El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los lineamientos de fiscalización que regirán la elección de personas juzgadoras programada para el 1 de junio. Con esta resolución, se establecieron criterios que regulan el uso de recursos, asistencia a eventos públicos y difusión de propaganda para las candidaturas que participarán en el proceso.
Los lineamientos aprobados permiten a las y los candidatos efectuar pagos en efectivo hasta por 20 unidades de medida y actualización (umas), equivalentes a 2 mil 262 pesos por operación. Además, se prohíbe contratar herramientas digitales que amplifiquen contenidos en redes sociales, así como cualquier tipo de propaganda colocada en la vía pública.
El TEPJF también determinó que la cancelación del registro de una candidatura se normará de manera genérica con base en el catálogo de sanciones establecido por la legislación electoral. La sanción específica en cada caso corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE).
El marco de fiscalización incluye la participación en foros de debate y mesas de diálogo. La asistencia a este tipo de espacios será contabilizada como parte de los gastos personales de campaña, a fin de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos o privados.
Esta resolución del TEPJF surge tras la revocación del acuerdo emitido por el INE, que originalmente establecía un solo tope de gasto para todas las candidaturas del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025. Con la revocación, el INE se vio obligado a modificar su postura y fijar cuatro niveles diferenciados de gasto, según el tipo de cargo al que se aspira.
El nuevo esquema de topes considera las características específicas del proceso electoral y el ámbito de influencia de cada puesto. Para definir los montos, el INE utilizó como referencia el límite de aportaciones individuales permitidas a una candidatura independiente para una diputación federal.
De acuerdo con el comunicado del INE, los nuevos montos también toman en cuenta factores como la estructura del órgano que se elegirá y la dimensión territorial de la elección: nacional, circunscripción plurinominal, circuito judicial y distrito judicial.
En el nivel más alto de gasto permitido se encuentran las candidaturas a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial y las que buscan una magistratura en la Sala Superior del TEPJF. Estas podrán gastar hasta un millón 468 mil pesos en su campaña.
Las otras tres categorías de topes de gastos se distribuyen de acuerdo con la jerarquía y cobertura del cargo, aunque el INE no detalló los montos específicos en su boletín. La información fue acompañada por una tabla comparativa publicada por el organismo, en la que se observan las diferencias entre los tipos de elección.
Las reglas de fiscalización y límites de gasto buscan mantener un proceso electoral equitativo, transparente y sujeto a control institucional. Las autoridades electorales reiteraron que estas medidas están diseñadas para garantizar condiciones de legalidad y neutralidad en una elección inédita, marcada por la selección directa de cargos del Poder Judicial.
