No es lo mismo 1985, que veinte años después…

 
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Que veinte años no es nada, dice la canción, que le pregunten a las familias de damnificados que año con año son visitadas por los representantes de los medios de información en el aniversario de aquel suceso.
Esa mañana el dolor y la tragedia convivieron con los ciudadanos, que solidarios se unieron para rescatar a las familias atrapadas entre bloques de cemento y fierros retorcidos.
Pero el sismo de 8.1 grados en la escala Richter, ocurrido del 19 de septiembre de 1985, sirvió como paradigma en la movilización y la organización de las masas urbanas del Distrito Federal, ante el colapso de las autoridades.
La ciudad ensangrentada y polvosa no había vivido una tragedia similar, quizá desde tiempos de la Revolución, pero ese día no fueron balas sino la mala calidad de las viviendas, la que ocasionó un luto difícil de olvidar.

Los niños que en esa época eran bebés hoy son adultos, algunos desdoblados en los campamentos de la Unión de Vecinos y Damnificados (UVyD), donde habitan afectados de segunda y tercera generación.
México contaba entonces con más de 75 millones de habitantes, Miguel de la Madrid estaba en el tercer año de un sexenio que modificaba la lógica política tradicional y los capitalinos desenterraban sus recuerdos en el escombro que dejaron unos cuantos segundos el día en que la tierra se movió.
Poco a poco la ciudad se fue recuperando y adquirió un nuevo rostro. Movimientos sociales, organizaciones vecinales, protección civil, fueron conceptos que los ciudadanos aprendieron a fuerza de exigir sus derechos.
Entre el recuerdo de aquella catástrofe y el anhelo de la tan esperada vivienda, las familias de la calle Doctor Márquez reciben a los medios y a los políticos, que cada año los entrevistan y les prometen que pronto tendrán un lugar digno donde vivir.

A 20 años de los sismos de 1985 muchas cosas siguen igual

Con una reconstrucción inacabada, el riesgo de un nuevo colapso y una ciudadanía que lejos de renunciar a sus derechos los reclama, los integrantes de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre (UVyD) conmemoran la trágica fecha en que miles de personas perecieron bajo el cemento de construcciones mal edificadas.
Al hacer un balance de la situación de la ciudad de México a 19 años de aquella catástrofe, Alejandro Varas Orozco, dirigente de esa organización afirma: “estamos peor que en 1985”.
Y es que para algunas familias que resultaron damnificadas durante el terremoto de aquel año, la situación no ha cambiado en gran medida; a 19 años de distancia viven en campamentos de lámina, hacinadas y con la esperanza .
DIARIO MONITOR visitó los campamentos de Doctor Márquez, con 24 familias, y de Zacatecas número 6, con 12 familias, donde los damnificados por los sismos 1985 señalaron que siguen en espera de que el gobierno del Distrito Federal cumpla con el convenio que firmaron en el que se comprometía a entregarles viviendas de interés social.
Isabel Hernández llegó a los 14 años al campamento. Entre las paredes exteriores de una primaria y de un galerón semiabandonado han nacido sus tres hijos. Comenta que a su mamá le entregaron su departamento a mediados de los noventa, pero como ella formó a su familia en el campamento también espera a que le entreguen su vivienda.
“Hay varios desdoblados, que somos hijos de los jefes de familia que resultaron damnificados; es decir, por la negligencia de las autoridades que dejaron pasar mucho tiempo en la entrega de las casas, los hijos de los primeros damnificados ahora también son familias que esperan un lugar donde vivir dignamente”.
Señala que la zona es peligrosa, pues se encuentra entre el Centro Médico Siglo XXI y el mercado Morelia, en la colindancia con la colonia Buenos Aires e indica que a espaldas del campamento suelen agruparse grupos de jóvenes a drogarse y a delinquir.
Ante esta situación, explica, la UVyD ha solicitado el apoyo de las diversas autoridades de la ciudad. La última promesa se las hizo el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció reubicarlos en la medida de lo posible.
Guadalupe Saavedra llegó al campamento un año después de los sismos. “En este campamento han nacido mis hijos y seguimos esperando que nos den nuestras casas”, comenta.
En la barraca con suelo de asfalto y apolilladas estructuras de madera, la mujer señala sonriente que muchos de sus vecinos prefieren irse a vivir con sus familiares en las fechas cercanas al aniversario del terremoto, “pues cada año los buscan los reporteros para entrevistarlos, pero luego no regresan hasta el año entrante, lo mismo pasa con los políticos. Cada año vienen, nos prometen que nos van a ayudar y luego se olvidan de nosotros”, comenta.
Un cachorro amarrado a las letrinas cubiertas por láminas juguetea, mientras unos pequeños corretean por el lugar, mientras la más pequeña con ojos esmeralda y rizos desaliñados indica que su mamá no está, pero que no debe tardar.
Enfrente están los lavaderos colectivos, dice Guadalupe que a veces hay problemas porque las vecinas quieren ocuparlos, lo mismo que los tendederos, pero como están ocupados se molestan, pero se tienen que aguantar.
Lo que fuera una calle para el tránsito de vehículos, es ocupado por el campamento cercado con malla ciclónica. Pero los vecinos pagan su luz y tienen sus medidores, incluso, les han sido instalados teléfonos de tarjeta que son para uso colectivo.
Un situación similar se vive en el predio de Zacatecas número 6, donde las familias tienen una cocina colectiva y baños que están separados por género. Ahí el ambiente es menos pesado, pues se encuentra a espaldas de una iglesia y al lado de unas oficinas de la Procuraduría Social; sin embargo, el problema que enfrentan los vecinos de en ese campamento es de tipo legal: el dueño murió intestado y ahora no pueden construir hasta que se solucione el problema con los herederos.

