Conservadurismo católico

 
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La religión de los ricos
Conservadurismo católico en América Latina
Edgar González Ruiz

Muchos partidos derechistas en América Latina tienen raíces comunes en el conservadurismo católico, ideología que se opone al estado laico y reivindica la hegemonía de la jerarquía católica, cuyo arraigo viene desde la época colonial.
Hoy en día, como resultado del predominio internacional del neoliberalismo, esa derecha católica ha acentuado sus tendencias plutocráticas, y por ende ha ido adquiriendo un pragmatismo incompatible con la rigidez de los dogmas, pues los capitales no tienen religión.
Asimismo, a lo largo del pontificado de Juan Pablo II se fue tejiendo una alianza insólita entre católicos y protestantes conservadores, cuyos proyectos convergen en grupos extremistas contrarios al aborto y a los derechos sexuales, oposición que es uno de los rostros más visibles de la lucha conservadora contra el laicismo.
A continuación, se aportan mayores elementos sobre el arraigo del conservadurismo católico en las instituciones de países latinoamericanos, sus estructuras políticas y la incorporación de proyectos neoliberales en el seno del conservadurismo.

Las leyes de la Iglesia
Pese a las revoluciones liberales que tuvieron lugar en varios países en el siglo XIX, a la fecha, en el subcontinente sólo tres países han mantenido un marco jurídico que garantiza la vigencia del estado laico: México, Cuba y Nicaragua.
En los demás casos, persisten marcos jurídicos que favorecen la intervención política e institucional de la jerarquía católica, sea declarando al catolicismo como religión oficial, otorgándole amplia influencia en la educación, el ejército y otros ámbitos, o por lo menos prescribiendo un especial reconocimiento de la iglesia católica frente a las demás,
Así, el artículo tercero de la constitución política de Bolivia, promulgada en 1967 y reformada en 1999, establece que “El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica, romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede”. Otros países que contemplan una relación orgánica entre el Estado y la Iglesia son Argentina y Costa Rica. La Constitución de la Nación Argentina, del 22 de agosto de 1994 dice en su artículo segundo: “El Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano”, si bien artículo 14 establece la libertad de cultos. El Artículo 75 de la Constitución de Costa Rica dice que “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”. Otras constituciones establecen un estatus privilegiado para la Iglesia Católica, como la de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, que contempla en su artículo 37 el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias pero otorgando un trato preferencial a la Católica, cuyo reconocimiento es incondicionado, a diferencia de las otras iglesias. En lo referente a la propiedad de los bienes inmuebles, ese artículo también establece condiciones de privilegio para el clero católico. El artículo 26 de la constitución de El Salvador afirma: “Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad.” En Panamá, el artículo 35 de la Constitución Política de 1972, reformada en 1978, establece: “Es libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños”. Aunque la Constitución de Perú reconoce la libertad de cultos, en su artículo 50 dice: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”. Para normar las relaciones entre el gobierno peruano y la Iglesia Católica se estableció el concordato del 19 de julio de 1980, entre el gobierno militar representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Arturo García, y el enviado de Juan Pablo II, monseñor Mario Tagiaferri. El decreto ley no 23211, del 25 de junio de 1980, acerca de ese concordato otorgó “a la Iglesia Católica plena independencia y autonomía y plena capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes así como para recibir ayuda del exterior y para el otorgamiento de exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias, entre otros”. Hay además, otras leyes peruanas que establecen privilegios para los religiosos católicos, desde exceptuarlos del servicio militar hasta de diversos tipos de impuestos, además de que sus jerarcas reciben asignaciones económicas por parte del Estado. La Constitución de la República de Paraguay, de 1992, garantiza en su artículo 24 que “ninguna confesión tendrá carácter oficial” y que “Las relaciones del Estado con la iglesia católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía”; a