Guerrero: se recrudece la violencia

 
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Narcotráfico, guerrilla, pobreza extrema, violaciones a los derechos civiles de la población y una autoridad que es rebasada por el crimen organizado han convertido a Guerrero en uno de los estados más violentos del país, particularmente el puerto de Acapulco donde gobierna el perredista Félix Salgado Macedonio.

Enfrentamientos entre asesinos a sueldo o sicarios de los cárteles de la droga, atentados con granadas y con armas de uso exclusivo del Ejército y la aparición de las cabezas de dos expolicía frente a la sede de una secretaría de gobierno, serán los temas que el gobernador perredista, Zeferino Torreblanca, tendrá que explicar a la ciudadanía durante su primer informe de gobierno.

Las cifras son claras, aunque el gobierno local señala que en 2005 hubo cerca de 700 homicidios dolosos en toda la entidad, el Secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas Altés informó que en lo que va de la administración hubo 21 lanzamientos de granadas con un saldo de 26 heridos y se tiene una estadística de 64 personas ejecutadas, según reprodujo el Diario 17 de Acapulco.

Apenas el lunes, los medios de información dieron cuent a dedo hechos de violencia en los municipios de Chilpancingo, donde un grupo de desconocidos ejecutó a dos personas e hirió a otras tantas con rifles AK-47 y pistolas calibre. 380, y en Acapulco, donde las autoridades encontraron el cuerpode una mujer atada de manos y pies, y con una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza; además, presentaba el tiro de gracia en la sien.

Respecto del recrudecimiento de la violencia en la entidad , el polémico alcalde acupulqueño, Félix Salgado Macedonio, quien lleva cuatro mese en el cargo, sontuvo no acababa de sorprenderse por la violencia desatada en el puerto, producto del enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo. “No quiero acostumbrarme a esta situación tan complicada, pero ya ni sé cuántas ejecuciones se han
dado. Ya perdí la cuenta”, dijo.

Durante la semana santa en el puerto la escalada de violencia cuando una una granada de fragmentación estalló, el martes pasado, en las instalaciones de la feria patronal de Petatlán, donde murieron dos personas: René Mora Palma y Vidal Suazo Corona y hubo 46 heridos, 25 de ellos de gravedad.

En enero de 2006 fueron asesinadas 11 personas, entre ellas cuatro que murieron en una espectacular balacera de 40 minutos que dejó además a cinco heridos. El año pasado, los enfrentamientos entre las bandas del narcotráfico causaron la muerte de 60 personas, 40 de ellas en ejecuciones.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la distribución, el tránsito, el consumo de drogas, así como las operaciones de los grupos guerrilleros en Guerrero –junto con Chiapas y Oaxaca las tres más pobres de México– son problemas reales, sumados a una crisis de seguridad pública, que se agravó a finales de 2004, cuando salieron a la luz pública se las guerras de los capos del narcotráfico, por el supuesto robo de un cargamento de cocaína colombiana.

La disputa por el cargamento terminó en un enfrentamiento que dejó un saldo de varios muertos, incluido el hijo de un capo colombiano, pero la guerra se agravó el 2 de agosto de 2005 cuando un grupo de sicarios cazó en Acapulco al comandante Julio Carlos López Soto, hasta entonces subdirector de la Policía Ministerial guerrerense y quien trabajaba para el Chapo Guzmán.

Si bien, el procurador del estado, Eduardo Murueta Urrutia defendió la imagen del extinto jefe policíaco, los cárteles del tráfico de drogas buscaban más de 100 mil dólares que gente de el Chapo Guzmán entregó –entre los últimos pagos– a López Soto no sólo por labores de protección, sino por informes sobre elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

López Soto fue escolta de Rubén Figueroa Alcocer cuando éste hizo campaña por la gubernatura de Guerrero en 1992; fue elemento de la AFI y, antes de ir a Guerrero, fue subdirector de la Policía Judicial de Morelos, cuando estaba al frente de esa corporación Agustín Montiel López, preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, acusado de narcotráfico y secuestro.