La vivienda un problema constante

Alejandro Varas comentó que el Instituto de Vivienda del DF (Invi) ha prometido, a las 80 familias en esta situación, canalizarlos hacia otros proyectos de las delegaciones centrales; sin embargo, indican que los costos se han elevado desde que el jefe de gobierno expidió el bando que prohibe la construcción de edificios en delegaciones periféricas.
Recientemente, López Obrados indicó en una reunión con arquitectos que las cuatro delegaciones del centro: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo perdieron de los años setenta a la fecha alrededor de un millón 200 mil habitantes y crecieron demasiado las delegaciones del sur y del oriente, entonces había que orientar el crecimiento poblacional.
Sin embargo, el dirigente de la UVyD comenta que este tipo de medidas que eran para repoblar y contener el crecimiento de la ciudad, no han tenido los resultados esperados, “en el gobierno de López Obrador hay más de 600 invasiones a zonas de reserva ecológica”.
“El bando dos genera vivienda para los sectores altos o medio altos, pero estamos a punto de tener crisis en colonias como Del Valle, porque el impacto es tal porque están por hacer crack los servicios de agua o de drenaje”, explica.
Con toda esta normatividad, señala, que comenzó desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, lo único que se genera es discrecionalidad, trabas burocráticas y corrupción. “Hay muchas restricciones para las organizaciones. Las asociaciones que participan en el Invi son propiedad de dos o tres personas que son propiedad algunas personas como la Asamblea de Barrios”.
Acusa que hay dirigentes que manejan en promedio de 2 mil acciones de vivienda, lo que significa la cuarta parte de la inversión del instituto, cuando la meta de construcciones para este año del instituto es de 12 mil construcciones, “es algo escandaloso”.
Varas Orozco hizo la denuncia que en el Invi se contratan los servicios de constructoras sin licitaciones de por medio y que los beneficiarios de créditos de ese organismos quedan a expensas de las constructoras cuando se detectan fallas en las construcciones que realizan.
“La cosa más aberrante que pasó, fue que la directora del Invi en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, Elena Solís, tenía el 70 por ciento de las obras asignadas a la empresa de su esposo”.
A su vez, Germán Huerta Aldana, del Frente de Pueblo señala que en el Invi concesionan la construcción de viviendas cuatro o cinco empresas, como KAP o Elogim – que por sus malos trabajos le fue retirado el registro – que en algunos casos pertenecen a las mismas personas que participaron como funcionarios o gestores de vivienda.
Derivado de las mala calidad en las construcciones se pone en riesgo muchas vidas, pues en un eventual terremoto como el de 1985 se pueden venir abajo construcciones que no cumplen con los requerimientos para resistir un fenómeno natural de esa magnitud.
“Con este tipo de edificios creemos que va haber problemas serios en este tipo de edificios de seis niveles, con aplicación de la Norma 26”, explica.

1985, paradigma de la participación ciudadana

Alejandro Varas indica que existen dos grandes deudas que las autoridades tienen con la sociedad y son la reconstrucción total de la ciudad, con el desarrollo integral de los planes de vivienda, así como la reforma política del Distrito Federal.
Sostiene que es importante ampliar los derechos democráticos a organizaciones civiles y agrupaciones políticas con objeto de que se puedan convertir en partidos políticos locales.
Asegura que es importante que la gente participe mediante comités ciudadanos en donde tengan la oportunidad de solucionar problemas relacionados con su comunidad, pero sin la intervención de los partidos políticos.
Puso como ejemplo los casos de los vecinos de la delegación Benito Juárez y de otras colonias que se han pronunciado respecto de temas como la seguridad y la vivienda, por ello dijo es importante escuchar la voz de la sociedad.
Varas Orozco recuerda que el sismo de 1985, fue el parteaguas de la movilización y la organización de las masas urbanas del Distrito Federal, con el apoyo de medios de información como la radio que dieron voz a los demandas ciudadanas.
Por ello, sostiene que la gente opina y su opinión tiene un peso importante y en ese sentido la creación de instancia locales de participación pueden ser un mecanismo importante para canalizar esas demandas.
“El gran problema no es sólo una política desarrollo urbana coherente, que eso es necesaria; sino la atención a las demandas ciudadana legítimas que sean planteadas por los canales correspondientes”, agrega.
Los activistas anunciaron que constituirán el “Comité 20 años de los sismos” con el que pretenden revivir el debate sobre estos temas con el fin de lograr el reconocimiento de las autoridades.
Y quizá en el recuerdo de esa pequeña que abre la puerta del campamento de lámina, algún día concurra la añoranza de esa calle y repita con un poco de nostalgia: veinte años no es nada.

(Publicada en Diario Monitor, 19 y 20 de septiembre de 2004)

Publicado por Sr. nagual el lunes, enero 30, 2006