El gobierno federal rechazó que el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, sea considerado un campo de exterminio, pese a las declaraciones de José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, presunto reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien afirmó que ahí se asesinaba a quienes se negaban a integrarse a la organización criminal. La Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo la investigación del predio, señalado también como centro de adiestramiento.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que no existen pruebas de que en el inmueble se hubieran cometido asesinatos de manera sistemática. “Un campo de exterminio es un lugar donde de manera sistemática se asesina a cientos y miles de personas. Es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios”, puntualizó.
Indicó que corresponderá a la FGR determinar si en el lugar se cometieron homicidios o actos de tortura. “Cuando se tenga evidencia clara sobre el número de homicidios, si es que los hubo, la FGR lo informará de forma adecuada”, agregó. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene la postura de que el rancho no puede ser clasificado como campo de exterminio sin sustento técnico y jurídico.
El rancho habría sido utilizado como centro de entrenamiento del CJNG. Algunas personas, según declaraciones recabadas, fueron asesinadas al negarse a participar en las actividades criminales. Sin embargo, García Harfuch reiteró que esos hechos no son suficientes para catalogarlo como un sitio de exterminio, concepto que requiere evidencia de asesinatos masivos y sistemáticos.
En otro frente, el gobierno federal reportó una disminución de 22 por ciento en homicidios dolosos registrados en el país entre septiembre de 2024 y 24 de marzo de 2025. El informe lo presentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que destacó aseguramientos de drogas, armas y laboratorios clandestinos como parte de la estrategia de seguridad.
García Harfuch informó que en ese periodo fueron detenidas más de 15 mil 800 personas vinculadas con delitos de alto impacto. También se decomisaron más de 8 mil 200 armas de fuego y se aseguraron 134 toneladas de droga, entre ellas mil 300 kilos y más de 2 millones de pastillas de fentanilo.
Uno de los operativos más relevantes fue la captura de José Francisco “N”, alias “Alfa 1”, en Guanajuato. Su detención permitió una disminución de 45 por ciento en homicidios en esa entidad. El gobierno también reportó la desarticulación de 644 laboratorios clandestinos en 17 estados, donde se producían metanfetaminas y otras drogas sintéticas.
Durante esos operativos se aseguraron más de 216 mil kilos de precursores químicos y cerca de 900 mil litros de sustancias empleadas para la elaboración de estupefacientes. En Baja California Sur, las fuerzas federales incautaron 4.5 toneladas de cocaína, uno de los decomisos más importantes en el litoral del Pacífico.
Otros arrestos significativos se realizaron en Jalisco, Nayarit y Veracruz, donde fueron capturados presuntos jefes criminales. En Querétaro, Guanajuato y Yucatán fueron detenidas 9 personas relacionadas con secuestros, venta de droga y ataques armados. En el marco de la Operación Frontera Norte, iniciada el 5 de febrero, se llevaron a cabo más de mil 700 detenciones y se confiscaron más de mil 500 armas de fuego, además de fentanilo, heroína y metanfetaminas.
García Harfuch también anunció su traslado al estado de Guanajuato junto con el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para sostener reuniones con la gobernadora y su gabinete. El objetivo es reforzar la coordinación y dar seguimiento a las estrategias que han logrado reducir la violencia en la región.
“El Gabinete de Seguridad continuará con las investigaciones y acciones operativas para mantener a la baja los índices delictivos”, afirmó. Reiteró que la estrategia federal se centra en afectar las estructuras financieras y logísticas del crimen organizado, y en mejorar la coordinación con las autoridades estatales.