Como parte de esta singular guerra, en los últimos dos años ocurrieron 14 explosiones por granadas de fragmentación, nueve de ellas dirigidas a instalaciones policiacas y ministeriales. El resto, a casas particulares, una de ella la del director de Seguridad Pública en Zihuatanejo, Omar Maganda Salazar, personaje que bajo la gestión
del priista René Juárez fue señalado de tener vínculos con el narcotráfico.

Ataques a cuateles policiacos y a narcotiendas, balaceras callejeras, así como persecuciones entre presuntos integrantes del narcotráfico y agentes policíacos se han convertido en algo cotidiano en la entidad, donde la violencia ha dejado un saldo numeroso de ejecuciones por todo el estado, en la que jefes policíacos, servidores públicos e incluso civiles que sólo transitaban por el lugar de los hechos, han sido las principales víctimas.

La violencia reciente se atribuye a la guerra a muerte que se han declarado los capos Joaquín el Chapo Guzmán y Osiel Cárdenas Guillén y su ejército de Zetas se concentra en el puerto de Acapulco –el centro económico y financiero del estado– y Chilpancingo, la capital, la lucha incluye Zihuatanejo, Altamirano, Ometepec, Iguala y Tlapa, los más importantes de los 76 municipios que conforman la entidad. Esta
situación que provocó que en los últimos meses la Policía Federal Preventiva desplegara a 200 elementos adicionales tan sólo en el puerto.

A pesar de la visible situación el procurador Murueta Urrutia aseguró a Diario Monitor que esto son sólo supuestos, “hechos porque así lo dice la gente” pero que no existen las pruebas suficientes para declarar abiertamente que el caos y el narcotráfico reinan ya en Guerrero y sobre todo en Acapulco.

Comentó que estos son asuntos que le corresponden directamente a la PGR por lo que la procuraduría a su cargo, no puede interferir en ellos, de tal manera que ni siquiera cuentan con dicha información.

Desde los años setenta, la región de la Costa Grande es una de las más violentas de la entidas, debido al tráfico de armas y enervantes, una zona donde se mezclan guerrilla y narcotráfico.

Durante décadas, el narcotráfico estuvo controlado por mafias locales, pero después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en 2000, se empezó a resentir la presencia de grupos de matones procedentes de Sinaloa: Los Pelones, comandados por Edgar Valdez Villarreal, que poco a poco fueron eliminando a los caciques que controlaban la droga. Años después llegaron los Zetas a disputar plazas de Acapulco y
Zihuatanejo.

Pero la violencia en Guerrero no se cirscunscribe a las acciones del narcotráfico: el 6 de julio de 2005 ocurrió el ajusticiamiento del ex secretario de gobierno, José Rubén Robles Catalán, a manos del Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero (CPR-LPEP), que forma parte del grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

De acuerdo con el CPR-LPEP, el también notario Robles Catalán no sólo fue uno de los responsables de la masacre de Aguas Blancas, sino fue “de otros crímenes perpetrados contra opositores políticos, periodistas, funcionarios y enemigos personales” y que su carrera política siempre estuvo basada en “la amenaza, la corrupción, la
complicidad y el crimen”, siempre al servicio de la oligarquía local y el narcotráfico.

Las tres principales coaliciones guerrilleras que operan actualmente en el país: EPR, TDR y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) operan en la entidad, que en 2005, como consecuenia del homicidio del activista Miguel Ángel Mesino a manos del CPR-LEP, recrudeció las disputas al interior de esas organizaciones.

Analistas del tema, como Javier Oliva, han expresado una posible relación entre algunas de estas siglas con el narcotráfico; aunado a ello, durante la guerra de comunicados que sostuvieron diversas agrupaciones radicales durante 2005, se acusaban mutuamente de su posible relación con la delincuencia organizada o de actuar como
grupos paramilitares.

