Carta inédita sobre Juan Sandoval

 
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Edgar González Ruiz

El clero alega que “defiende la vida desde la concepción” como el “primero de los derechos humanos” y que por eso se opone a la despenalización del aborto, así como a los anticonceptivos y al condón.
Sin embargo, en México, como en otros países, varios jerarcas, algunos de los más conservadores, se han exhibido como enemigos de los derechos humanos y partidarios de la represión inhumana, como indica esta carta, escrita en 2004 por la historiadora jalisciense Laura Campos Jiménez, también autora del libro Los nuevos beatos cristeros, que expone una visión crítica de ese movimiento sangriento tan elogiado por el clero.
La carta no fue difundida por los medios de esa entidad, que no quisieron enfrentar las posibles represalias del cardenal de Guadalajara, quien goza de gran influencia en el gobierno panista.

El cardenal y los derechos humanos

Guadalajara, Jalisco a 4 de septiembre de 2004

Sr. Director….

Presente

Por enésima ocasión, las instituciones del país vuelven a ser foco de ataques para un jerarca religioso. En esta ocasión, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Iñiguez, vuelve a colocarse en el ojo el huracán. En una polémica declaración, el purpurado tapatío descalificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la recomendación que ésta giró al gobierno de Jalisco para que se investigue y sancione a los servidores públicos acusados de cometer supuestos abusos en contra de los “altermunidstas” detenidos el pasado mes de mayo en nuestra ciudad. Con estas acciones, el purpurado tapatío se ha sumado a la campaña de descrédito al informe de la CNDH, al justificar el desacato del gobierno de Jalisco a las recomendaciones de este organismo.

Ante este clima de confusión y descalificaciones, el cardenal Sandoval ha declarado que “en lugar de remover a los jefes policíacos, mejor que rueden cabezas de los derechos humanos (…) la consigna internacional e la Comisión de Derechos Humanos es defender delincuentes” (El Occidental, 19 de agosto de 2004).

Con las anteriores declaraciones, en mi opinión, el jerarca religioso trata de mal informar a la población sobre los propósitos de la institución encargada de vigilar el respeto a los derechos humanos en el país. Ante esta injusta embestida, el doctor José Luis Soberanes, titular de la CNDH, refutó las declaraciones del cardenal pidiéndole mesura: “con el mayor de los respetos para la investidura del cardenal Sandoval Iñiguez, yo le pediría que se abstuviera de hacer comentarios respecto de un tema que él no conoce” (El Occidental, 25 de agosto de 2004).

Para justificar la represión policial y el posterior uso de la tortura en contra de los altermundistas –como lo señala el informe de la CNDH-, el cardenal señaló que la gente está muy indignada y ‘por primera vez’ hay consenso en Jalisco en condenar la agresión” ( El Occidental, 26 de agosto de 2004). Esta declaración, desde luego, es parcial y no acorde a la realidad. Los jaliscienses, en su gran mayoría, apuestan a las instituciones y al marco de del derecho, no al autoritarismo ni a la tortura como método “coercitivo”, trátese de quien se trate. Es errático, entonces, afirmar que “todos los jaliscienses” estamos de acuerdo en que la ilegalidad se combata con más ilegalidad. Jalisco no es una entidad monolítica o confesional, sino una sociedad plural que se rije bajo el marco del Estado de derecho. La fortaleza de los jaliscienses estriba en la diversidad de su gente. Esa es su verdadera riqueza.

Ante las desafortunadas declaraciones del arzobispo, vale la pena señalar que es indispensable que las comisiones de derechos humanos sigan fortaleciéndose y teniendo los apoyos necesarios para cumplir su función, dado a que son éstas las encargadas de defender a la sociedad de los excesos de la autoridad y la violación de los derechos de los ciudadanos en su conjunto, sin excluir a ningún actor social. La postura del cardenal parece asemejarse a la época del medioevo, cuando la tortura era una práctica institucionalizada y ésta era avalada por la Iglesia católica para quienes no seguían los dictados de la jerarquía eclesial de su tiempo (inquisición). Por fortuna, esas épocas oscurantistas son cosa del pasado.

Entre los señalamientos hechos al cardenal Sandoval por su actitud intransigente, se encuentra el llevado a cabo por la organización “Human Rigths Watch”, en su “Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en México (1999)”, quien cusetionó severamente al prelado por criticar la labor de estas agrupaciones, sin presentar bases y porque ridiculizó al organismo, al afirmar que se dedicaba a “desestabilizar gobiernos”, sin probar una sola acusación. Por su parte, la licenciada Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, refiriéndose a las descalifica ciones del cardenal a ese instituto y a su persona, así declaró: “sus opiniones revelan el desconocimiento de lo que ha sido el movimiento de los derechos humanos en México” (El Occidental, 12 de enero de 1999).