la vez que en su artículo 82 reconoce “…el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la Nación”. En países como Ecuador y República Dominicana existen vicarías castrenses, que tienen una gran influencia. En el primero de ellos dicha institución fue creada el 3 de agosto de 1978 en virtud del Acuerdo entre la República del Ecuador y la Santa Sede sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El 12 de agosto de 1982, la Cámara Nacional de Representantes aprobó el Acuerdo con ciertas puntualizaciones acordadas el 6 de julio de ese año entre ambos gobiernos. Según el mismo, el vicario castrense será nombrado por la Santa Sede, previo acuerdo con el gobierno del Ecuador (artículo tres), y tratará directamente con el Ministro de la Defensa Nacional (artículo cuatro), reclutará su clero entre los sacerdotes diocesanos o religiosos debidamente autorizados por sus obispos o superiores (artículo cinco), además (artículo séptimo): “La Jurisdicción del Vicario Castrense y de los Capellanes es personal y se extiende a los miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía en servicio activo, incluyendo los auxiliares y empleados, sus familiares y sus domésticos, que convivan con ellos en los establecimientos militares. …” En otros casos, como el de la constitución de Brasil, en su artículo quinto, se asegura “en los términos de la ley, la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de internamiento colectivo”. Muchos países de América Latina admiten la educación religiosa tanto en la esfera pública como privada, pero con condiciones para salvaguardar la libertad de conciencia.
Pese a este persistente predominio del catolicismo en las leyes de América Latina, hay en ellas un avance incontestable en contra de las pretensiones teocráticas, que es el reconocimiento en todos los países de la libertad de cultos, que marca el fin de la pretensión, que n el siglo XX mantuvieron ideólogos conservadores, de anular la tolerancia religiosa e implantar el catolicismo como única religión permitida.
Los intentos de suprimir o restringir la educación religiosa, en países como Venezuela y Bolivia han sido fruto del surgimiento de vigorosas corrientes de izquierda en la región y han enfrentado la férrea oposición del clero y de sus aliados del empresariado, quienes para impedir esas reformas recurren lo mismo a campañas difamatorias que a medidas de presión.
Asimismo, el laicismo vigente en los tres casos mencionados está amenazado por maniobras derechistas que incluyen la aprobación de leyes impopulares y el nombramiento de funcionarios afines a la jerarquía, así como las expectativas de una restauración teocrática.
En México, a partir del gobierno de Carlos Salinas, mediante acuerdos copulares entre el gobierno y la jerarquía se establecieron reformas constitucionales en beneficio del clero, para hacer posible el reconocimiento jurídico de las iglesias, que no estaba contemplado anteriormente, la educación religiosa en los establecimientos privados y la reanudación de las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Durante su campaña electoral, Vicente Fox ofreció al clero nuevas reformas jurídicas para homologar la legislación mexicana a la de otros países de América, pero tropezaron con la desaprobación casi universal del pueblo de México, que se ha mostrado mayoritariamente deseoso de preservar el estado laico.
Con la validación de los comicios de 2006, la derecha mexicana, con el apoyo del gobierno de Bush, inició ostensiblemente una nueva etapa de vieja estrategia de hacer valer la fuerza bruta y la compra de conciencias por encima de los derechos democráticos.
Desde luego, una de las prioridades del PAN, partido nacido de la lucha del clero y del empresariado contra los aspectos progresistas de los gobiernos mexicanos, ha sido la destrucción del estado laico, para lo cual legisladores de ese partido promueven iniciativas tendientes a introducir en la constitución la “Libertad religiosa” como argumento para justificar la intervención política e institucional del clero.
En Nicaragua, al igual que en México, el nombramiento de funcionarios conservadores, afines a la Santa Sede, a sido una de las estrategias para vulnerar el estado laico, aún antes de cambiar las leyes.
En el caso de Cuba, la restauración teocrática es uno de los anhelos de muchos grupos anticastristas, mientras que el fanatismo religioso y la irreflexiva reivindicación de instituciones como la educación religiosa es uno de los aspectos que adoptan las formas más torcidas de la inconformidad con el régimen.

