El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, ratificó la suspensión condicional del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), acusado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, a raíz del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y al menos 28 resultaron heridos.
Por unanimidad, los magistrados consideraron “inoperante” e “infundada” la impugnación promovida por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, representante de ocho víctimas del caso. Esta organización había cuestionado la legalidad de la audiencia celebrada en enero, donde el juez de control Víctor Manlio Hernández Calderón concedió a Garduño la suspensión condicional como salida alterna al juicio.
La defensa de las víctimas alegó que aún estaban en curso amparos interpuestos por familiares y que la audiencia debió posponerse. También objetó que la reparación del daño se haya financiado con recursos públicos, en lugar de los fondos personales del imputado, al considerar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había identificado violaciones graves a derechos humanos en el caso.
El magistrado Octavio Pineda Toribio, encargado del proyecto aprobado por el pleno, señaló que la audiencia se sustentó en una suspensión previa otorgada a Garduño en un juicio de amparo. Argumentó que la falta de sentencia condenatoria no impedía aplicar una solución alterna al proceso penal. Aclaró que el origen de los recursos utilizados para reparar el daño no afectaba su validez jurídica.
Según datos presentados en audiencia, el Estado mexicano autorizó una bolsa de 300 millones de pesos para indemnizar a todas las víctimas. El tribunal reconoció que ya se habían cubierto reparaciones a 35 familias. Pineda Toribio justificó que la magnitud del monto hacía inviable su cobertura individual por Garduño, y que su papel institucional fue clave para concretar el pago.
Entre las condiciones impuestas para mantener la suspensión figuran: mantener residencia fija, ofrecer una disculpa pública, tomar cursos de derechos humanos y protección civil, así como supervisar las condiciones en los centros migratorios. La disculpa pública está prevista para el 16 de abril.
La Fundación para la Justicia sostuvo que se omitió considerar el contexto de violaciones sistemáticas contra migrantes y la responsabilidad institucional del INM. Advirtió que el uso de mecanismos alternos sin una evaluación integral deja sin justicia penal a las víctimas y anunció que acudirá a instancias nacionales e internacionales.
El tribunal reiteró que la prioridad legal es garantizar la reparación del daño. Afirmó que el mecanismo utilizado cumplió con los requisitos y rechazó que la oposición de algunas víctimas pudiera invalidar el acuerdo.
Familiares de las víctimas han manifestado inconformidad. En una carta pública difundida en marzo, denunciaron abandono institucional y demandaron castigo para los responsables. “Lo que pido es que se haga justicia, que este hecho no se repita”, expresó una madre afectada.
El incendio de marzo de 2023 se originó dentro de las instalaciones del INM, donde personas migrantes se encontraban bajo custodia. La tragedia ha sido uno de los casos más graves relacionados con las políticas migratorias recientes y provocó fuertes críticas a las autoridades.
Aunque la suspensión del proceso penal contra Garduño ha sido confirmada, el caso sigue bajo el escrutinio de organizaciones civiles, víctimas y defensores de derechos humanos, quienes insisten en que el proceso no ha garantizado responsabilidad penal individual ni un reconocimiento pleno de las fallas estructurales del sistema migratorio.
