Atenco y los riesgos del autoritarismo Guarida

 
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Con la pésima operación política del conflicto de San Salvador Atenco por parte de los tres niveles de gobierno, el país se debate ya no en la elección entre la democracia y el autoritarismo, sino en la decisión sobre qué tipo de autoritarismo quieren los ciudadanos, consideraron analistas.

El politólogo y catedrático de la UAM, Telésforo Nava consideró que la responsabilidad política para inhibir el conflicto la falta de habilidad política en la solución de conflictos por parte de los tres órdenes de gobierno y de las tres principales fuerzas políticas, que no supieron solucionarlo de manera pacífica y terminaron por escalar el problema a niveles insospechados.

“La decisión la tomó el gobernador del estado de México de común acuerdo con el gobierno federal, asesorado por Wilfrido Robledo Madrid, quien es un sujeto especializado en estos tópicos y con vocación autoritaria, que actuó como lo hizo durante el rompimiento de la huelga del CGH en la UNAM en 2000, éste tipo de funcionarios son los que en forma práctica elaboraron los planes para tomar San Salvador Atenco”, expresó.

El gobierno local perredista de Texcoco, recordó Nava Vázquez, envió publicó un desplegado en el que se avalaba el desalojo violento que recuerdan las declaraciones del priismo en la época de Díaz Ordaz, esta situación, nos habla de una propensión del autoritarismo por parte de las tres principales fuerzas políticas y la disputa por cuál de ellas lo aplica de manera más salvaje”, advirtió.

A su vez, el ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Jaime Cárdenas, la solución de conflicto por trate de la secretaría de gobierno del estado de México, a cargo de Humberto Benítez Treviño –un ex policía metido a político– demuestra la cara más autoritaria del partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Lo más grave –expresó– es que en otros sectores y en otros partidos políticos se actúa bajo las reglas y cultura política que caracterizaron al Revolucionario Institucional donde se encuentran soluciones ajenas al diálogo tanto en el PAN, que ha demostrado su incapacidad de negociación, como en el PRD, que cuenta con un gran
número de expriistas que operan bajo esa lógica”.

Aseguró que el problema tenía al menos una solución pacífica, pues recurrir a la fuerza pública es el último instrumento, lo que presenciamos fue una inasistencia al Estado de Derecho, la falta de una policía profesional y la falta de operación política en los tres órdenes de gobierno.

” Se trató de un asunto de carácter político que trató se solucionar personal con pasado policiaco que se tradujo en una solución policiaca violenta contraria a los procedimientos de carácter político que resume lo que ha ocurrido durante todo el sexenio, que se resume en fracaso”, indicó el académico de la UNAM.

Expresó que la lección que dejan los enfrentamientos de San Salvador Atenco y el manejo político con que fueron tratados son las reflexiones respecto del autoritarismo; más allá de eso, nadie gana, pues cuando hay un escenario violento que intenta romper las instituciones nadie gana ni el PAN ni el PRD , mucho menos el PRI con su pasado autoritario.

Representantes de organizaciones de defensa a los derechos humanos indicaron que el desbordamiento del conflicto en San Salvador Atenco –que rebasó a las autoridades locales, estatales y federales– fue utilizado en una lógica de revancha que se salió de control y exhibió las ineficiencias de operación política; las deficiencias del sistema de justicia y la mala aplicación de las leyes que se convierten en aberraciones jurídicas.

La violencia de los pobladores que en un primer momento pareció unificar a un amplio sector de la sociedad en demanda del ingreso de la policía, se vino abajo con las imágenes de la brutalidad policiaca y violación a los derechos humanos de personas que no participaron en los enfrentamientos, pero estaba ahí como testigos de los hechos.

Y es que para el especialista en temas de seguridad, Ricardo Tenorio Tagle, la responsabilidad de todas las acciones mencionadas, incluidas las relacionadas con el narcotráfico, son responsabilidad que atañe al ámbito federal, por lo que la responsabilidad en última instancia corresponde a esa autoridad y como consecuencia de su incapacidad se han desbordado.

“El error de la autoridad federal ha sido dejar crecer los problemas hasta llegar a la violencia desatada y utiliza medidas simbólicas que encubren otras estrategias política dura, que al final de cuentas derivan en una serie de estallidos sociales, pues ven a la violencia como un negocio que en este caso garantiza ganancias de tipo político y en el caso del narcotráfico de tipo económico. Lo grave, es que se viole el Estado de Derecho, como en los cateos sin órdenes de aprehensión, para establecer el Estado de Derecho, es una contradicción”, agregó el especialista.

Lorena Peralta, activista del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que un asunto que escaló a niveles que en primera instancia alcanzaron el enfrentamiento y después se salieron del control de las autoridades estatales y federales, tiene su origen en las protestas de la construcción del aeropuerto en la
zona.

“La opinión de la gente en el lugar está inhibida, pues no se explican cómo la situación de ocho floristas haya desatado todo esto, al principio su inexplicable, pues al día siguiente ya eran 2 mil policías. Para entenderlo, quizá tendríamos que remitirnos a la lucha que se había dado en Atenco en 2003 y la reacción de Estado habla de un ajuste de cuentas por la movilización de los pobladores”, indicó.

Edgar Cortez, secretario Ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que este acontecimiento ha dejado clara la falta de pericia en el quehacer político de los gobernantes, a quienes pronto de les agota la capacidad de negociación y recurren a la violencia.

Por otro lado, indicó, las políticas empleadas para proteger y garantizar los derechos ciudadanos sino defender intereses políticos, de grupo y de clase, “por lo que vimos a una policía actuando en una lógica de revancha , del gobierno por no llevar a cabo su proyecto, de los policías que fueron golpeados, pero lo más reprobable es el uso de la violencia por parte de los órganos del Estado, responsables de la convivencia general de la sociedad”, expresó.

Al respecto, Rafael Montesinos, académico de la UAM, explicó que hay una diferencia entre utilizar la fuerza legítima del Estado y caer en el exceso de poder y en este caso quedó demostrada la incapacidad del gobierno, que no está leyendo correctamente el escenario al ignorar el foco rojo y demostrar impericia para resolver el conflicto.

Ante esta situación, la imagen de autoridad del gobierno se ha visto reducida y los riesgos que las cosas se salgan se control y el Estado tenga que actuar con toda su fuerza están latentes.

Edgar Cortez indicó que otra de las aristas del problema que quedó de manifiesto con estos enfrentamientos fue que el sistema de procuración de justicia, pronto y expedito, es un mito, pues los policías aprovecharon la situación para abusar sexualmente de mujeres y para violentar los derechos de los detenidos.

Por otra parte, agregó, que la acusación por el delito de delincuencia organizada demuestra que leyes como la que rige ese tipo de delito son utilizadas de manera facciosa y se convierten en aberraciones legales que suponen la violación de las garantías individuales de los ciudadanos.


Posted by nagualito to La guarida del nagual at 5/12/2006 12:37:00 AM