Nuevo Constituyente: refundar o refundir

 
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Los resultados electorales del pasado 2 de julio y proceso político que siguió le siguió hacen necesarias modificaciones en los procedimientos y en el régimen de gobierno, situación que ha sido expresada en diversas mesas de análisis y por los actores políticos involucrados, incluido el Presidente Electo, Felipe Calderón, así como legisladores del Congreso de la Unión.

Refundar a México desde abajo es, según las palabras del ex candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, la intención de Convención Nacional Democrática (CND), con base en el artículo 39 constitucional, que se refiere a la soberanía nacional:

“Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, sentencia el precepto constitucional que sirvió como base para que la CND proponga los caminos hacia la refrendación del país en dos posibles vías: la reforma o la creación de un Congreso Constituyente.

Lo cierto es que la posibilidad de un constituyente en México, emanado de los resolutivos tomados en la CND, ha sido tomado a la ligera por quienes expresan la necesidad de refundar al país, pues no se trata de un asunto menor sino de una decisión que involucra a los tres elementos que la Ciencia Política establece como conformadores de un Estado: población, territorio y gobierno.

De una parte, la creación de un Congreso Constituyente, supone además un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas, en consenso para determinar la forma de gobierno, el modelo económico y la relación entre la federación que conforma al país.

Por la otra, la Reforma del Estado –que ha sido bandera de muchos grupos a comienzos del sexenio– tiene una diferencia significativa: involucra gran cantidad de temas que pertenecen a los ámbitos de política económica, política social, administración pública, política electoral, la naturaleza del Estado, etcétera, pero acotado dentro de los límites y alcances jurídicos dentro de la propia forma de gobierno.

López Obrador ha planteado la necesidad de plantear una “nueva República” con el establecimiento de cuatro condiciones básicas: nueva economía, nueva forma de hacer política, nueva convivencia social y nueva legalidad; sin embargo, esos cuatro elementos no alcanzan, junto con las condiciones políticas del país, para la creación de un Constituyente, pues para empezar habría que encontrar acuerdos para definir una forma de gobierno.

Si cruzamos algunas de las necesidades esenciales de los elementos que conforman el Estado Mexicano –gobierno, territorio y población– encontraremos que el primer factor es determinar la forma de gobierno. Durante el siglo XIX, las guerras intestinas para definirla causaron miles de muertos en el país y una inestabilidad política que no quedó resuelta hasta la dictadura de Porfirio Díaz.

En México hemos transitado de ser una colonia española, regida por un virrey, una República Federal, una República Centralista, un Imperio –que devino guerra de interveción–, las dictaduras de Antonio López de Santana, de Porfirio Díaz y una breve de Victoriano Huerta que terminó con la creación del régimen presidencialista, que ha regido hasta la fecha al país.

En la llamada transición democrática, los aspectos formales en la constitución del régimen de gobierno –tres poderes, sistema de partidos, elecciones competitivas, etcétera– que le dan sustento al régimen presidencial, han quedado rebasados por la fuerza del Congreso y la división en su seno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó recientemente una propuesta de reforma al sistema judicial, situación que se enmarca en idea de reformar los aspectos formales de la democracia mexicana. Felipe Calderón mencionó también la necesidad de hacer reformas al sistema electoral y Diego Valadés, director de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha propuesto la figura de un Jefe de Gabinete para mediar con el Congreso de la Unión, entre otros elementos.

Un ajuste radical, que los estudiosos del tema ven como poco probable en este momento, es transitar hacia el régimen parlamentario basado en un parlamento soberano de donde surge el equipo gobernante. El sistema funciona gracias a la colaboración de los tres poderes.

En el ideal, el Legislativo y el Ejecutivo desarrollan una actividad más dinámica, mientras el Poder Judicial permanece ajeno al quehacer político, limita su actuación a dirimir los conflictos y aplicar e interpretar las normas, con lo que se evita la judicialización de la política. La esencia del régimen parlamentario radica en el modo como están establecidas las relaciones entre esos poderes.

La población, segundo elemento del Estado, ha solicitado autonomía en su forma de organización social. En su momento, las cinco Juntas de Buen Gobierno creadas en Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) abrieron la polémica sobre su legalidad o si constituyen un cuarto nivel de gobierno.

La intención de su creación fue abrir la sicusión en torno a los ámbitos y las jurisdicciones para desarrollar nuevas instituciones y sistemas políticos. En ese sentido, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), que en los hechos se ha convertido en un mecanismo de toma de decisiones en la entidad, ha manejado el concepto del poder popular para erigirse incluso en una suerte de gobierno autónomo. Habrá que ver si la CND plantea una propuesta formal para la creación de una Asamblea Gobernante o un Gobierno Autónomo.

Por su parte, la reportera Nancy Davies informa que la APPO se declaró como cuerpo de gobierno de Oaxaca el 5 de julio. “Durante una marcha de estudiantes en que participaron miles de personas, la Asamblea convocó a representantes de las regiones estatales y municipales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, cooperativas y padres de familia para decidir los próximos pasos”. Cabe recordar que el gobernador en caída libre Ulises Ruiz convirtió el palacio de gobierno en museo y se replegó a los suburbios. El 5 de julio, la APPO reabrió el palacio simbólicamente para dar lugar al “gobierno del pueblo”.