Estructuras y proyectos
Si bien el conservadurismo católico mantiene en buena medida sus aspiraciones a establecer un orden teocrático, actualmente vénse estas avasalladas ante el poder del dinero y de una concepción de la vida que implícitamente anula los valores espirituales en aras del éxito material.
La alianza e incluso subordinación de los conservadores católicos a los proyectos neoliberales fue impulsada por el acercamiento del Papa Juan Pablo II con los gobiernos conservadores de EU al mando de Reagan y de los Bush.
Desde luego, esa alianza no rige en los niveles de base, donde prosigue el viejo conflicto por las conciencias, entre un catolicismo alejado casi siempre de sus fieles y algunas corrientes cristianas que les ofrecen intervenir en sus vidas personales para adaptarlos a las necesidades del mundo capitalista.
Los proyectos neoliberales que unen a católicos y protestantes conservadores incluyen: la oposición a las nuevas corrientes de la izquierda en América Latina, que en 2006 se materializaron en feroces campañas de linchamiento contra Ollanta Humala y Andrés Manuel López Obrador, en Perú y México, respectivamente. Es un objetivo que une a los partidos de raíz católica agrupados en la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, donde ocupan un lugar importante fuerzas como el anticastrismo, el antichavismo, la derecha peruana y mexicana.
Contemplan también promover los intereses empresariales dándole todo tipo de privilegios a ese sector a la vez que eliminando las conquistas de los trabajadores, alentar las privatizaciones, incluso de recursos fundamentales como el Petróleo, y eliminar el gasto público en proyectos de beneficio social, con el argumento meramente sofístico de que se trata de medidas “populistas”.
Uno de los principales proyectos de la nueva derecha, predominantemente empresarial es la llamada ideología de la inseguridad, que coloca la delincuencia contra la propiedad y la vida de los empresarios: secuestros y robos de gran envergadura, como la principal prioridad de los gobiernos. Con ello se persigue instaurar estados policíacos, perseguir mediante pretextos legalistas a los pobres y a los enemigos del sistema (con el estilo que instauró Giuliani en Nueva York en la década pasada) así como proteger los grandes capitales y fortunas personales con los recursos del gobierno.
Para impulsar todos esos proyectos, desde las privatizaciones hasta la llamada “tolerancia cero”, han surgido los llamados think tanks neoliberales que fungen como oficiosos asesores y propagandistas de los gobiernos derechistas también apoyados en muchos países por la jerarquía católica.
Se produce, así, el contrasentido de ver cómo esos interesados propagandistas han logrado con ayuda de algunos medios de comunicación masivos organizar en algunos países manifestaciones públicas “contra la inseguridad” donde los viejos militantes caólicos enarbolan pancartas que proclaman la “necesidad” de instaurar la pena de muerte contra secuestradores y otros delincuentes o hacen alarde de su desprecio hacia los pobres y marginados, en franca contradicción con el espíritu del cristianismo.
En el trasfondo de esas manifestaciones y proyectos, hay una concepción del ser humano que niega su trascendencia y rechaza el valor de la cultura y de las humanidades reconociendo como único bien de la vida la prosperidad material.
Esos nuevos valores del neoliberalismo se expresan cotidianamente lo mismo que en la vida política en consignas más básicas que difunden ampliamente muchos medios de comunicación y que paradójicamente tienen implícitamente el apoyo del clero conservador.
Uno de ellos es el desdén por la cultura humanística, especialmente por la historia y la filosofía, y por la creación artística. En el mundo neoliberal, esas disciplinas tienen valor sólo en la medida y en los pocos casos en que producen beneficios económicos significativos. Incluso, en la nueva imaginación colectiva, la inteligencia ya no está señalada por la creación de obras intelectuales con valor intrínseco, en el ejercicio de la lectura y la escritura, etc., sino sólo en la capacidad de lucrar, que puede suponer cierta capacidad matemática, y de ascender socialmente.
Otra de esas consignas cotidianas del neoliberalismo es la idealización de la juventud en detrimento de la vejez, pues esta es ante todo etapa de reflexión y conocimiento sobre lo vivido, frente a la actividad irreflexiva y frenética de la primera. Así, neoliberales y católicos conservadores promueven el ascenso de gobiernos que entre sus planes contemplan la eliminación de ayudas sociales para los pobres y los ancianos a fin de beneficiar sólo a los más ricos, haciendo incluso de la filantropía un negocio lucrativo, al estilo de pastores protestantes que en Estados Unidos recaudan dinero sin ofrecer nunca otro beneficio que el de la propagación del fanatismo.
En suma, conservadores católicos y neoliberales radicales avanzan hoy de la mano en la empresa común de hacer prevalecer los intereses de los menos sobre el bienestar de los más.


Posted by Edgar González Ruiz to La guarida del nagual at 10/08/2006 02:43:00 AM