupo armado exclusivamente por sus acciones militares, se deslegitima su razón política y lo configura no como adversario sino como enemigo. Lo ubica en la difusa línea que existe entre la subversión, como guerrilla romántica y reducida al papel de la denuncia radical, pues se expresa sólo a través de comunicados, y el terrorismo, mediante «actos de sabotaje». La construcción de este enemigo no es sino la constitución del otro, a partir de una única definición que se impone sobre aquel. Y ante la polarización (espacio indispensable para exacerbar distintos fanatismos) agudizada por la existencia de un otro, el EPR corporiza el enemigo necesario que demanda esta guerra iniciada con los operativos conjuntos, anunciada desde el inicio de la actual administración federal.

El plan México (o iniciativa Mérida), como continuidad y fusión del Plan Puebla-Panamá y los operativos, es el contexto económico y de seguridad militar más acabado donde se redefinen los términos de legalidad y legitimidad. En esta instancia, hay interrogantes que son válidas: ¿será el EPR el nuevo terrorismo mexicano, a la vez excusa y coartada fundamental y necesidad política primaria para instalar en México un estado de excepción permanente?; ¿es el plan México un instrumento donde se despojen a los ciudadanos de los derechos básicos y elementales en nombre de la seguridad continental?; ¿opera el EPR en zonas liberadas creadas ex profeso o es funcional a estas circunstancias?

En su libro Estado de excepción (2003), Giorgio Agamben destaca «la tendencia moderna de hacer coincidir la emergencia político-militar y la crisis económica». Esa redefinición predomina en las prioridades de la decisión gubernamental: «en todas las democracias occidentales, la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno.» Por ello, a l restarle toda legitimidad al EPR, ya que la ilegalidad es intrínseca en organizaciones de este tipo, también se la niega a las denuncias semejantes que organizaciones no clandestinas, tampoco radicales, ni decididas por la vía armada sostienen en cuanto a «la criminalización de la protesta social». El eperrismo, por su parte, también ha llevado a cabo una continua denuncia política que procura deslegitimar e ilegalizar al gobierno mexicano, aún desde antes de la elección presidencial, pero no fue sino hasta las explosiones en PEMEX cuando este proceso mutuo de descalificación extrema y crítica radicalizada se ha profundizado. Y así continúa.

Investigador
Centro de Documentación
de los Movimientos Armados
www.cedema.org

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Publicado por Sr. nagual para La guarida del nagual el 12/13/2007 11:27:00 PM