El proceso oaxaqueño es complejo. Los maestros decidieron reanudar clases para cancelar el ciclo escolar e interpelar a sus comunidades, enmedio de las protestas postelectorales y tras negociaciones que no todos ven con confianza. Según Davies, “la intención de la appo es instalar una Asamblea General de Ciudadanos como principal autoridad de Oaxaca, preparando un plan de desarrollo municipal, estatal y
nacional, con honestidad y ética de servicio”.

La destitución del gobernador sigue siendo la demanda que unifica la lucha. “Con la rebelión en manos de la appo, corresponde a los abogados imaginar qué recursos legales son factibles para destituir a Ruiz como parte de las nuevas resposabilidades que implica la lucha de las organizaciones sociales y no gubernamentales. El establecimiento del Gobierno Popular del Estado de Oaxaca es un intento de revitalizar y ampliar la histórica forma de gobierno familiar que es parte de lo que se denomina usos y costumbres, y está reconocida como legítima en la Constitución estatal.

“Los usos y costumbres no reconocen partidos políticos. La APPO aspira a expandir la tradicional idea de asambleas generales de ciudadanos.La idea de gobernar por consenso permanece como parte de la herencia cultural común. La appo incluye a representantes de otros grupos, más las autoridades municipales, delegados regionales, organizaciones sin ánimo de lucro, sindicatos, grupos sociales”.

Pero fenómenos como la globalización y la migración, colocan al Estado Mexicano en una situación que le obliga a modificar a sus elementos en otro sentidos, pues como en un seminario reciente organizado por el Colegio de México, apuntaba Silvia Gómez Tagle, la población migrante se encuentra fuera de los límites territoriales del Estado Mexicano, situación que obliga a repensar en sus componentes más allá de los esquemas convencionales.

El voto de los mexicanos en el extranjero no fue suficiente para garantiazarles una participación política. Las manifestaciones en varios estados de la Unión Americana dieron cuenta de las necesidades de los grupos migratorios que no pudieron ser resueltas por el gobierno mexicano. Aunado a ello, la política antiterrorista estadunidense deja en la indefensión a los mexicanos en el vecino
país. Ante esta situación es necesario repensar si una nueva forma de gobierno tendría que incluir al bloque comercia México-Estados Unidos-Canadá o si es necesaria la reforma migratoria.

Finalmente, un Constituyente tendría que tomar en cuenta al territorio, tercer elemento constitutivo del Estado, a sus recursos naturales y a las condiciones de su explotación como la agricultura, la extracción de energéticos, para garantizar condiciones de supervivencia de la federación y del propio Estado.

Ante esta circunstancia, la propuesta López obradorista, más allá de contener todos los elementos necesarios para la refrendación del país, se remite a factores puntuales en una retrasada reforma del Estado. La CND puede ser, más que una forma de legitimar a López Obrador como un dirigente fuerte ante el gobierno federal y ante su propio partido, el catalizador de una discusión fondo de las reformas al interior del
sistema político.

Durante el sexenio de José López Portillo ocurrió la primera gran Reforma del Estado, etiquetada en dos grandes rubros: la Reforma Política, que abrió el camino a la competencia política particularmente por el lado de la izquierda, y la Reforma
Administrativa, que supuso controles y supervisiones al aparato burocrático, con la finalidad de hacerlo eficiente.

Con la llegada de Miguel de La Madrid al gobierno, se plantea una nueva estrategia económica, orientada a lograr, en lo inmediato, el reordenamiento de una economía devastada y, a mediano y largo plazo, la necesidad de lograr un cambio estructural. Asimismo, se puso en marcha la reestructuración de la Administración Pública Federal y actuar bajo el principio de rectoría del estado dentro del régimen de economía mixta que establece la Constitución.

En los años posteriores, se impulsó la simplificación administrativa, buscando agilizar trámites y dar servicios más eficaces a la ciudadanía. Así pues, desde su toma de posesión, Carlos Salinas anunció la necesidad de llevar a cabo la Reforma del Estado, modificando sus relaciones con la sociedad y con el ciudadano.

El ejercicio democrático de la autoridad, el aliento a la participación y organización popular en los programas sociales, la privatización de las empresas públicas no estratégicas, dando a los obreros participación en su propiedad y canalizando el producto de su venta a programas sociales, entre otras fueron las reformas desarrolladas por el priista.

La reforma política cuenta con tres niveles que involucran el proceso de gobierno o gestión pública, el régimen político o de la política misma y la Constitución Política del Estado, que suponen la puesta en marcha de reformas a nivel político y administrativo. De ahí que las propuestas de López Obrador –nueva economía, nueva forma de hacer política, nueva convivencia social y nueva legalidad– forman más bien
parte de la Reforma de Estado, promovida en el sexenio foxista por Prfirio Muñoz Ledo, para refundar al país, que la discusión seria de un nuevo constituyente.


Posted by nagualito to La guarida del nagual at 9/25/2006 11:17:00 AM