Atenco y la falta de operación política

 
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Los enfrentamientos del pasado miércoles en San Salvador Atenco demuestran la ingobernabilidad que priva en el país, donde la autoridad no es capaz de privilegiar el diálogo frente a la violencia, situación que impacta la percepción de la población frente a las elecciones federales del próximo 2 de julio, opinaron analistas.

Según los especialistas en disciplinas sociales, los enfrentamientos en San Salvador Atenco; en Lázaro Cárdenas, Michoacán; la violencia del narcotráfico en Guerrero, Chiapas, la frontera norte y varios estados del país, demuestran la incapacidad que el gobierno ha demostrado a lo largo del sexenio para desarrollar una operación
política eficaz que desactive los conflictos sociales.

“Por lo que hemos visto, no tenemos en en puerta una revolución que renueve las estructuras del sistema y otorgue justicia social, si no una serie de estallidos sociales sin cabeza que desestructuran la producción y las relaciones sociales”, advirtió el sociólogo y catedrático de la UAM Xochimilco, Mario Ortega Olivares.

Los analistas coincidieron en el ambiente de ingobernabilidad que priva en el país, derivado de la cerrazón de los tres niveles de gobierno que no supieron negociar un asunto tan pueril como la instalación de ocho puestos de flores en un mercado municipal, que según los expertos se trata de una concepción autoritaria de los tres órdenes de gobierno.

En esta situación, coincidieron, hay un efecto de contagio que se ve reflejada en la mala operación de los cuerpos policiacos y en los propios habitantes de San Salvador Atenco, quienes privilegian la violencia por encima de la negociación y el dialogo.

Este sábadol juez primero de lo penal con sede en la ciudad de Toluca, Juan Arturo Velázquez, dictó auto de formal prisión contra el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle Miranda, y Felipe Álvarez Hernández, uno de sus colaboradores y participantes en los hechos violentos del pasado miércoles en Texcoco y Atenco.

Sin embargo, esta resolución es para que enfrenten juicios por el delito de secuestro equiparable, relacionado con dos causas penales la 91/06 y la 92/06, respecto de la retención de funcionarios y servidores públicos, el 8 de febrero y el 4 de mayo pasados, respectivamente. En caso de ser culpables, podrían alcanzar una condena máxima de 50 años de prisión.

En tanto, al término de la denominada Asamblea Nacional Popular efectuada frente al auditorio Emiliano Zapata, los participantes acordaron llevar a cabo una semana de bloqueos y manifestaciones en apoyo a los detenidos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

En la asamblea, que se prolongó por más de cuatro horas, participaron integrantes de organizaciones sociales del interior de la República, estudiantes y el comisariado ejidal de esta localidad, en representación de los líderes de dicho frente, quienes fueron detenidos tras los acontecimientos del miércoles pasado.

Como parte de lo que denominaron Jornada Nacional de Lucha por los Detenidos, un contingente visitó las 20 casas que fueron dañadas durante la incursión de las diferentes corporaciones policiacas el pasado 4 de mayo, y tenía previsto dirigirse al penal de Almoloyita, donde se encuentran varios de los detenidos.

Con base en los acuerdos, los activistas comenzarán este domingo una Jornada de Información en las comunidades de San Salvador Atenco, y llevarán a cabo una colecta para obtener recursos y continuar con sus sus actividades.

A su vez, el gobernador Enrique Peña Nieto señaló que no se aumentará la presencia policiaca en San Salvador Atenco, pues en este municipio hay condiciones para que sus habitantes vivan en un clima de paz y orden.

En esta ciudad indicó que respeta a las diversas organizaciones sociales, pues “ lo importante es que se mantengan en el marco de la legalidad y de respeto ” , y añadió que será la autoridad judicial quien determine la responsabilidad de cada uno de los detenidos en días pasados.

Los enfrentamientos demuestran, empero, para los analistas, una falta de sensibilidad política de los políticos involucrados. “Los tres niveles de gobierno –representados por las tres principales fuerzas políticas– demostraron, igual que en Sicartsa, que no saben resolver este tipo de problema y hacer una operación policiaca lo más limpia posible, pero dejaron a los macheteros hacer lo que quisieran”, consideró el politólogo Pablo Javier Becerra.

Para el analista, se va haciendo costumbre para los gobiernos escalar los problemas en lugar de resolverlos, situación que se verá reflejada en los comicios electorales, pues el acontecimiento fue transmitido a nivel nacional. “El efecto se verá reflejado principalmente entre las clases medias, cuya percepción es que los gobiernos no están haciendo bien su trabajo, se nota la reacción de fuertes sectores que se orientan a la necesidad de la estabilidad, por lo que podría haber cierta inflexión hacia la opción que promete esa estabilidad como el PAN.

“Ante los ojos de ese sector, va a dejar mal parados a sectores sociales que no marquen con precisión su distancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que con La Otra Campaña ha resentido un rotundo fracaso. La reacción del Delegado Cero es percibida entre la ciudadanía como la de cualquier otro candidato. Marcos ha radicalizado su lenguaje llamó prostituta a la esposa del presidente y ha llamado abiertamente al levantamiento para derrocar al gobierno, este ambiente abona en favor de los pequeños grupos radicalizados que pueden aprovechar el momento para reagruparse”, agregó el académico de la UAM Iztapalapa.

En opinión del politólogo Jorge Lofredo es evidente que la organización popular es fuerte y tiene sustento local, pero el desbordamiento de la violencia se ha impuesto a las razones que la generan, pues no hay explicaciones razonables qué elementos hicieron posible que todo derive en represión y respuesta.

