Ocho personas fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares en el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Entre los imputados se encuentra Eduardo Daniel “N”, identificado como presunto reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien junto con los demás acusados ya enfrenta otros cinco procesos judiciales. Esta nueva vinculación refuerza las acusaciones por su presunta participación en una red de desapariciones forzadas operada desde el predio.
Los otros siete detenidos son Gustavo Ángel “N”, Kevin Martínez “N”, Luis Alberto “N”, Juan Manuel “N”, Armando “N”, Ricardo Augusto “N” y Erick “N”. Todos fueron aprehendidos el 18 de septiembre de 2024 durante un cateo encabezado por elementos de la Guardia Nacional, cuando se ingresó al rancho tras un enfrentamiento con civiles armados. Según la Fiscalía de Jalisco, los ocho permanecerán en prisión preventiva por un año mientras se desarrollan los juicios respectivos.
La audiencia judicial que confirmó la vinculación ocurrió el martes 27 de mayo, a raíz de una nueva denuncia presentada por una víctima directa, cuyo testimonio fue clave para ampliar las imputaciones. El Rancho Izaguirre, señalado por colectivos como un centro de adiestramiento criminal, se convirtió en evidencia crucial en la investigación luego de que, en marzo de 2025, Guerreros Buscadores de Jalisco reportara el hallazgo de más de 200 pares de zapatos, mochilas, libretas, ropa y restos humanos.
La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó que esta sexta carpeta no sólo acumula indicios sólidos, sino que se suma a una estructura de casos que involucra delitos de alto impacto. Además de los ocho detenidos, las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación que apuntan a una red más amplia, en la que ya figura el ex presidente municipal de Teuchitlán, José “N”, procesado desde el 10 de mayo por omisión y delincuencia organizada.
A esto se agrega una pesquisa interna por presuntas irregularidades cometidas por 13 peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y varios agentes ministeriales, quienes habrían incurrido en omisiones durante los peritajes practicados en el rancho el mismo día del operativo. Estos funcionarios podrían haber encubierto o minimizado evidencias clave, situación que ha provocado indignación entre colectivos de familiares de víctimas.
La Fiscalía estatal explicó que, aunque diez personas fueron detenidas inicialmente en el caso, no todas han sido señaladas por las víctimas, por lo que las imputaciones se dirigen actualmente contra este primer grupo de ocho. La presión social y las pruebas encontradas han convertido el caso del Rancho Izaguirre en uno de los expedientes más relevantes sobre desaparición forzada en el occidente del país. Las autoridades prometieron que continuarán las diligencias para identificar a más responsables y esclarecer el paradero de las víctimas.
