Rodrigo Duterte llega a La Haya para ser juzgado por crímenes contra la humanidad

El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, arribó a La Haya, Países Bajos, para enfrentar un proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde será juzgado por crímenes contra la humanidad. La detención y traslado del exmandatario de 79 años responden a su implicación en la guerra contra las drogas que dirigió entre 2016 y 2022, la cual dejó miles de muertos.

Duterte fue arrestado en Manila, en cumplimiento de una orden emitida por la CPI, y trasladado en un vuelo especial a Países Bajos, donde quedó bajo custodia del tribunal. La corte lo acusa de haber impulsado una campaña violenta en Filipinas contra presuntos traficantes y consumidores de drogas, con ejecuciones extrajudiciales como método de represión.

La investigación de la CPI inició en 2021, basándose en informes de organizaciones de derechos humanos que documentaron entre seis mil y 30 mil muertes durante la administración de Duterte. Según el tribunal, las evidencias indican que la violencia fue “generalizada y sistemática”, con un patrón de ejecuciones sin juicio previo.

Aunque Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019, la CPI mantiene su jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de esa fecha. Duterte había ignorado citaciones previas del tribunal, lo que justificó su detención para garantizar su comparecencia ante la justicia.

La llegada del exmandatario a La Haya ha generado reacciones divididas. Organismos internacionales han celebrado su captura como un avance en la lucha contra la impunidad, mientras que sectores políticos en Filipinas, incluida su hija y actual vicepresidenta, Sara Duterte, han calificado la acción como una injerencia extranjera en la soberanía nacional.

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Se espera que en los próximos días la CPI fije una fecha para la audiencia preliminar, donde se presentarán formalmente los cargos en su contra. Si es hallado culpable, Duterte podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua. El proceso es seguido de cerca por la comunidad internacional como un precedente en la rendición de cuentas por crímenes de Estado.

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