¿Es la Constitución inviolable?

 
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¡Gracias!

Miguel González Madrid*

Nuestro país va de un escándalo a otro. Ahora tenemos el relacionado con los sueldos de los servidores públicos de alto nivel en los órganos de poder y en los organismos públicos autónomos.

La doctrina jurídica sostiene que toda Constitución en un Estado democrático, constitucional y de derecho, es la norma fundamental y, conforme a ella, se validan o no los actos de autoridad y las normas generales ordinarias. A su vez, toda Constitución, como es el caso de la Constitución mexicana, establece un principio de inviolabilidad de la misma, lo cual fundamenta en general el sistema de medios de control de la constitucionalidad. Las diversas bases o cláusulas generales, los principios y los valores contenidos en una Constitución, por tanto, se deben hacer respetar, y la última instancia para hacerlo es el órgano de control constitucional que ahí mismo se previene.

Para todos los mexicanos hubiera sido interesante saber qué hubiera resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en última instancia, por la vía a la que hubieren recurrido los consejeros electorales del Consejo General del IFE en caso de que éstos hubieran confirmado el acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el cual se actualizaban las percepciones económicas del personal de ese Instituto, incluidos los integrantes del Consejo General. Los partidos, sus dirigentes y los grupos parlamentarios han puesto el grito en el cielo desde el martes 24 de los corrientes, y terminaron escandalizados por tal determinación, a la que ya se ha dado marcha atrás. Se desgarraron las vestiduras, amenazaron con incendiar la tribuna y se autoproclamaron celosos vigilantes del orden jurídico nacional.

Señores Diputados y Senadores: Ustedes aprobaron reformas constitucionales en materia electoral en 2007, y entre los artículos reformados se encuentra el 41, donde, por cierto, se encuentra el fundamento de la llamada homologación de las percepciones de los consejeros electorales del Consejo General del IFE con las de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saben, además, que los derechos y las prerrogativas constitucionales son irrenunciables, ¿por qué, entonces, piden que se renuncie a lo que la misma Constitución Política establece? Ahora es este caso, ¿y si fuera otro en tratándose de derechos fundamentales o de prerrogativas de partidos o de servidores públicos?

Si es escandaloso el monto de percepciones de los Consejeros Electorales (de 174 mil pesos iba a incrementar a 333 mil pesos), del mismo modo que de los legisladores federales y, tal vez en grado mayor, el de los Ministros (en promedio mensual ganan 450 mil pesos netos), porque en este país millones de mexicanos apenas si consiguen día con día unos cuantos pesos para medio comer y sobrevivir, pues reformen otra vez la Constitución, ¡pero ya! Porque el monto de percepciones de los señores Ministros no sólo es escandaloso, sino además ofensivo.

Este país, lamentablemente, sigue en manos de señores feudales. La guerra entre feudos -y entre feudos y capos- lo ha hundido en una crisis política y moral. Tan triste es que quienes tienen poder para reorganizar el país o para remediar una serie de males, desde hace tiempo, sólo se limiten a poner el grito en el cielo y a poner en riesgo la autonomía de un organismo con esa atribución constitucional.

Si los consejeros electorales tuvieron que dar marcha atrás (miércoles 26 de febrero) en su determinación original, de una manera razonable, pero en demérito de la propia observancia de lo que establece la Constitución Política, ¡qué no querrán los diputados, senadores y demás miembros de la clase política que hagamos los demás mexicanos a fin de renunciar a nuestros derechos fundamentales, incluidos los de mejores condiciones de vida social y, en particular, el de contar con un empleo más o menos digno! Bueno, es mucho decir, porque millones de mexicanos ya ni siquiera pueden renunciar a algo de lo que han carecido toda su vida.

(Cartones de Heguera y de Rocha)

  • Miguel González Madrid es académico de la UAM y especialista en temas electorales.