El EPR hizo su primera aparición pública en 1996, durante el primer aniversario de la masacre de Acteal y como consecuencia de las escisiones en su interior diversas siglas han surgido en la sierra guerrerense en busca de una revolución socialista y según el analista Jorge Lofredo, habrá que esperar las acciones por el décimo
aniversario de esa organización, el próximo 28 de junio.

“Aunque durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se llevaron a cabo acciones militares, no se registra otra reacción por parte de los guerrilleros contra el nuevo gobierno que no sea la de la crítica política a través de sus comunicados. El primero de los grupos en dar a conocer públicamente sus críticas ha sido el ERPI, lo que parece demostrar que la dinámica que impulsan –confirmada con las acciones de menor envergadura registradas en Morelos y Edomex– son independientes de los tiempos electorales y están previstas y decididas con anterioridad a la asunción del nuevo período gubernamental”, indicó.

Durante la vigésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), desarrollada el lunes, no hubo referencias claras ni puntuales respecto a la ola de violencia y criminalidad que azota al país.

Zeferino Torreblanca, gobernador de extracción perredista, ni siquiera pidió el micrófono para plantear los prblemas que aquejan a su estado. Al término de la sesión dijo a la prensa que no se está militarizado el estado y consideró que los militares tienen un papel muy importante en la protección civil y el combate a la producción de
amapola y mariguana, al menos en esta zona del país, mientras las autoridades civiles son duramente criticadas por la población.

Muchos lugareños aseguran que se ha deformado el verdadero trabajo de las instituciones como los Ministerios Públicos, corporaciones policíacas, entre otros. Quienes se aprovechan el desconocimiento de las leyes por parte de la gente para hacer, entre otras acciones, negocio con sus funciones y ya cuentan desde hace mucho con una reputación de golpeadores e ineficaces.

La mayoría de los municipios que cuentan con la presencia militar son zonas rurales. Su escasa población se dedica a la ganadería, agricultura y pocos de ellos hacen alguna otra actividad que les sea remunerado, debido a esto la población decide emigrar a otros estados de la república o en su mayoría a Estados Unidos, muchos otros acceden al narcotráfico.

Es por eso que a lo largo del estado hay entidades que se dedican exclusivamente al cultivo de estupefacientes como la marihuana y la amapola en su mayoría. Gente que trabaja para el narcotráfico y que argumenta la necesidad, la falta empleo y de oportunidades en su entidad.

Organizaciones de derechos humanos advierten que lo paradójico que resulta que las entidades que realizan esta actividad no sean las más afectadas y hostigadas por elementos policíacos e incluso militares.

Lo que ha orillado a los agraviados a interponer denuncias por distintos motivos como: la violación a los derechos humanos, lesiones, allanamiento, robo, privación ilegal de la libertad, tortura, amenazas, decomisos excesivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incluso homicidio y violación sexual, entre otros.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que opera en Guerrero señala en su informe anual del 2005 que atendió cerca de 151 casos que se refieren a violaciones en este tema.

Y denuncia a los “órganos gubernamentales encargados de aplicar y hacer cumplir la ley de no garantizar a la población la resolución justa, pronta y gratuita de sus problemas, lo que origina la existencia de procesos jurídicos tardados y costosos”.

De los 151 casos, de los que hace mención dicha organización en su informe que 64 fueron de ámbito municipal, 47 en el estatal, 23 en el federal y otras 17 en el comunitario y añaden que “sin duda alguna las autoridades municipales fueron responsables del mayor número de violaciones a los derechos humanos”.

El procurador Murueta dijo “yo vengo a aquí a cumplir la ley” y negó que sigan ocurriendo este tipo de acciones en el estado por parte de las autoridades y que la imagen que tienen los lugareños es la que vienen arrastrando de gestiones pasadas cuando los policías fungían como “capataces, enemigos de la gente”.

Afirmó que los agentes que están a su cargo, ya no realizan este tipo de actos y que sólo ocurren “cosas pequeñas”, como faltas administrativas, las cuales se corrigen de inmediato. —
Publicado por Sr. nagual para La guarida del nagual el 4/21/2006 04:54:00 PM