Queda claro que la descalificación del cardenal hacia las comisiones de derechos humanos para afirmar los derechos de las víctimas es, en muchos casos, un pretexto para mantener en pie la arbitrariedad de los cuerpos del orden y la legitimidad del principio de autoridad por encima de las libertades públicas. Con estas concepciones, el cardenal propicia una campaña subrepticia por negar la calidad humana de los “delincuentes”, en la cual se puede terminar justificando el asesinato en nombre del orden y la tranquilidad de las “buenas conciencias”.

Cabe recordar los sucesos acontecidos el 5 de mayo de 1995, en el penal de Puente Grande, donde se suscitó un motín de presos. La represión policial sofocó la revuelta y dio como resultado la muerte de siete reclusos, provocando además una decena de heridos. Sobre este episodio, el cardenal Sandoval no solo justificó la brutal represión, sino que la elogió al señalar que “un penal no es un restaurante, ni un hotel de lujo. Los infractores no están para ser tratados a cuerpo de rey” (El Occidental, 6 de junio de 1999). Para Sandoval, por lo que vemos, los delincuentes no merecen ser defendidos, aunque un detenido, por el hecho de serlo, no deja de ser persona. El desprecio por los infractores de la ley, es una constante en el ánimo del religioso.

El cardenal Sandoval, acorde a su formación tridentina – se ordenó sacerdote el 27 de octubre de 1957-, señala sin empacho que “la Iglesia católica no se opone a que se establezca la pena de muerte” ( Enciclopedia Todo México, año 1999, p. 276), comentario acorde a los cánones del Catecismo de la Iglesia Católica: “La enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar las penas proporcionadas a la gravedad del delito (…) sin excluir en casos de extrema gravedad , el recurso de la pena de muerte” ( Catecismo de la Iglesia Católica, Edición 1992, parágrafos 2266 y 2267).

Sandoval, como rector que fue del seminario diocesano de Guadalajara, no ignora las enseñanzas de teología moral de santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia católica: “Es lícito matar al malhechor en cuanto se ordena a la salud de toda la sociedad (Suma Teológica 2-2 q. 64,3) [..] La legítima defensa nos autoriza a matar al injusto agresor para defender la vida nuestra” ( Curso Superior de Religión, J.R. Faría, edición 1958, p. 293). La doctrina católica ha justificado también la “guerra justa” y el “tiranicidio”, en donde también se mata: “Es lícita la resistencia contra un poder tiránico e injusto y, en determinadas circunstancias, puede ser lícita y hasta obligatoria la rebelión armada para desposeerle del mando” ( Teología Moral para Seglares, Antonio Royo Marín, Ed. BAC, edición 1957, p. 685).

Es por lo anterior, que al día siguiente de la detención de Daniel Arizmendi, el cardenal emitía las siguientes declaraciones: “hay que tener en cuenta que en la actualidad, en la legislación mexicana no existe la pena de muerte, sin embargo el artículo 22 de la constitución política de 1917 dice que los estados e la unión en México podrán implementarla, por lo tanto, en este caso y estando así la ley, no se puede aplicar la pena de muerte, pero si se enmienda y se modifica sí se podrá aplicar […] urge que grandes crímenes que se cometen en México tengan castigos ejemplares” ( Testimonios de la Revolución Cristera, Lourdes Celina Vázquez Parada, Ed. Colegio de Jalisco, edición 2001, p. 262).

Ante esta “postura moral”, caben las siguientes reflexiones: ¿Cuál será el parámetro utilizado por el cardenal Sandoval Íñiguez para valorar los derechos humanos de una persona? ¿Los derechos humanos de un delincuente son menos sagrados que los derechos humanos de un embrión indefenso? ¿Cuál vida es más importante? ¿”El respeto a la vida desde el momento de su concepción”, que se presume en diversas encíclicas y recurrentes alegatos “antiabortistas”, tiene “validez real” para los infractores de un delito? ¿En qué medida?

El respeto al Estado de derecho y al marco legal vigente, practicado por gobierno y ciudadanos, es la mejor garantía para poder coexistir en armonía, en una sociedad plural y compleja como la nuestra. Aquellos que quieren la uniformidad y el monolitismo ya deberían irse acostumbrando a la idea de que nuestro país es heterogéneo en términos sociales, políticos y religiosos.

Atentamente

Laura Campos Jiménez
Historiadora egresada de la Universidad de Guadalajara


Publicado por Edgar González Ruiz para La guarida del nagual el 4/26/2007 12:14:00 AM