La cuarta reunión entre familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo marcada por una petición contundente: la renuncia del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra. Los padres argumentaron pérdida de confianza en su desempeño, al señalar presuntas irregularidades y la falta de avances sustanciales a casi once años del crimen.
Melitón Ortega, vocero del movimiento y tío de uno de los normalistas, explicó al término del encuentro que la solicitud fue motivada por los señalamientos de corrupción que pesan sobre Gómez Piedra. “Con esas acciones, no hay esperanza para llegar a la verdad”, expresó. Aunque la presidenta no emitió respuesta formal, Ortega subrayó que el tema quedó asentado en la mesa de trabajo.
El reclamo se intensificó luego de que el fiscal admitiera en días recientes que la búsqueda se centra en los cadáveres de los estudiantes. La expresión, para las familias, representa un quiebre respecto al objetivo original de encontrarlos con vida. “Con eso ya pierde toda la confianza de poder continuar”, sentenció Ortega.
Pese a ello, el vocero aclaró que la salida del fiscal no condicionará el diálogo con el gobierno federal. No obstante, los padres insistirán en su remoción, al considerar que ha sido omiso ante solicitudes clave como la revisión de registros de detención y el seguimiento de líneas telefónicas.
Durante la reunión, también se abordaron nuevas estrategias de búsqueda en campo, el uso de tecnologías especializadas y la integración de evidencias telefónicas en la investigación. Ortega destacó la importancia de que se retomen expedientes como el de los 17 estudiantes presuntamente retenidos en barandilla la noche del 26 de septiembre de 2014.
La presidenta Sheinbaum refrendó su compromiso con el caso y mencionó que se están incorporando nuevas líneas de investigación. Para los familiares, sin embargo, los avances siguen siendo insuficientes. Insisten en que solo una reconstrucción integral y sin opacidad permitirá hacer justicia por los hechos ocurridos en Iguala durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