“Los vínculos con el EZLN los ha puesto de manifiesto el Delegado Zero al disponer de una alerta roja en los caracoles y de estar a disposición de los ejidatarios es un dato significativo pero a la vez no debe llamar la atención pues, en el marco de La Otra Campaña, muchas organizaciones sociales se han acercado hacia el desarrollo del evento impulsado por los zapatistas. En realidad, este es uno de los escenarios posibles previstos durante el desarrollo de la Otra Campaña, la del acercamiento a organizaciones sociales, y la respuesta ha sido contundente.”, expresó el especialista en movimientos guerrilleros.

Es posible, explicó, que estos sucesos puedan inscribirse dentro del fragor de la campaña electoral. Brotes de violencia de esta magnitud son imágenes perfectas para la estrategia de la imposición del miedo, que inducen a la no participación, ausentismo en los actos de campaña y al eventual abstencionismo en la elección federal.

Ayer, diversos grupos subversivos en México, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), aprovecharon los enfrentamientos en San Salvador Atenco para emitir un estado de alerta y hacer un llamado a otras organizaciones para iniciar lo que llamaron una “autodefensa armada” contra el gobierno federal.

En dos comunicados difundidos a través de la página de internet del Centro de Documentación de Movimientos Armados (Cedema), fechados el 3 y 4 de mayo, estos grupos exigieron la liberación de los detenidos durante los disturbios y criticaron lo que consideraron un exceso de violencia de los cuerpos policiacos locales y federales en este caso.

Entre los grupos que firmaron los comunicados, están organizaciones como el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23M) y el Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro (CRT-MB), que entre 2004 y 2005 se adjudicaron la autoría de la detonación de artefactos explosivos en sucursales bancarias en el Distrito Federal, Morelos y el estado de México, estos grupos forman parte de la organización denominada Tendencia Democrática Revolucionario-Ejército del Pueblo (TDR-EP).

Al estado de alerta señalado por el EZLN, se sumaron el autodenominado Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero (CPR-LPEP)y el llamado Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

Estos grupos armados mexicanos, desde el mismo día que ocurrieron los enfrentamientos entre corporaciones policiacas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, aprovecharon la situación para emitir un primer comunicado a través de la página del Cedema, que es un instituto que se especializa en el estudio de grupos armados en el mundo.

En sus escritos no dejaron pasar la oportunidad de exigir la liberación de los presos políticos y de los detenidos en Atenco, como lo hizo también el Comité Cerezo, que en un comunicado expresó que le fue obstaculizadop la entrada al Penal de Santiaguillo, pese a las gestiones previamente emprendidas con el Gobierno Federal. “No obstante, durante el tiempo que permanecimos afuera de las instalaciones del centro de reclusión pudimos constatar:
a) Que a los familiares de los detenidos y a algunos de sus defensores particulares se les impidió el acceso a los detenidos, dejando a éstos en condiciones de incomunicación e indefensión.

b) Que en diversos momentos vehículos con aspecto de ambulancia entraron y salieron del centro de reclusión lo que, aunado al continuo arribo de médicos, permite presumir que un número indeterminado de los detenidos requirió durante el transcurso del día de atención médica.

c) Que hacia el final del día se apersonaron en el Centro de Readaptación Santiaguillo numerosos elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, quienes ingresaron al Penal llevando consigo decenas de máquinas de escribir. Por el desarrollo de los hechos, es presumible que algunos de los detenidos rindieran su declaración esta madrugada, sin contar con la asistencia jurídica debida.

d) Que entre el grupo de los detenidos, se encuentran personas en mayor situación de vulnerabilidad, tales como menores de edad, mujeres, extranjeros y personas de la tercera edad.

Las organizaciones civiles firmantes consideramos que lo observado permite presumir que en agravio de los detenidos se han violado o podrían violentarse los derechos a la integridad personal y al debido proceso contenidos en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 5, 7, y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, señala el documento.

Ricardo Tenorio Tagle, especialista en temas de seguridad, indicó a su vez que la responsabilidad de todas las acciones mencionadas, incluidas las relacionadas con el narcotráfico, son responsabilidad que atañe al ámbito federal, por lo que la responsabilidad en última instancia corresponde a esa autoridad y como consecuencia de su incapacidad se han desbordado.

“El error de la autoridad federal ha sido dejar crecer los problemas hasta llegar a la violencia desatada. El problema es que ponderan cuestiones banales como el triunfo en los tribunales de Marta Sahagún sobre las necesidades y demandas de la población que derivan al final en la violencia.

“Así, la administración foxista utiliza medidas simbólicas que encubren otras estrategias política dura, que al final de cuentas derivan en una serie de estallidos sociales, pues ven a la violencia como un negocio que en este caso garantiza ganancias de tipo político y en el caso del narcotráfico de tipo económico. Lo grave, es que se viole el Estado de Derecho, como en los cateos sin órdenes de aprehensión, para establecer el Estado de Derecho, es una contradicción”, agregó el especialista.

Finalmente, el resultado de los enfrentamientos en Atenco demuestran la falta de habilidad del gobierno foxista y la facilidad que han tenido durante estos seis años para operar mediante acciones violentas; por otra parte permite a ciertos grupos radicales tener un tema que los agrupe para buscar soluciones extralegales de los conflictos, pues las elecciones federales del próximo 2 de julio no les convencen, incluso el Delegado Zero ha llamado al levantamieto en armas. Ante este panorama habrá que estar al pendiente de las consecuencias que conllevarán las detenciones, pues lejos de desactivar el problema, los actores políticos están en posición de activar otro sezgo de la polarización.

Roberto Cortez Zárate