En un operativo conjunto, fuerzas federales decomisaron 10 millones de litros de diésel en el municipio de Altamira, Tamaulipas, como parte de la estrategia nacional contra el tráfico ilegal de hidrocarburos.
La acción fue coordinada por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), e incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó en redes sociales que este operativo es producto de trabajos de inteligencia e investigación del Gabinete de Seguridad, con el propósito de frenar el comercio ilícito de combustible.
La operación se desplegó tras la detección de un buque que arribó el 19 de marzo al puerto de Tampico, presuntamente cargado con aditivos para aceites lubricantes. La embarcación fue interceptada y asegurada.
Durante la revisión del buque, las autoridades hallaron dos armas cortas, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.
Simultáneamente, se ejecutaron cateos en dos predios de Altamira: uno sobre la carretera Camino Antiguo a Medrano, donde operaba una empresa de fletes, y otro en el Ejido Ricardo Flores Magón, en el libramiento de esa ciudad.
En el primero, se localizaron los 10 millones de litros de diésel, contenidos en 192 tanques, así como 23 tractocamiones con remolque, seis sin remolque, tres camionetas tipo pick-up y equipos de cómputo.
En el segundo predio, fueron encontrados 18 cartuchos y documentos posiblemente relacionados con las operaciones del grupo criminal.
Este aseguramiento es considerado uno de los más grandes durante la presente administración federal, ya que supera ampliamente decomisos anteriores que rara vez alcanzan el millón de litros.
Según estimaciones oficiales, el diésel incautado tiene un valor comercial aproximado de 250 millones de pesos, con base en el precio actual del combustible en el mercado.
La SSPC informó que las investigaciones seguirán para deslindar responsabilidades y desmantelar por completo la red delictiva vinculada a este cargamento.
El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso en el combate al crimen organizado y en la protección del patrimonio energético de México. Las instituciones involucradas señalaron que las acciones se ejecutaron con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.
Además, advirtieron que continuarán los operativos en la región para evitar que grupos delictivos mantengan operaciones de extracción, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos.
